Por Enrico Colombres. 

La más alta misión del Estado es educar. 

Fichte.

El veto y el recorte presupuestario contra las universidades públicas argentinas no es un simple ajuste administrativo. Es un ataque directo a la identidad nacional y a la dignidad colectiva. Como advirtió Carlos Cossio en 1930, la misión del Estado es educar y sin universidades abiertas, libres y sociales no hay Nación.

Carlos Cossio, en su texto de 1930 sobre la Reforma Universitaria, advertía que esta no había sido un simple debate de ideas sino una praxis transformadora. En sus palabras “más que una controversia de ideas, ha sido una conducta cuyas afirmaciones se hacían cada vez más plenamente susceptibles de una interpretación profundamente pedagógica” (Cossio, La Reforma Universitaria. Desarrollo histórico de su idea, pág.1, 1930). Esa lucidez histórica hoy resuena con una actualidad brutal porque la universidad argentina vuelve a ser campo de disputa, no ya por sus formas jurídicas o pedagógicas, sino por su supervivencia misma frente al veto y el recorte presupuestario.

El gesto de ajustar a las universidades en nombre de una supuesta austeridad no es más que un retroceso a la Vieja Universidad que Cossio criticaba, aquella que concebía la educación como un privilegio técnico y no como un bien social. Hoy esa afirmación parece ser negada por la política económica que intenta reducir la educación superior a un gasto prescindible, olvidando que se trata de una inversión estratégica en dignidad y futuro.

El problema del recorte universitario no es meramente financiero. Es político, cultural y moral. Implica resignar el horizonte de país para convertir a la educación en una variable de ajuste. Cada peso quitado a las universidades significa una cátedra menos, un laboratorio deteriorado, un programa de investigación suspendido, un comedor estudiantil desfinanciado, un futuro profesional frustrado. No se trata de números que pueden ajustarse en un Excel ministerial, sino de vidas concretas que se moldean y se limitan.

La universidad argentina no es una institución aislada ni un edificio más que depende del presupuesto nacional. Es parte constitutiva de nuestro ser colectivo y de la identidad misma de la Nación. Allí se formaron generaciones de médicos, abogados, docentes, ingenieros y pensadores que dieron sustento a la vida social, política y cultural del país. Defender la universidad es defender la argentinidad porque ella ha sido el espacio donde se forjaron las utopías de justicia social, de democracia y de desarrollo nacional. Por eso no alcanza con que los estudiantes y los docentes protesten en soledad. Toda la sociedad debe salir a defender a la universidad pública como patrimonio común, porque al atacarla no se agrede a un sector. Se hiere el corazón mismo de la Argentina.

El veto presidencial que clausura cualquier aumento significativo en el presupuesto universitario refleja una concepción estrecha del Estado. Es un Estado que sí garantiza rentas extraordinarias a los acreedores financieros pero que niega los recursos básicos a la educación, la salud, las jubilaciones y la discapacidad. Este desequilibrio es inaceptable en términos democráticos. Un país que renuncia a formar, cuidar y sostener a su pueblo se transforma en un simple territorio administrado, no en una Nación con dignidad.

El planteo de Cossio sigue siendo una brújula. Cuando afirmaba que como pensaba Fichte “la más alta misión del Estado es educar. No se trata de que el Estado nos lleve al reino de la abundancia, sino de la plenitud humana en el reino de la justicia” (Cossio, pág. 6), estaba anticipando la falacia del economicismo que hoy se nos quiere imponer. Un país puede ser granero del mundo, pero seguirá siendo un desierto cultural y social si condena a sus ciudadanos al analfabetismo, a la precariedad y a la marginación.

No se trata solamente de defender a la universidad pública como espacio académico. Se trata de comprender que allí se produce la cultura, la ciencia y la crítica necesarias para sostener cualquier proyecto de Nación. En palabras de Cossio “la Reforma Universitaria, como advenimiento histórico, en todo momento ha significado simultáneamente una nueva materia, un nuevo derecho y un nuevo último imperativo para la Universidad” (Cossio, pág.7). Ese imperativo obliga a todos, porque sin conocimiento libre y accesible no hay ciudadanía real ni democracia que se sostenga.

Frente a esta coyuntura urge un mecanismo institucional que supere la lógica de coyuntura y de veto discrecional. La educación, la salud, la discapacidad y las jubilaciones deben quedar protegidas por una ley de financiamiento obligatorio con cláusulas de incremento real y progresivo. No se trata de buena voluntad política, se trata de blindar jurídicamente la dignidad nacional. Tal norma debería tener carácter constitucional que evite la maliciosidad de los mercenarios de turno, de modo que ningún gobierno pueda desmantelar lo esencial para la vida colectiva bajo la excusa de la restricción fiscal.

Así como la Reforma de 1918 fue un hito que convirtió a la universidad en espacio democrático, plural y social, hoy necesitamos una Reforma legal que asegure la intangibilidad de los presupuestos sociales básicos. La austeridad aplicada sobre la educación y la salud no es eficiencia. Es violencia institucionalizada contra los sectores más vulnerables y contra el futuro del país.

La universidad no es un lujo. Es una necesidad vital. Un país que cierra sus puertas al conocimiento se condena a la dependencia y al atraso. Ningún proyecto de desarrollo es posible si se destruye el tejido universitario, porque allí se forman las capacidades que sostienen la industria, la justicia, la medicina, la ciencia y la cultura. El recorte actual no es solo un problema de gestión. Es un ataque directo a la función cultural, científica y moral de la Argentina.

La historia demuestra que cada vez que la universidad fue sitiada, el país se sumió en retrocesos. La dictadura militar que intervino las universidades en 1966 con la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos demostró que sin autonomía académica no hay libertad intelectual. Hoy no se trata de bastones ni de tanques, pero se trata de tijeras presupuestarias que cumplen el mismo rol. Doblegar la capacidad crítica, reducir la investigación, desalentar la creación, imponer el silencio de la escasez.

El propio Cossio advertía que hacer la Universidad más del estudiante y más social no era un mero eslogan. Era una finalidad moral que debía guiar a toda la institución. Esa finalidad sigue vigente. Y hoy se nos impone una pregunta que es política y ética al mismo tiempo. ¿Qué país queremos ser? ¿Uno que expulse a sus jóvenes al exterior porque no puede ofrecerles condiciones mínimas de estudio y trabajo, o uno que los contenga, los forme y los impulse a construir un futuro aquí?

La conclusión es tan sencilla como demoledora. Un país que veta a sus universidades veta su porvenir. No hablamos de una discusión administrativa. Hablamos de la vida de generaciones enteras condenadas o expulsadas por una decisión política. La disyuntiva es clara. O avanzamos hacia un pacto de dignidad que consagre la educación, la salud y el trabajo como derechos blindados, o aceptamos ser una sociedad resignada, sometida al ajuste perpetuo.

La universidad sitiada hoy nos reclama lo mismo que en 1918. Valentía. Y si el Estado no garantiza esa dignidad mínima, será el pueblo el que deba recordarle con la fuerza de la historia que sin justicia social no hay República. Vetar a la universidad es vetar a la Argentina. Y si se pretende imponer ese silencio, la respuesta no puede ser la resignación. Tiene que ser la defensa activa de lo que somos, porque sin universidad pública no hay Nación posible.