por Enrico Colombres.

La pregunta que da título a esta nota no es meramente teórica, ni mucho menos inocente. En el centro de los debates públicos y privados, en el corazón de las decisiones políticas y empresariales, y hasta en los discursos cotidianos de una sociedad agobiada por la incertidumbre, emerge con fuerza una disyuntiva crucial: ¿cuál es el papel que debe jugar el Estado en la economía de mercado? ¿Debe ser un mero árbitro que regula mínimamente las reglas del juego? ¿Un actor protagónico que impulsa la producción, protege a los débiles y redistribuye riqueza? ¿O acaso debe retirarse del tablero, dejar hacer, dejar pasar, y confiar en las fuerzas «naturales» del mercado?

Plantear estas preguntas en Argentina no es igual que hacerlo en otros países. Nuestra historia, nuestras cicatrices económicas, nuestras estructuras sociales, nuestra complejidad cultural y nuestra inserción en un mundo globalizado y tecnológicamente dinámico hacen que la respuesta no pueda ser lineal ni homogénea.

Un país de contrastes: entre la abundancia y la desigualdad

Argentina es, desde hace décadas, un laboratorio de tensiones entre Estado y mercado. Con un vasto territorio rico en recursos naturales, una tradición educativa destacada en el siglo XX, y una capacidad productiva significativa, ha demostrado potencial para ser una economía pujante. Sin embargo, la desigualdad estructural, la pobreza persistente, la informalidad laboral y la volatilidad macroeconómica no han permitido que ese potencial se traduzca en bienestar sostenido para la mayoría.

El mercado argentino, a diferencia de los que funcionan en países centrales, no opera en condiciones de competencia perfecta ni de equilibrio ideal. Está fragmentado, muchas veces cartelizado, distorsionado por privilegios fiscales, barreras de entrada y falta de transparencia. Es un mercado atravesado por intereses concentrados, donde las reglas de juego suelen favorecer a los más poderosos.

En ese marco, ¿puede el mercado autorregularse de manera eficiente sin la intervención del Estado? ¿Puede garantizar inclusión social, desarrollo regional, innovación tecnológica, equidad de género, sustentabilidad ambiental? La respuesta, inevitablemente, es negativa.

El Estado como garante de condiciones de posibilidad

Más que preguntarnos qué tipo de Estado necesita el mercado, tal vez debamos invertir la fórmula: ¿qué tipo de mercado puede sostener un Estado democrático, inclusivo y soberano? Porque no se trata simplemente de acompañar el funcionamiento del mercado, sino de preguntarnos para qué, para quiénes y con qué fines debe funcionar.

Desde esta perspectiva, el Estado no es un estorbo para el mercado, sino su condición de posibilidad. Un Estado presente —no omnipresente ni paternalista— que garantice reglas claras, combata la concentración, estimule la innovación, promueva el trabajo decente y facilite el acceso a bienes públicos estratégicos e inversión en bienes de capital, como la educación, la salud, la conectividad y el transporte.

La experiencia histórica argentina demuestra que, cuando el Estado se retira en nombre del «libre mercado», los resultados suelen ser devastadores para los sectores más vulnerables. Privatizaciones indiscriminadas, desindustrialización, fuga de capitales, endeudamiento crónico y pérdida de soberanía económica son algunas de las consecuencias que aún pesan sobre el presente.

El desafío de un mundo en transformación

Hoy, además, los desafíos no son los mismos que hace veinte años. La revolución tecnológica, la robotización, la inteligencia artificial, el comercio digital y las nuevas formas de trabajo exigen nuevas respuestas. El mercado por sí solo no garantiza reconversión laboral, formación continua ni contención para los desplazados por el cambio tecnológico.

El mundo globalizado impone exigencias de competitividad, pero también abre posibilidades de integración inteligente. En este contexto, un Estado que invierta en ciencia, tecnología y desarrollo productivo no es un lujo, es una necesidad estratégica.

