Por María Victoria Albornoz.

El derecho no es solamente un conjunto de reglas, sino una institución que da forma al mundo humano.
Alain Supiot.

La transformación tecnológica de las últimas décadas no solo modificó nuestras formas de comunicarnos, sino también la arquitectura simbólica sobre la cual se sostenía el derecho. La expansión de internet, la velocidad de las redes sociales y la circulación incesante de contenidos alteraron categorías jurídicas que antes parecían estables: intimidad, privacidad, consentimiento, incluso dignidad. Cada una de ellas se ve hoy tensionada por dinámicas que el derecho tradicional no alcanzó a prever.

La difusión no consentida de material íntimo es uno de los fenómenos que mejor expone esa tensión. Su gravedad no radica únicamente en la publicación de un contenido privado, sino en todo lo que esa publicación revela sobre la fragilidad del resguardo jurídico en la era digital. La intimidad —que antes podía imaginarse como un espacio protegido— se volvió permeable, expansiva y, en muchos casos, incontrolable. La viralidad convierte cualquier decisión privada en un hecho social, y convierte cualquier daño en un daño que se multiplica.

Como señala Foucault, el derecho no solo regula conductas: produce un régimen de verdad. Pero ese régimen, construido históricamente sobre ciertos símbolos, enfrenta hoy una crisis. En términos de Supiot, somos Homo Juridicus: nuestra vida se organiza a través de categorías normativas que nos permiten orientarnos. Sin embargo, la digitalización masiva desestabiliza esos símbolos: ¿qué significa intimidad cuando la vida cotidiana se desarrolla en plataformas? ¿Qué significa privacidad cuando los datos personales circulan sin límites claros? ¿Cómo se protege la dignidad cuando la imagen íntima de una persona puede replicarse millones de veces en segundos?

La industria cultural —tal como la analizaron Adorno y Horkheimer— ayuda a comprender el trasfondo de esta problemática. Las plataformas digitales no solo distribuyen contenidos: producen formas de consumo donde lo íntimo se convierte en mercancía. La espectacularización de la vida cotidiana naturaliza la exposición permanente del cuerpo, del deseo y de la intimidad. En ese contexto, la difusión no consentida de material íntimo encuentra un terreno fértil: el cuerpo se vuelve un objeto disponible, la imagen se consume sin responsabilidad y la mirada pública opera como un juicio inacabable.

Sin embargo, el núcleo jurídico del problema se encuentra en el consentimiento. Con frecuencia se confunde el consentimiento inicial —la decisión de generar o compartir contenido íntimo en un ámbito privado— con el consentimiento para su difusión pública. Esa confusión no solo es errónea jurídicamente: profundiza la vulnerabilidad de las víctimas. El consentimiento es siempre contextual, limitado y revocable. Así lo sostuvo la Cámara Civil en el caso “Q. C., E. S. c/ T., B.” (Sala M, 2022), donde reconoció que el consentimiento otorgado para un fin específico no puede transformarse en habilitación general para difundir el material. Este fallo marca un punto de inflexión: obliga a replantear la autonomía no como renuncia, sino como ejercicio dentro de límites que resguardan la dignidad.

La Ley Olimpia Argentina constituye un avance al tipificar estas conductas y enmarcarlas dentro de la violencia digital. Reconoce que la difusión no consentida de material íntimo no es un simple conflicto privado, sino una vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, su enfoque centrado en la violencia de género femenina deja fuera otras configuraciones posibles de la vulneración. La violencia digital trasciende identidades y exige una protección universal. La ley inaugura un camino, pero no lo completa.

Los derechos afectados —intimidad, privacidad, dignidad humana— son parte del núcleo más protegido del orden constitucional. Su vulneración tiene impactos que exceden el plano jurídico: daños psicológicos, sociales, laborales y simbólicos que se sostienen en el tiempo debido a la imposibilidad de borrar definitivamente los contenidos de la red. La exposición no consentida altera la forma en que una persona habita el mundo, su modo de vincularse y su percepción de sí misma. Por eso, la respuesta jurídica no puede limitarse a sancionar. Debe prevenir, acompañar y reparar.

Frente a este escenario, el derecho argentino enfrenta el desafío de actualizarse sin perder de vista sus fundamentos. Se requieren marcos normativos más completos, que integren herramientas penales y civiles, protocolos de actuación rápida, capacitación obligatoria para operadores judiciales y políticas educativas que fomenten una alfabetización digital responsable. La protección de la intimidad ya no puede pensarse solo en términos de espacios físicos, sino como un resguardo frente a dinámicas propias de los entornos virtuales, donde la velocidad y la replicabilidad exceden cualquier mecanismo tradicional.

La difusión no consentida de material íntimo nos obliga a mirar de frente una crisis que no es únicamente tecnológica: es simbólica. Nos recuerda que la dignidad humana no puede quedar supeditada a la lógica de las plataformas ni a la economía de la visibilidad. El derecho no debe perseguir a la tecnología como quien llega siempre tarde, sino reconstruir sus categorías para enfrentar esta nueva realidad.

La pregunta que permanece es cómo garantizar que la transformación digital no erosione aquello que debería protegerse con mayor cuidado: la identidad, la autonomía y la dignidad de cada persona. La respuesta —aún en construcción— exige una regulación integral, pero también un cambio cultural que devuelva a la intimidad su valor, incluso en un mundo que parece dispuesto a sacrificarla.