Por Daniel Posse. 

Reformar no es solo cambiar las formas, es vaciarlas de contenido hasta que el fondo se desplome.
Leopoldo Marechal.

“Nada se pierde, todo se transforma; pero en el camino, algo se fuga para siempre.”

(Inspirado en Jorge Luis Borges)

En la obra de Borges, la fuga no es solo escapar, sino perder la identidad. La “fuga de derechos” es una forma de borrar la identidad del ciudadano para convertirlo en una estadística. La libertad es una fuga que nunca termina, decía también Alejo Carpentier. Pero esta cita sirve, además, para marcar un contraste: mientras el gobierno habla de “libertad”, la realidad es que el ciudadano solo conserva la “libertad” de fugarse de un sistema que ya no lo protege. Para eso, parece, sí hay permiso.

En este último número de FUGA me atrevo a remarcar apenas algunas de las tantas cuestiones que nos atraviesan de forma fugaz, como una forma de agradecer este espacio, donde pude ser realmente libre para decir lo que pienso, lo que creo y lo que percibo, aun sabiendo que puedo estar equivocado.

El laberinto de las reformas: inconsistencias y derechos borrados

El cruce entre la reforma laboral y la educativa en Argentina revela una paradoja central: mientras el discurso oficial promete insertar al país en el siglo XXI, las medidas propuestas desmantelan el piso de derechos sociales construidos en el siglo XX. Esta regresión sitúa al ciudadano en una posición de vulnerabilidad absoluta frente al mercado, donde la protección estatal no solo se recorta, sino que entra en un proceso de fuga institucional.

Reforma laboral: ¿flexibilización o desprotección?

La principal inconsistencia radica en la colisión directa con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La reforma opera mediante mecanismos que institucionalizan la precariedad.

La figura del “trabajador independiente con colaboradores” legaliza el fraude laboral. Al permitir que un profesional tenga “colaboradores” bajo un régimen simplificado, se borran derechos como la indemnización y el aguinaldo, transformando una relación de dependencia en una ficción de autonomía.

El fondo de cese laboral traslada el costo del riesgo empresario al salario del trabajador, elimina el carácter disuasorio del despido arbitrario y habilita una fuga de la responsabilidad patronal.

La extensión del período de prueba a seis u ocho meses despoja al trabajador de estabilidad y fomenta un ciclo de empleo descartable, sin costo real para la empresa.

Reforma educativa: de la movilidad social a la mercantilización

En el ámbito educativo, las inconsistencias atentan contra la Ley de Educación Nacional (26.206), que define la educación como un bien público.

El arancelamiento encubierto y la desfinanciación, bajo el lema de la “eficiencia”, vacían el presupuesto de la universidad pública y fuerzan una fuga de cerebros hacia el sector privado o el extranjero.

La declaración de la educación como “servicio esencial” utiliza un derecho para anular otro. No se busca garantizar escuelas seguras, sino restringir el derecho a huelga docente mientras se degrada el salario.

El sistema de vouchers convierte la educación en un producto de mercado, donde la supuesta “libertad de elección” está condicionada por la capacidad de pago.

La política de la fuga: el rol de los gobernadores

En este escenario aparece una de las tensiones más cínicas: el papel de los llamados “gobernadores dialoguistas”. Figuras que sostienen un discurso opositor en lo gestual, pero resultan funcionales al poder central, incurriendo en una verdadera fuga de la representación.

Muchos se encuentran atrapados en una dependencia financiera total. Bajo un verdadero federalismo de extorsión, entregan los derechos de sus representados a cambio de recursos fiscales. Esto se traduce en un vaciamiento administrativo, un ajuste por goteo que impacta especialmente en el nivel superior.

No se cierran profesorados de manera explícita: se prohíbe la inscripción a primer año. Al cabo de cuatro años, la carrera muere sola. Es lo que hoy se denuncia en ciudades como Concordia, Gualeguaychú y Victoria, y en varias localidades de la provincia de Tucumán, según se rumorea.

Se instala además el discurso del “superávit de docentes”, como si hubiera demasiados egresados en áreas sociales, ignorando que en los pueblos del interior estos institutos son, muchas veces, la única vía de movilidad social.

La fusión de carreras en sedes lejanas fuerza una deserción masiva. No se clausura formalmente la oferta, pero se la vuelve inaccesible. A esto se suma el desfinanciamiento de plantas temporarias, con presupuestos que no se renuevan y dejan a docentes y alumnos en un limbo jurídico.

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pienso en quienes intentaban convencernos de votar a tal o cual candidato porque “lo importante era el modelo”. Quizás lo que importaba era la escenografía mentirosa de un supuesto modelo que encubría lo que realmente era.

La paradoja de la “motosierra provincial”

Existe un alineamiento ideológico silencioso. Muchos gobernadores, aun declarándose opositores, consideran a los institutos de formación docente como gastos ineficientes. Al declarar la educación “servicio esencial” mientras se cierran carreras, la inconsistencia es total: la educación es tan importante que no se puede protestar, pero no lo suficiente como para formar nuevos docentes.

Este proceso avanza en silencio, cobijado por el verano. Fieles al método, es mejor que ocurra cuando el desgaste social es menor. Total, al comenzar el nuevo ciclo lectivo, las realidades pueden llegar a sorprender.

El fin de la educación como derecho social

La noción de fuga atraviesa este escenario en tres dimensiones: la fuga de capitales, la fuga del Estado de su rol de garante y la fuga de futuro para los jóvenes del interior. Cuando un gobernador cierra una carrera de forma encubierta, acepta la premisa de que la educación es un gasto. Al borrar estos derechos, Argentina transforma su contrato social en uno de adhesión.

La mayor inconsistencia es que estos mandatarios están serruchando la rama sobre la que están sentados. Si la educación se degrada y el empleo se precariza, la conflictividad social estallará en sus propias provincias, no en los despachos de la Capital.

Lo paradójico es que estas reflexiones sobre las formas y las reformas surjan desde un espacio para la fuga. Porque entendemos que no todas las fugas son iguales ni habitan los mismos territorios. Y porque, a veces, de los cambios solo nos quedan los ecos de lo que pudo ser. Al final, todo parece disolverse en una nada.