La perspectiva jurídica: Carlos Cossio y la centralidad de la libertad

Desde la teoría jurídica, la Teoría Egológica de Carlos Cossio ofrece herramientas valiosas para pensar este problema. Cossio sostuvo que el Derecho no puede reducirse a un conjunto de normas formales, sino que debe entenderse como la conducta humana en interferencia intersubjetiva dentro de un orden jurídico. Es decir, el Derecho está atravesado por la vida concreta, por las tensiones, por la praxis.

En este sentido, el Derecho —y por ende el Estado— no puede estar al servicio de una supuesta neutralidad del mercado. Porque en la práctica, la ausencia del Estado no significa libertad, sino dominio de los más fuertes.

Desde su enfoque egológico, Cossio propone que el Derecho debe observarse en su manifestación concreta, en los actos humanos situados históricamente. El Estado, entonces, no puede quedarse en la normatividad abstracta; debe involucrarse activamente en las realidades donde la justicia se reclama. En un país con profundas desigualdades, esto significa adoptar un papel transformador que permita que la libertad deje de ser patrimonio exclusivo de quienes concentran poder económico. La función estatal no es reprimir la libertad individual, sino hacerla posible para todos mediante la corrección de las condiciones materiales de inequidad. Solo así, la legalidad adquiere legitimidad: cuando no es un velo para encubrir la dominación, sino un camino para liberar.

Cossio nos advierte contra la ontologización del orden jurídico como si fuera un sistema cerrado e inamovible. El Derecho, en su perspectiva, debe ser dinámico, abierto a las transformaciones sociales, sensible a las necesidades reales de las personas. Y eso solo es posible si el Estado asume un rol activo en la construcción de un orden más justo.

El mito de la neutralidad y la ilusión del derrame

Los defensores de un Estado ausente suelen apelar a la idea de la neutralidad: que el mercado se autorregula, que asigna recursos de manera eficiente, que premia el mérito y castiga la ineficiencia. Pero esta visión choca con la realidad concreta de Argentina. Aquí, el mercado no derrama; concentra. No premia el mérito; reproduce privilegios. No asigna recursos de forma eficiente; los fuga.

Y lo hace porque está inserto en una estructura económica dependiente, con sectores monopólicos, con relaciones laborales desiguales, con una matriz productiva primarizada que limita la agregación de valor.

Ante esto, el Estado no puede retirarse. Debe intervenir para democratizar la economía, redistribuir oportunidades, fomentar la inversión en sectores estratégicos y garantizar un piso mínimo de dignidad para todos los ciudadanos.

Conclusión: un Estado que piense el futuro, no que administre el pasado

Argentina no necesita un Estado que compita con el mercado, ni uno que se subordine a sus caprichos. Necesita un Estado inteligente, planificador, democrático, eficiente, capaz de pensar el largo plazo. Un Estado que actúe como garante de derechos, promotor de desarrollo, mediador de conflictos, constructor de comunidad, un estado estratega para establecer firmemente una política de estado, con objetivos y características claras.

El mercado necesita de ese Estado. No para ser tutelado, sino para ser potenciado en su capacidad de generar riqueza con inclusión. Un Estado que no sustituya al sector privado, pero que lo oriente hacia objetivos compatibles con el bienestar general.

Quizás, al final, la pregunta no sea qué Estado necesita el mercado, sino qué sociedad queremos construir. Y desde allí, pensar cómo se articula lo público y lo privado, lo estatal y lo mercantil, lo individual y lo colectivo.

Como planteaba Cossio, el Derecho —y por extensión el Estado— no puede dejar de lado la libertad. Pero no una libertad entendida como desregulación y sálvese quien pueda, sino como condición para una vida digna en comunidad. Y esa libertad, en un país como el nuestro, no se alcanza con la ausencia del Estado, sino con su presencia lúcida, justa y transformadora