Por Enrico Colombres.

“La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan”. 

Rodolfo Walsh.

Hay promesas que deberían presentarse con antecedentes penales. No porque proponer una política económica constituya un delito, sino porque resulta asombrosa la facilidad con que ciertas recetas regresan a la conversación pública después de haber dejado sociedades endeudadas, trabajadores empobrecidos y derechos convertidos en gastos prescindibles.

Vuelven con otro nombre, otro candidato y mejores herramientas de publicidad. Donde antes había una cadena nacional, ahora hay un video de treinta segundos. La explicación, sin embargo, conserva su estructura. El Estado estorba, los derechos cuestan demasiado, los empresarios necesitan menos límites y el pueblo debe hacer un esfuerzo. Después vendrá la recompensa.

El problema es ese después. Hay generaciones enteras que murieron esperándolo.

¿Cómo consiguen las derechas renovar una confianza que tantas veces terminó en frustración? ¿Por qué una sociedad golpeada vuelve a escuchar como novedad lo que sus padres ya conocieron como desastre?

Responder exige algo más que indignación. Las derechas no forman un bloque idéntico, las crisis tienen causas múltiples y ninguna tradición política posee el monopolio de la buena administración. Hay gobiernos conservadores que ampliaron protecciones sociales y gobiernos de origen popular que ejecutaron programas favorables a la concentración económica. La historia se vuelve inútil cuando la obligamos a comportarse como un folleto partidario.

Pero reconocer esas diferencias permite identificar con mayor precisión una insistencia. La pretensión de que el interés privado, liberado de controles suficientes, terminará produciendo bienestar colectivo por su propia dinámica.

En esa promesa se confunden dos cosas distintas. La capacidad de crear riqueza y la voluntad de distribuirla.

Un mercado puede coordinar actividades, estimular inversiones y favorecer innovaciones. Nada de eso garantiza que un niño reciba alimentación adecuada, que un jubilado pueda comprar sus medicamentos o que una persona con discapacidad acceda a los apoyos que necesita. La rentabilidad no tiene una obligación moral incorporada. Si proteger a alguien no resulta lucrativo, hace falta una decisión pública que asegure esa protección.

Esperar justicia social de la autorregulación se parece a dejar a un bebé sin su madre ni ninguna otra persona que lo cuide y confiar en que la necesidad organizará su supervivencia. El hambre no produce leche. La vulnerabilidad no fabrica amparo. Hay necesidades que, abandonadas a su suerte, terminan en una muerte perfectamente evitable.

La historia económica ofrece demasiadas advertencias como para seguir llamándolas excepciones.

En Estados Unidos, Herbert Hoover llegó a la presidencia en 1929 y quedó asociado al derrumbe que abrió la Gran Depresión. No fue su único responsable. La fragilidad bancaria, el endeudamiento, el patrón oro y los errores monetarios agravaron una catástrofe internacional. Su gobierno también intervino, aunque sin conseguir contenerla. Perdió las elecciones de 1932 y Franklin D. Roosevelt asumió en 1933, impulsando reformas y mecanismos de protección que reconocían una evidencia dolorosamente adquirida. La confianza necesitaba instituciones. No bastaba con pedirle a la población que creyera.

En 2008, durante la presidencia de George W. Bush, el sistema financiero volvió a demostrar hasta dónde podía llevar la combinación de negocios opacos, riesgos excesivos y controles insuficientes. Las responsabilidades atravesaban gobiernos de ambos partidos. Pero cuando el desastre amenazó con arrastrarlo todo, la intervención estatal se volvió indispensable. Barack Obama asumió en 2009 y promovió nuevas regulaciones.

La escena merece detenerse un momento. Durante la expansión, las ganancias se presentaban como premio al talento privado. Durante el derrumbe, contener las pérdidas pasó a ser una responsabilidad colectiva. Para las familias que perdieron su vivienda, esa distinción llegó demasiado tarde.

La Argentina conoce esa historia con nombres propios.

La dictadura iniciada en 1976 impuso una transformación económica que favoreció la valorización financiera y castigó sectores productivos, mientras el terrorismo de Estado destruía vidas y organizaciones. José Alfredo Martínez de Hoz condujo aquella política económica hasta 1981. Llegaron la crisis bancaria de 1980, las dificultades externas de 1981 y la crisis de deuda desde 1982.

