Por José Mariano.

«La democracia es idealmente el gobierno del poder visible».
— Norberto Bobbio, El futuro de la democracia

El Estado sabe bastante de nosotros.

Sabe dónde vivimos, cuánto ganamos, qué impuestos pagamos, qué propiedades tenemos, qué automóvil está registrado a nuestro nombre. Conoce nuestras obligaciones, nuestras deudas, nuestros expedientes. Puede relacionar un número con una identidad, una identidad con un domicilio y un domicilio con una historia administrativa cada vez más extensa. Buena parte de nuestra existencia ha sido traducida a datos que alguna institución puede consultar.

Nosotros sabemos bastante menos del Estado.

La diferencia resulta extraña porque vivimos en una época que convirtió la transparencia en una palabra obligatoria. Los organismos tienen páginas web, publican resoluciones, digitalizan expedientes, ofrecen formularios, habilitan plataformas y acumulan documentos. Nunca tuvimos tanta información disponible sobre la actividad pública. Eso no significa que comprendamos mejor lo que ocurre.

Norberto Bobbio definió la democracia como el gobierno del poder visible. La frase conserva toda su fuerza, aunque nuestro tiempo agregó una dificultad que probablemente Bobbio no alcanzó a conocer en toda su dimensión: el poder puede estar a la vista y continuar siendo incomprensible.

Una resolución publicada puede exigir conocimientos jurídicos para entender sus efectos. Un presupuesto puede estar disponible y resultar indescifrable para quien desconoce su lenguaje. Un trámite digital puede ofrecer instrucciones que conducen a otras instrucciones, requisitos que remiten a otros requisitos y oficinas que terminan enviándonos nuevamente hacia una plataforma. Un expediente puede ser consultado sin que resulte sencillo reconstruir qué ocurrió con él.

La información está ahí. Entenderla es otra cosa.

Hay una forma de opacidad que ya no necesita esconder. Funciona mediante la fragmentación, la especialización, la acumulación y el lenguaje. Miles de páginas disponibles pueden construir un muro tan eficaz como una puerta cerrada. El ciudadano tiene acceso y, aun así, debe aprender a atravesar una arquitectura que parece haber sido diseñada desde la lógica de quien administra y no desde la experiencia de quien necesita comprender.

Publicar no alcanza. Digitalizar tampoco.

Una institución puede cumplir sus obligaciones formales de publicidad y continuar siendo ilegible para las personas sobre las que ejerce su autoridad. Y el asunto deja de ser administrativo cuando recordamos que detrás de cada procedimiento existe una forma de ejercer el poder.

Comprender una institución supone poder reconstruir cómo toma una decisión, quién interviene, qué reglas utiliza, cuánto demora y qué posibilidades existen para cuestionarla. Esa posibilidad permite algo elemental en una democracia: atribuir responsabilidades. Cuando el recorrido se vuelve demasiado complejo, también comienza a diluirse la posibilidad de identificar quién decidió.

La burocracia posee una extraordinaria capacidad para convertir decisiones humanas en procedimientos impersonales.

”Lo establece el sistema.” “Es el procedimiento.” “Lo dispone la normativa.” “Debe iniciar otro trámite.”

Todos hemos escuchado alguna versión de esas frases. Detrás siempre existe una decisión, una regla, una autoridad o alguien que alguna vez estableció el procedimiento. Pero cuanto más extensa se vuelve la cadena, más difícil resulta encontrar el lugar exacto donde el poder puede ser interrogado.

Y ahí aparece una desigualdad que pocas veces pensamos como tal. El ciudadano debe hacerse legible para el Estado. Tiene que identificarse correctamente, completar formularios, presentar documentación, declarar ingresos, constituir domicilios, respetar plazos y acreditar cada circunstancia relevante. Un error puede detener un trámite, generar una deuda, producir una sanción o hacer perder un derecho.

Al Estado no le exigimos la misma claridad. Nos acostumbramos a competencias superpuestas, organismos que utilizan lenguajes diferentes, oficinas que desconocen lo que hacen otras y procedimientos que cambian y debemos aprender nuevamente. Hemos terminado incorporando una tarea adicional a nuestra condición de ciudadanos: descifrar la institución que organiza buena parte de nuestra vida.

La institución conoce al ciudadano con una precisión creciente mientras el ciudadano conoce cada vez menos a la institución.

La tecnología hace que esta distancia resulte todavía más difícil de justificar. Podemos conocer en segundos el recorrido de un paquete que atraviesa el país o seguir desde un teléfono la ubicación de un automóvil que pedimos. Resulta extraño que conocer el estado de un trámite público continúe siendo, tantas veces, una pequeña investigación.

Tenemos las herramientas para hacerlo de otra manera. Lo que falta discutir es cómo imaginamos la relación entre las instituciones y quienes viven bajo sus decisiones.

Una institución legible debería permitir que cualquier persona comprenda qué debe hacer, por qué debe hacerlo, quién decidirá sobre aquello que solicita, cuánto tiempo puede demorar y qué camino existe cuando la respuesta no llega. Debería explicar sus decisiones con el mismo rigor con el que exige al ciudadano explicar su situación.

Por eso la legibilidad también es una forma de igualdad.

Durante estas semanas venimos mirando distintas escenas de una misma relación. Comenzamos por algo tan elemental como los pozos de una ciudad y terminamos hablando del Estado. En el medio aparecieron la desidia, la dificultad para acceder a las instituciones, la costumbre de resolver individualmente aquello que debería encontrar una respuesta común, la política convertida en decorado y la excepción transformada en rutina.

Siempre había alguien haciendo un trabajo adicional.

El vecino colocaba una silla o una caja para advertir el pozo. El ciudadano debía descubrir cómo realizar un trámite. Alguien tenía que aprender qué ventanilla correspondía, qué papel faltaba, dónde reclamar, a quién preguntar, cómo resolver por su cuenta aquello que la estructura pública había dejado sin respuesta.

Ahora podemos agregar otra tarea: descifrar.

El poder continúa funcionando aunque no podamos comprenderlo. Los impuestos vencen, las normas entran en vigencia, los expedientes avanzan, las sanciones se aplican, los presupuestos se ejecutan y las decisiones producen consecuencias. La ilegibilidad no detiene al Estado. Detiene al ciudadano frente al Estado.

Y ahí el problema ya es democrático.

Podemos discutir una decisión con la que no estamos de acuerdo. Podemos impugnarla, intentar modificarla y hasta terminar aceptándola. Para cualquiera de esas cosas necesitamos primero saber cómo fue tomada, quién la tomó y qué podemos hacer frente a ella.

Bobbio imaginaba el poder democrático como un poder visible. Hoy sabemos que verlo no alcanza.

También tenemos que poder leerlo.

Esto es Fuga.
Edición 67.