Por Fernando M. Crivelli Posse.

“El periodismo está para contar lo que pasa, no para actuarlo.”
— Rodolfo Walsh

En los últimos años se consolidó una forma de cobertura periodística que, sin abandonar del todo la referencia a hechos reales, reemplaza progresivamente el análisis empírico por la construcción de narrativas sugestivas. No se trata de inventar información, sino de ordenarla, enfatizarla y asociarla de un modo que induce conclusiones que aún no están probadas. El resultado es un periodismo que no describe la realidad: la modela.

Este fenómeno no es accidental. Responde a una lógica comunicacional donde la velocidad prima sobre la verificación, el impacto sobre la precisión y la emoción sobre la evidencia. En ese esquema, la noticia deja de ser un recorte informativo y pasa a funcionar como un dispositivo de orientación de la percepción pública. El lector no es invitado a comprender lo que ocurrió, sino a sentir lo que debe pensar al respecto.

Cuando los hechos dejan de ser el punto de partida y se convierten en piezas intercambiables dentro de un relato previo, se produce una inversión peligrosa del orden racional. La realidad deja de operar como límite y pasa a ser un insumo moldeable según la historia que se desea contar. Importa menos lo que efectivamente sucedió que la interpretación que logra imponerse. La verdad factual pierde su función organizadora del sentido común y el espacio público se transforma en una disputa de relatos donde prevalece la eficacia narrativa por sobre la evidencia.

Uno de los mecanismos más habituales de esta lógica es la correlación forzada: vincular hechos próximos en el tiempo como si existiera entre ellos una relación causal demostrada, aun cuando no haya pruebas que los conecten. El razonamiento implícito es sencillo y emocionalmente eficaz: algo ocurrió, luego ocurrió otra cosa negativa; por lo tanto, lo primero explica lo segundo. El problema es que ese “por lo tanto” rara vez está demostrado: suele estar apenas insinuado.

Este tipo de razonamiento confunde resultado con intención. Juzga decisiones pasadas exclusivamente a la luz de consecuencias posteriores, sin atender al contexto ni a la información disponible al momento de actuar. Desde el punto de vista lógico, se trata de un error elemental; desde el punto de vista jurídico, de una inversión del estándar probatorio. El fracaso, el error o la mala decisión no constituyen por sí mismos una falta dolosa, y mucho menos un delito.

La distorsión se agrava cuando se incorporan datos técnicos o especializados presentados como si fueran pruebas concluyentes. Registros contables, estadísticas, trazas digitales o movimientos financieros son mostrados como evidencia directa de intenciones, órdenes o responsabilidades personales que esos datos, por su propia naturaleza, no pueden demostrar. Se confunde así el registro con la explicación, la descripción con la atribución de sentido.

En estos casos, el lenguaje técnico cumple una función más retórica que informativa. Otorga apariencia de rigor a inferencias que exceden ampliamente lo que los datos permiten afirmar. Fragmentos reales de información empírica son insertados en un relato que ya presupone culpabilidad, de modo que el dato deja de informar y pasa a confirmar simbólicamente una conclusión previa.

Para atribuir responsabilidad concreta a una persona se requiere un umbral probatorio alto: vínculos verificables, comunicaciones explícitas, beneficios directos o instrucciones comprobables. Cuando ese estándar se relaja, la sospecha comienza a ocupar el lugar de la prueba. Repetida una y otra vez, esa sospecha termina adquiriendo estatuto de verdad social, aun sin haber sido demostrada.

Otro recurso frecuente es la sobredimensión de documentos ambiguos o preliminares. Textos incompletos, borradores, propuestas o declaraciones de intención son presentados como si constituyeran acuerdos firmes o actos jurídicos concluidos. La ausencia de validación formal, firmas o incorporación a procesos institucionales se omite o se relativiza, mientras el documento es cargado de implicancias que no se desprenden de su contenido real.

Este conjunto de prácticas no prueba una culpabilidad concreta, pero construye un clima. La acumulación de insinuaciones, asociaciones negativas y ambigüedades termina produciendo una condena social previa, un juicio paralelo sin reglas probatorias claras, sostenido más por saturación emocional que por evidencia verificable.

La lógica algorítmica de la repetición amplifica este efecto. El escándalo no se sostiene por lo que demuestra, sino por lo que sugiere. La investigación se presenta como veredicto y la duda como culpa. No se informa para comprender; se comunica para instalar una percepción.

Nada de esto implica negar errores, imprudencias o decisiones cuestionables en la esfera pública. La crítica política es parte esencial de la democracia. El problema surge cuando esa crítica se desliza hacia imputaciones encubiertas sin pruebas suficientes, borrando la distinción entre responsabilidad política, error y delito. En ese punto, el periodismo deja de cumplir una función de control y pasa a producir sospecha permanente.

Aquí aparece el núcleo más delicado del problema. La libertad de expresión es un pilar democrático, pero no es un derecho a insinuar sin probar ni a condenar sin proceso. Exige responsabilidad intelectual: distinguir hechos de interpretaciones, pruebas de hipótesis e información de propaganda, y reconocer los límites de lo que se sabe en cada momento.

Cuando la verificación es reemplazada por la sospecha y la evidencia por la narrativa, no se debilita solo a actores circunstanciales del poder. Se debilita la noción misma de verdad compartida. En una sociedad donde toda correlación se convierte en causalidad y toda duda en culpa, se pierde la capacidad colectiva de razonar con rigor.

Esto ya no es el viejo “miente, miente, que algo quedará”. Es algo más sofisticado y más dañino: sugerir, repetir y saturar hasta que la sospecha se transforme en condena moral social. La pregunta final no es quién cae o quién se sostiene, sino qué tipo de esfera pública estamos construyendo si aceptamos que la sospecha reemplace a la prueba y la narrativa sustituya a la verdad.

Porque cuando el periodismo cruza ese límite, no fortalece la libertad de expresión.

Debilita la democracia. Y con ella, las instituciones que deberían sostenerla.

Continuará…