Por Fernando Crivelli Posse.

“La República no le exige pobreza a quien gobierna. Le exige coherencia entre los sacrificios que reclama y la forma en que administra aquello que pertenece a todos.”

La columna anterior terminaba con dos palabras que la Ley 25.188 incorpora expresamente entre los deberes de quienes ejercen la función pública: austeridad republicana. No es una consigna ni una puesta en escena. Es una forma de ejercer el poder.

La austeridad, por supuesto, no significa pobreza. Una República seria no debería exigir que sus funcionarios vivan miserablemente ni considerar sospechoso a quien haya construido legítimamente un patrimonio antes de ingresar al Estado. La discusión empieza en otro lugar: en la relación que mantienen quienes administran poder con aquello que no les pertenece.

Y esa pregunta se vuelve especialmente incómoda cuando el mismo Estado que exige sacrificios a la sociedad parece incapaz de exigirse idéntica disciplina a sí mismo.

Cada crisis argentina viene acompañada de un vocabulario conocido. Se pide paciencia al trabajador, esfuerzo al comerciante, prudencia a las familias, resignación al jubilado y adaptación a quien descubre que sus ingresos ya no alcanzan como antes. Puede ocurrir que esas decisiones sean necesarias. Gobernar también implica administrar escasez. Pero existe una condición moral sin la cual cualquier pedagogía del sacrificio pierde autoridad: quien exige austeridad debe practicarla primero sobre aquello que administra.

No alcanza con reducir una partida y anunciarlo. La austeridad republicana exige revisar la lógica completa del gasto: pauta oficial utilizada sin una finalidad pública verificable, estructuras administrativas superpuestas, designaciones creadas para satisfacer necesidades políticas, asesores sin función clara, viáticos, vehículos, viajes, ceremoniales y privilegios que sobreviven a todos los discursos de renovación. La pregunta no es solamente cuánto cuesta cada cosa. Es una bastante más incómoda: ¿era necesario gastar ese dinero?

Porque el erario no se convierte en dinero de nadie cuando ingresa al presupuesto. Sigue siendo el producto del esfuerzo de millones de ciudadanos.

Aquí aparece una distorsión que excede al funcionario que firma una resolución. El poder rara vez actúa solo. Alrededor de la administración pública pueden aparecer familiares, socios, allegados, contratistas o personas interpuestas mediante las cuales intereses particulares intentan beneficiarse de decisiones, relaciones o recursos que sólo existen por la proximidad con el Estado. No toda relación constituye una irregularidad y cada responsabilidad requiere prueba, pero el principio republicano debe alcanzar también a esa zona de intermediación: el funcionario no puede hacer indirectamente, a través de terceros, aquello que ética o jurídicamente no debería hacer por sí mismo.

El problema tampoco termina en quienes poseen formalmente un cargo estatal. Existen organizaciones que, sin integrar la administración pública, administran recursos sometidos a una finalidad social y a controles legales particularmente intensos. Las obras sociales sindicales son un ejemplo. La Ley 23.660 las incorpora al régimen de obras sociales y les asigna aportes y contribuciones obligatorios destinados prioritariamente a prestaciones de salud; además, integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud como agentes del seguro. No corresponde confundir esos fondos con el presupuesto general del Estado, pero tampoco tratarlos como patrimonio privado disponible de quienes conducen las organizaciones.

Por eso la discusión sobre austeridad también interpela al poder sindical cuando administra obras sociales. El dirigente sindical puede no ser funcionario público, pero cuando participa en la conducción de recursos obligatorios destinados a la seguridad social y a la salud de los trabajadores asume una responsabilidad que excede largamente la lógica privada. La ley dispone, incluso, que esos fondos deben destinarse a las prestaciones y obligaciones de las entidades y limita sus gastos administrativos.

La cuestión de fondo es siempre la misma: administrar recursos ajenos obliga a una conducta distinta de la que se tendría frente al patrimonio propio.

Por eso resulta tan inquietante la distancia que muchas veces existe entre la vida ordinaria del ciudadano y la cultura material que rodea al poder. El problema no consiste en presumir corrupción a partir de un automóvil, una vivienda o un determinado nivel de consumo. La riqueza legítima no es una falta ética. Pero una sociedad democrática tiene derecho a preguntar cómo se explica la evolución patrimonial de quienes ocupan posiciones de poder, directa o indirectamente vinculadas a la administración de recursos colectivos.

Las declaraciones juradas existen precisamente para eso: no para alimentar curiosidad, sino para hacer posible el control.

Y el control debería alcanzar también los mecanismos destinados a disimular la verdadera titularidad de intereses o beneficios. Una democracia que sólo observa el patrimonio formal del funcionario, pero permanece indiferente frente a estructuras familiares, societarias o personales utilizadas para ocultar ventajas, controlaría apenas la superficie del problema.

La austeridad republicana, entonces, no consiste en representar humildad ante una cámara. Tampoco en renunciar teatralmente a una comodidad mientras permanecen intactas las prácticas que encarecen el Estado o convierten la proximidad al poder en una ventaja.

Austeridad es coherencia.

Es preguntarse antes de designar si el cargo hace falta; antes de contratar, si el servicio es necesario; antes de viajar, si existe una finalidad pública; antes de gastar en comunicación, si se informa a la sociedad o se financia propaganda; antes de utilizar un recurso, si podría justificarse con la misma tranquilidad frente al ciudadano que lo pagó.

Y allí aparece quizá la dimensión más profunda del problema. La Argentina tuvo que transformar en ley conductas que deberían constituir el presupuesto elemental de cualquier persona que administra lo ajeno: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. La propia Ley 25.188 las establece expresamente como pautas de comportamiento ético para la función pública.

Pero ni siquiera escribirlas garantiza que se conviertan en conducta.

Podemos multiplicar leyes, controles, declaraciones juradas y organismos. Serán indispensables, pero insuficientes mientras el cumplimiento sea entendido como una formalidad y no como una cultura del poder. Porque una institución no funciona correctamente sólo cuando sus integrantes respetan aquello que está prohibido. Funciona cuando comprenden también por qué ciertas cosas, aunque puedan atravesar algún resquicio legal, resultan incompatibles con la responsabilidad que aceptaron.

La República no necesita funcionarios pobres, sindicalistas pobres ni dirigentes condenados a una vida ascética. Necesita algo bastante más razonable: personas capaces de distinguir entre administrar y poseer, entre representación y privilegio, entre recursos propios y recursos confiados para una finalidad colectiva.

Y necesita ciudadanos que hagan la misma distinción.

Porque el deterioro comienza cuando aceptamos que el sacrificio tenga una sola dirección: desde la sociedad hacia el poder. Cuando el trabajador debe ajustarse, el jubilado esperar, la familia resignar consumo y el comerciante sobrevivir a la incertidumbre, mientras las estructuras políticas, administrativas o corporativas consideran que la austeridad es una obligación ajena, el problema deja de ser contable.

Se convierte en un problema de legitimidad.

La austeridad republicana no consiste simplemente en gastar menos. Consiste en exigir a quienes administran recursos colectivos la misma disciplina, prudencia y responsabilidad que ellos reclaman de quienes los generan.

Una República puede pedir sacrificios extraordinarios en circunstancias extraordinarias.

Lo que no puede hacer indefinidamente es dividir la austeridad en dos: obligatoria para los ciudadanos y optativa para quienes viven alrededor del poder.

Cuando eso ocurre, ya no está en discusión solamente cuánto cuesta el Estado.

Está en discusión cuánto vale la palabra de quienes dicen servirlo.

Continuará…