por Miguel (Miky) López Ibarra.

El horror se vivía sin contratiempos durante veintidós largos años, así es, veintidós años de un gobierno municipal que llegó a su fin cuando el gobierno de Tucumán decidió intervenir el municipio de Alberdi tras la viralización de un audio donde un supuesto contratista de obra pública amenazaba al intendente “Pato” Campos. El hecho reveló un escenario de crisis institucional profunda, que incluyó años de abandono urbano, falta de servicios públicos, denuncias de vínculos entre el poder político y el narcotráfico, y un sistema clientelar – concentrado en el narcomenudeo – sostenido por recursos estatales.

La intervención implicó la disolución del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, el gobierno provincial justificó la medida como una acción correctiva frente al deterioro prolongado del municipio, tanto en su funcionamiento administrativo como en el impacto social que provocó la falta de políticas públicas, pero es allí donde la ciudadanía se frena y se pregunta ¿Nunca se dieron cuenta de lo que sucedía? ¿durante veintidós largos años no se filtró ninguna información en las altas esferas del poder? 

Para entender, debemos remontarnos al comienzo del imperio Campos – Figueroa que dió sus primeros pasos entre 2003 y continuó hasta el día de hoy, Alberdi fue gobernado por una misma estructura política familiar, donde “Pato” Campos ocupó la intendencia durante tres mandatos consecutivos, entre 2003 y 2015, pero aunque ya no podía seguir en su trono, fue sucedido por su esposa, Sandra Figueroa, actual legisladora provincial, quien se mantuvo dos periodos en el cargo. En 2023, Campos volvió a presentarse como candidato y asumió nuevamente la intendencia.

Durante estos veintidós años, el municipio acumuló denuncias por abandono estructural, ya que no se realizaban obras significativas, el sistema de salud local quedó totalmente desfinanciado y la inseguridad se agravó de manera descomunal, además, según testimonios locales, la diferencia entre Alberdi y otras ciudades vecinas como Concepción o Aguilares es muy notoria, tanto en infraestructura como en servicios esenciales. Uno de los factores más sensibles que motivaron finalmente la intervención fue el crecimiento del narcomenudeo en el territorio, con una presencia visible y cotidiana en la vía pública, vecinos y dirigentes coincidieron en que el consumo y la venta de drogas ocurrían “a plena luz del día”, sin ningún tipo de intervención estatal. Esta situación expone el entramado político y las posibles conexiones con el narcotráfico,“la droga se volvió un problema en la juventud del municipio”, comenta un vecino, y agrega que es habitual ver a adolescentes y jóvenes bajo sus efectos durante todo el día, y que incluso en los barrios populares, la droga ya se transformó en una moneda corriente.

Aunque la situación era evidente para muchos y existía un reclamo constante por visibilizarla, fue un caso puntual el que marcó un antes y un después, durante la campaña electoral de 2023, sectores opositores presentaron denuncias formales ante la Justicia Federal, acompañadas de pruebas que vinculaban al oficialismo municipal con redes delictivas, en esos documentos se acusó a candidatos del espacio gobernante no solo de entregar alimentos o dinero a cambio de votos, sino también estupefacientes, según los denunciantes, esta práctica formaba parte de un mecanismo clientelar extendido, que habría alcanzado niveles de gravedad sin precedentes. Además, se acusó al oficialismo de financiar “acoples” – listas colectoras – con recursos provenientes de la obra pública, una estrategia muy utilizada en la política tucumana, que permitía multiplicar la presencia en las boletas y consolidar la estructura de poder local mediante una red de candidaturas subsidiadas.

Tras la intervención, se convocaron nuevas elecciones, este 26 de octubre, en simultáneo con los comicios nacionales para diputaciones, Alberdi elegirá nuevamente autoridades locales, en medida a un intendente y diez concejales, esta fecha marca un punto de inflexión para el municipio y para todo el entramado político de Tucumán, ya que por primera en más de dos décadas, la estructura política que gobernó ininterrumpidamente quedó desplazada del poder formal, y el control institucional pasó a manos del gobierno provincial, siendo un caso testigo que abre interrogantes sobre el funcionamiento de la política local en zonas periféricas y la capacidad del Estado provincial de controlar prácticas clientelares que se extienden en el tiempo. También visibiliza el impacto que puede tener el narcotráfico en estructuras políticas consolidadas, y los riesgos de una democracia sin alternancia.

La intervención no solo responde a un hecho puntual, sino a una crisis acumulada. El desafío ahora será garantizar que el proceso electoral de octubre permita reconstruir la institucionalidad en Alberdi, y abrir una etapa de reconstrucción en la política de transparencia en San Miguel de Tucumán.