Por Ignacio Chasco Olazábal.
«Todo el que defiende su derecho defiende el derecho en general.»
— Rudolf von Ihering
Los abogados son las espadas del siglo presente. Con ellos se puede poner en jaque al poder, desde impedir que se apruebe una licitación hasta cuestionar que un gobernador renueve su oportunidad de ser elegido. Esta profesión “liberal”, en su arquetipo, es noble; sin embargo, hemos permitido que se denigre su función social.
¿Y por qué debería importar esto?
Permítaseme una pequeña alegoría al respecto: no todas las aves, por tener alas, vuelan; algunas son gallinas. Algo parecido acontece aquí.
No todo el que tiene título de abogado aboga por el particular. No podemos olvidar que el término abogado proviene del latín advocatus, que significa “el llamado en auxilio”.
Este origen pone de resalto que el abogado, históricamente, se remonta a la Antigua Grecia y Roma, donde los ciudadanos recurrían a expertos o amigos para que los ayudaran y representaran en los tribunales. Es decir, si bien el título hoy habilita una serie de competencias adicionales, abogar —lo que denominamos ejercer como abogado— importa un entrelazamiento necesario con esa raíz etimológica que nos conduce a esta función de salir en auxilio del particular sin ningún tipo de atadura.
Dicho esto, debemos preguntarnos: ¿cuál es la característica que debe primar en alguien que ejerce esta función social?
Inmediatamente, la respuesta que nos viene a la mente es la de un librepensador, alguien capaz de cuestionar el statu quo.
En una democracia se necesita de la libertad de prensa como uno de los pilares esenciales del sistema moderno. Sin embargo, hemos olvidado que, de igual modo, y quizás de manera más grave aún, resulta indispensable contar con abogados independientes.
Debemos preguntarnos como sociedad si es casual que actualmente la profesión se encuentre en jaque.
¿En jaque?, cuestionará algún ciudadano desprevenido.
La respuesta afirmativa resulta indudable. No es casual que periódicamente se ponga en tela de juicio la existencia de los colegios profesionales, entre ellos los de abogados. Sin embargo, esa pretensión encierra un contrasentido. Los colegios profesionales no constituyen un privilegio corporativo, sino una garantía institucional para la sociedad. Son los encargados de velar por la ética profesional, controlar el ejercicio de la matrícula y preservar márgenes de independencia frente al poder político y económico. Debilitar esas instituciones no fortalece la libertad; por el contrario, reduce los espacios de autonomía que necesita toda democracia para funcionar adecuadamente.
Por otro lado, muchos abogados, con el objeto de lograr subsistir, abandonan el ejercicio libre para integrar los cuadros técnicos del Estado. Y es precisamente en ese momento cuando se pierde aquello que consideramos esencial: el pensamiento crítico y la capacidad de acción frente al Estado, que es el sujeto que con mayor frecuencia vulnera derechos.
De este modo, se ve reducido el ejercicio de una función que, en una medida considerable, sostiene el sistema republicano y democrático.
Muchas veces se dice que para muestra basta un botón. En ese sentido, bástenos recordar que durante la pandemia el Poder Judicial cerró sus puertas y el servicio de justicia, calificado como un servicio esencial del Estado, se vio prácticamente paralizado. Siendo que este poder del Estado se compone mayormente de abogados, ninguno de los miles de abogados que integran el Poder Judicial cuestionó la decisión de cerrar los tribunales.
Nos preguntamos entonces: cuando el último abogado deje la profesión y emigre al calor de un contrato o de una planta permanente en los cuadros del Estado, ¿quién defenderá al ciudadano?, ¿quién saldrá en su auxilio?
Cuando el último abogado ingrese al Estado, nos preguntamos: ¿quién, con verdadero poder de acción, cuestionará al Estado? ¿El abogado que trabaja en el Estado cuestionará el comportamiento de su propio patrón?