El régimen terminó en 1983, atravesado por sus crímenes, la resistencia democrática y la derrota de Malvinas. Su final no puede reducirse a la economía, pero tampoco puede escribirse su historia económica como si la represión hubiera sido un detalle ajeno al programa. Quitar capacidad de resistencia también modifica quién puede imponer las condiciones de un reparto.

Con Carlos Menem, presidente entre 1989 y 1999, las privatizaciones y la apertura avanzaron desde un partido de tradición popular. Ese dato incomoda a quienes prefieren reconocer políticas por sus símbolos. Una marcha partidaria no modifica los efectos de una decisión económica.

La convertibilidad, establecida en 1991, frenó inicialmente una inflación que había devastado la vida cotidiana. Ese alivio explica parte importante del respaldo social. Después se acumularon rigideces, endeudamiento y dificultades para sostener el régimen.

Fernando de la Rúa asumió en 1999 y conservó su estructura. En diciembre de 2001 llegaron el corralito, la protesta, la represión y la renuncia presidencial. La convertibilidad terminó en enero de 2002. La alternancia había cambiado los nombres antes de cambiar las condiciones que empujaban hacia el desenlace.

Mauricio Macri gobernó entre 2015 y 2019 con la promesa de recuperar inversiones y confianza. La crisis cambiaria de 2018 desembocó en el regreso al Fondo Monetario Internacional. Terminó su mandato y perdió las elecciones. No hubo una interrupción institucional, pero sí una derrota política después de un programa que no produjo los resultados prometidos.

El gobierno de Alberto Fernández tampoco consiguió ofrecer una salida duradera. Su deterioro económico y político contribuyó al triunfo de Javier Milei en 2023. Conviene mirar esa secuencia sin comodidad partidaria. Las derechas también regresan cuando quienes prometieron protección dejan inflación, frustración y una distancia insoportable entre sus discursos y la vida de sus votantes.

La decepción ayuda a explicar una elección. No vuelve infalible al elegido.

Chile aporta otra experiencia decisiva. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, la crisis de 1982 provocó una contracción económica brutal y un desempleo masivo. El Estado intervino bancos privados. La defensa del mercado encontró entonces una excepción suficientemente amplia como para rescatar instituciones financieras.

La dictadura no cayó ese año. Pinochet perdió el plebiscito de 1988 y entregó el gobierno en 1990. Distinguir los tiempos importa. Una crisis económica puede desacreditar un programa sin terminar inmediatamente con quienes lo aplican, especialmente cuando la sociedad carece de libertades para desplazarlos.

En Europa, el Reino Unido ofreció en 2022 una demostración vertiginosa. Liz Truss impulsó rebajas impositivas sin financiación suficiente y desató una turbulencia que comprometió el mercado de deuda y estrategias de fondos de pensiones. El Banco de Inglaterra debió intervenir. Truss anunció su renuncia el 20 de octubre, apenas semanas después de asumir.

La sucedió otro conservador, Rishi Sunak. La derrota de una conducción no significó todavía el final del ciclo partidario. Ese cambio llegó con la victoria laborista de 2024.

En España, Mariano Rajoy gobernó entre 2011 y 2018 y fue desplazado por una moción de censura vinculada a la corrupción de su partido. Lo reemplazó el socialista Pedro Sánchez. Tampoco allí sería serio atribuir el desenlace exclusivamente a la economía. El desgaste del poder tiene distintas puertas de entrada, aunque todas conducen a una pregunta que los gobiernos suelen postergar. Cuánto tiempo puede exigirse confianza sin rendir cuentas.

Perú expuso recientemente otra fractura. Las protestas de septiembre y octubre de 2025 contra la reforma previsional reunieron cuestionamientos a los aportes obligatorios, las restricciones sobre fondos y el funcionamiento de las administradoras privadas, junto con un malestar más amplio por la inseguridad y la representación política.

La comparación con el corralito argentino exige cuidado. En Perú se discutían reglas y disponibilidad de ahorros previsionales. En la Argentina de 2001 se restringió la extracción de efectivo de depósitos bancarios dentro de una crisis sistémica. Los mecanismos fueron diferentes. El parentesco aparece en la experiencia del ciudadano que descubre que disponer de su dinero depende de decisiones tomadas lejos de sus urgencias.

