Por Enrico Colombres.

«Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria; hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez.»

Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva de La Paz (1809)

La Argentina atraviesa uno de sus periodos más antipatrióticos. La soberanía ya no se discute de frente. Se vacía lentamente. Se diluye entre tecnicismos, acuerdos reservados, marketing político y operaciones mediáticas diseñadas para que la sociedad nunca termine de comprender la dimensión real de lo que está perdiendo.

Los sobres ya no circulan solamente en oficinas entre susurros. Ahora tienen forma de financiamiento internacional, de contratos estratégicos, de acuerdos geopolíticos, de favores empresariales y de obediencia ideológica. Cambió el envoltorio, pero no la lógica. La subordinación sigue siendo la misma.

Mientras el ciudadano común sobrevive entre inflación, precarización y pérdida de derechos, las grandes corporaciones y las potencias extranjeras avanzan sobre áreas estratégicas con una velocidad alarmante. Y lo hacen con la complicidad de una dirigencia política cada vez más desconectada de cualquier idea de Nación.

La noticia del acuerdo entre la Armada Argentina y representantes del Comando Sur de Estados Unidos para el control del Atlántico Sur bajo el programa “Protecting Global Commons” debería haber provocado un escándalo nacional. Sin embargo, pasó casi en silencio.

Nos enteramos más por canales vinculados a la diplomacia estadounidense que por información oficial transparente del propio Estado argentino. Y ahí aparece la primera señal de alarma, cuando un país pierde incluso el control del relato sobre sus decisiones estratégicas, ya empezó a perder mucho más que territorio.

Porque el problema no es solamente jurídico, aunque jurídicamente sea gravísimo.

La Constitución Nacional es clara. El artículo 75 inciso 22 exige aprobación del Congreso para los tratados internacionales. El inciso 28 establece que solamente el Congreso puede autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Y la Ley 25.880 reglamenta específicamente ese procedimiento.

Sin embargo, todo parece haberse reducido a una “carta de intención” manejada entre despachos y estructuras militares, sin debate parlamentario serio, sin publicidad completa de los términos y sin participación real de la sociedad.

¿Desde cuándo la soberanía dejó de pertenecer al pueblo argentino para transformarse en una negociación administrativa?

¿Desde cuándo el Atlántico Sur es tratado como un “bien común global” y no como un espacio estratégico argentino?

Porque las palabras importan. ¡Siempre importan, pero los hechos hablan por sí solos!

“Bien común global” significa recursos globales, control global y vigilancia global. Significa que las grandes potencias ya no hablan de cooperación entre naciones soberanas, sino de administración internacional de territorios estratégicos bajo criterios definidos por los actores más poderosos del planeta.

Y mientras tanto, Argentina bajo el mando ejecutivo de turno, sigue actuando como periferia obediente.

Pero la entrega no ocurre únicamente en el plano militar o geopolítico. También ocurre en lo económico, en lo laboral y en lo cultural.

Miles de trabajadores están siendo reemplazados silenciosamente por sistemas automatizados e inteligencia artificial en empresas que utilizan el discurso de la modernización para justificar despidos masivos, reducción salarial y destrucción de puestos de trabajo. Empleados administrativos, diseñadores, operadores, periodistas, redactores, programadores junior, trabajadores de atención al cliente y hasta profesionales altamente capacitados empiezan a descubrir que para muchas corporaciones ya no son personas ni trabajadores, son costos reemplazables.

Y el problema no es la tecnología en sí misma.

La inteligencia artificial podría utilizarse para mejorar condiciones laborales, reducir jornadas, potenciar capacidades humanas y democratizar conocimiento. Pero en manos de corporaciones obsesionadas únicamente con maximizar ganancias, la IA se transforma en una herramienta de descarte social, y la variable de ajuste siempre es el ser humano.

El trabajador pierde estabilidad, el empresario gana margen, la política mira para otro lado.

Y las potencias tecnológicas concentran cada vez más poder sobre información, empleo, comunicación y conducta social.

Porque quien controla los algoritmos termina controlando mucho más que el mercado. Controla percepciones, emociones, debates públicos y hasta prioridades culturales.

La soberanía también se pierde cuando un país ya no produce tecnología propia, cuando depende absolutamente de plataformas extranjeras para comunicarse, informarse y trabajar, y cuando sus dirigentes prefieren obedecer intereses corporativos internacionales antes que defender el desarrollo nacional.

Se recortan subsidios al transporte para personas con discapacidad. Se cuestionan pensiones. Se somete a miles de argentinos vulnerables a revisiones humillantes para conservar derechos mínimos. El discurso oficial habla de eficiencia, déficit y orden fiscal, pero jamás habla del costo humano de esas decisiones.

Y en medio de este escenario, el ajuste siempre cae sobre los mismos y no sobre la casta, que, para ser realistas, ¿Cuál es el porcentaje que representa la casta? Solo con pensarlo lógicamente no dan los números, y si así fuera la pagarían en cómodas cuotas ¿ no? el pato siempre lo paga el pueblo.

Para el discapacitado hay ajuste.

Para el trabajador hay reemplazo.

Para el jubilado hay recorte.

Para las potencias extranjeras hay acuerdos.

Para las corporaciones tecnológicas hay privilegios.

Y para la dirigencia funcional al poder global hay silencio, entonces la pregunta ya no es solamente política.

Es moral.

¿Cuánto más está dispuesta a tolerar esta sociedad? ¿Cuánto más vamos a aceptar que la soberanía se entregue en cuotas mientras nos entretienen con discusiones vacías?

¿Cuánto más vamos a naturalizar que las decisiones estratégicas se tomen fuera del Congreso, fuera del debate público y muchas veces fuera del propio país?

Porque las “relaciones carnales” nunca desaparecieron. Solamente cambiaron de formato. Antes eran discursos diplomáticos explícitos. Hoy son acuerdos militares discretos, dependencia financiera, obediencia tecnológica y voluntades compradas por intereses multinacionales.

Y quizás lo más preocupante sea que gran parte de la sociedad ya ni siquiera reacciona.

O sino miren al país hermano de Boliva.

La anestesia colectiva en este pais es el triunfo más grande del poder, un pueblo cansado deja de resistir, un pueblo precarizado deja de discutir, un pueblo dividido deja de defenderse.

Y un pueblo resignado termina entregando hasta aquello que alguna vez consideró sagrado.

La soberanía no se pierde de golpe, como vengo mencionando sistemáticamente en estas notas. Se pierde lentamente. Primero con pequeñas concesiones. Después con silencios recurrentes. Después con indiferencia. Y finalmente con generaciones enteras convencidas de que defender la Nación es una exageración romántica de otro tiempo.

Las preguntas que les hago son entonces estas, porque esto ya no apunta solamente a quienes gobiernan.

Las preguntas apuntan directamente al nosotros y al ser colectivo que conformamos todos.

¿Cuánto vale todavía la Argentina para los propios argentinos?

¿Y cuánto falta? para que terminemos aceptando que hasta nuestra voluntad nacional como racional puede comprarse con nuestro silencio, comodidad e inacción, porque el sobre no te va llegar a vos y si así fuera, como dijo Adelina de viola, será “para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo”.