Por Nicolás Anfuso.

El gobierno de Javier Milei no admite lecturas tibias. No se presenta como un experimento gradualista ni como una gestión orientada al consenso, sino como una ruptura deliberada con el orden político, económico y cultural que rigió a la Argentina durante décadas. A dos años de iniciado su mandato, el balance es áspero, pero relativamente nítido.

En el plano económico, Milei avanzó en la dirección que había prometido. Eliminó el déficit fiscal primario en un plazo breve, interrumpió la emisión monetaria y desmontó buena parte del andamiaje estatal que sostenía desequilibrios estructurales. El ajuste fue real, profundo y sin amortiguadores. El gasto público cayó como no lo hacía desde hacía décadas, las transferencias discrecionales se redujeron de manera drástica y el Tesoro dejó de operar como un mecanismo permanente de licuación monetaria. No se trata solo de discurso: los indicadores fiscales y monetarios muestran un cambio de régimen.

El costo fue inmediato. Recesión, caída del consumo, pérdida de empleo en sectores altamente dependientes del gasto estatal y un deterioro social visible en los primeros meses. Pero ese impacto también dejó al descubierto una realidad incómoda: una parte significativa de la actividad previa estaba sostenida artificialmente por inflación, subsidios cruzados y endeudamiento encubierto. En ese sentido, Milei no generó la crisis social, sino que expuso su trasfondo.

En materia inflacionaria, el cambio también es evidente. La inflación dejó de comportarse como un fenómeno fuera de control y comenzó un proceso de desaceleración sostenida. No a partir de controles de precios ni acuerdos transitorios, sino como resultado de disciplina fiscal y monetaria. El salario real aún no logra una recuperación plena, pero por primera vez en años dejó de correr sistemáticamente detrás de una emisión constante.

En el frente político, el presidente optó por el conflicto antes que por la negociación tradicional. Despreció la liturgia del sistema, confrontó con gobernadores, sindicatos, sectores empresariales acostumbrados a la prebenda y con el conjunto del establishment político clásico. Asumió costos institucionales y comunicacionales, pero consolidó un liderazgo que evita intercambiar principios por una gobernabilidad de corto plazo. El Congreso continúa siendo un espacio de fricción permanente, aunque ya no concentra de manera excluyente el poder efectivo.

En política exterior, el giro fue explícito. Alineamiento con Occidente, distanciamiento del eje bolivariano y abandono del discurso tercermundista que caracterizó a etapas anteriores. Puede discutirse la orientación, pero no la definición: hay una estrategia reconocible, no un movimiento pendular según la conveniencia coyuntural.

El punto más frágil del gobierno sigue siendo el tejido social. Milei gobierna con números y equilibrios macroeconómicos, pero muestra escasa preocupación por la dimensión simbólica y de contención. Su narrativa desconfía de los mecanismos tradicionales de asistencia y deposita en el mercado la función ordenadora central. Esa apuesta puede ser coherente desde lo teórico, pero resulta políticamente riesgosa en un país empobrecido, exhausto y con una historia de frustraciones acumuladas. El orden macroeconómico, por sí solo, no garantiza estabilidad social.

El balance, entonces, es incómodo y directo: Milei no llegó para administrar la decadencia, sino para forzar una ruptura con ella. Lo está haciendo. Resta saber si sobre ese proceso será posible construir una estructura durable o si la sociedad argentina —poco acostumbrada a sostener esfuerzos prolongados— interrumpirá el camino antes de que los resultados se consoliden.

No es un gobierno confortable ni conciliador. Pero sí es uno de los pocos, en muchos años, que decidió avanzar sin disimular los costos ni moderar su diagnóstico para hacerlo más aceptable. En la Argentina, eso sigue siendo una anomalía política.