Dina Boluarte, elegida vicepresidenta en una fórmula de izquierda y posteriormente sostenida por fuerzas conservadoras, fue destituida en octubre de 2025. José Jerí, su sucesor, perdió el cargo en febrero de 2026. Las causas políticas e institucionales de esas salidas impiden presentarlas como simples colapsos económicos. Sí permiten observar cuánto puede deteriorarse una representación que sigue funcionando formalmente mientras pierde credibilidad social.

Las elecciones más recientes también pusieron límites a liderazgos que parecían instalados para siempre. En Estados Unidos, los comicios del 3 de noviembre de 2026 dieron a los demócratas la mayoría en ambas cámaras, cuyo control asumirán en enero de 2027. Trump conserva la presidencia, pero pierde el respaldo legislativo de su partido. En Israel, las elecciones del 27 de octubre dejaron al bloque de Benjamin Netanyahu con 53 de los 120 escaños, por debajo de los 61 necesarios para una mayoría. Eso no determina automáticamente su salida, aunque debilita su posición. En Hungría, Viktor Orbán reconoció su derrota el 12 de abril de 2026 después de dieciséis años en el poder. Lo venció Péter Magyar, de centroderecha. Otra precisión necesaria. El rechazo a una derecha puede beneficiar a otra y expresar un reclamo de renovación antes que un cambio completo de orientación.

Ninguno de estos resultados demuestra por sí solo el agotamiento mundial de una ideología. Muestran que el respaldo puede perderse. También que las sociedades conservan capacidad de poner límites cuando participan y las instituciones permiten hacerlo.

¿Por qué, entonces, vuelve a funcionar la promesa?

Porque el miedo ofrece respuestas rápidas. Porque la inflación consume paciencia. Porque la inseguridad hace deseable cualquier voz que prometa autoridad. Porque los errores de una dirigencia pueden volver creíble a alguien cuyo principal mérito consiste en insultarla.

El discurso de odio aprovecha esa disponibilidad. Propone un culpable reconocible para problemas difíciles. El migrante, el pobre, el sindicalista, la feminista, el docente. La bronca encuentra un destinatario cercano mientras las estructuras más poderosas quedan fuera de discusión. Dos personas que comparten la precariedad terminan enfrentadas por quién merece perder primero lo poco que conserva.

El título de esta nota toma prestado el eco de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. La comparación no supone que todo gobierno de derecha tenga un final inevitable. Apunta a algo más inquietante. Saber que existe un peligro no garantiza que alguien actúe para impedirlo. Una tragedia también se construye con advertencias desatendidas y responsabilidades que todos suponen ajenas.

Defender un Estado presente requiere exigirle capacidad, transparencia y resultados. Un hospital vaciado por corrupción también representa derechos vulnerados. El dinero público mal administrado debilita la protección social y entrega argumentos a quienes quieren desmantelarla. La presencia estatal tiene sentido cuando llega a la vida concreta de las personas.

Y esa discusión necesita ciudadanos involucrados.

Se puede ser apartidario. Se puede rechazar a los partidos existentes y trabajar para construir otros. Lo que resulta imposible es vivir fuera de las decisiones que organizan la sociedad. Una universidad, una empresa, un sindicato o un club intervienen en la distribución de oportunidades, recursos y autoridad. Una opinión también tiene una dimensión política, aunque por sí sola rara vez alcance para transformar algo.

Participar exige bastante más que expresar desagrado. Obliga a estudiar, escuchar, organizarse y aceptar que otras personas traen experiencias que nuestra certeza desconoce. Exige abrir espacios de diálogo, controlar presupuestos, reclamar explicaciones y sostener compromisos cuando ya no hay cámaras.

Hay que meterse en el barro. Allí se discuten las condiciones de la vida común, incluso mientras algunos prefieren conservar los zapatos limpios.

La próxima promesa llegará con una cara nueva. Pedirá paciencia a quienes ya no tienen margen y menos controles para quienes ya concentran poder. Podemos volver a escucharla sin memoria o empezar a exigirle respuestas antes de entregar otro cheque en blanco.

Porque el hambre no espera que una teoría admita su error.

Y los muertos no votan en la siguiente elección.