Por Fernando Pérez.

desamparo femenino y complicidad masculina.

La cotidianidad del espacio público ofrece postales que, de tan repetidas, corren el riesgo de volverse invisibles. Una mirada atenta a la salida de cualquier escuela primaria basta para corroborarlo: la marea humana que aguarda en las veredas está compuesta, en una abrumadora mayoría, por mujeres. Lo propio ocurre en las reuniones de padres, donde la presencia masculina suele ser una excepción estadística, y en las salas de espera de las guarderías y los consultorios pediátricos. La trama del cuidado, esa columna vertebral que sostiene el funcionamiento diario de la sociedad, sigue estando cargada de forma desproporcionada sobre los hombros femeninos.

Esta realidad fáctica pone de manifiesto una necesidad estructural. El Estado no puede limitarse a ser un espectador de este esfuerzo solitario; debe intervenir mediante prestaciones concretas que asistan a las madres, fundamentalmente a través de centros barriales de contención integrales. Espacios que no solo ofrezcan oficinas de cercanía y conectividad para el desarrollo laboral, sino también cuidadoras profesionales, talleres de oficios prácticos y comedores comunitarios. 

Esta demanda adquiere un carácter de urgencia impostergable cuando se analiza la situación de los hogares monomarentales, donde las mujeres asumen la crianza y el sustento económico sin una pareja presente, lidiando con una doble jornada que erosiona sus posibilidades de progreso.

Sin embargo, el desamparo no se agota en la asimetría de las tareas de cuidado. El entramado social argentino cruza hoy un umbral de violencia de género que desafía cualquier intento de normalización institucional. El reciente y cruento crimen de Agostina Vega, una adolescente de tan solo catorce años en la ciudad de Córdoba, se erige como un síntoma intolerable de una deuda pendiente. 

No se trata de un hecho aislado, sino del emergente trágico de una constante estadística.  

Fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Si bien el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina muestra una oscilación a la baja entre el periodo anterior y el último año consolidado, la meseta sigue siendo alarmante. A estas cifras oficiales —que las organizaciones civiles suelen estimar superiores debido a los sesgos en la tipificación judicial de las causas— se suma un fenómeno aún más complejo: la «cifra oculta» de la violencia. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres en Argentina, el 77,3% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia por parte de sus parejas o exparejas jamás llega a formalizar una denuncia.  

Frente a este vasto territorio de silencio, los proyectos de ley orientados a penar las llamadas «falsas denuncias» operan menos como un reaseguro de justicia y más como una barrera psicológica e institucional. El efecto directo de legislaciones de esta índole no es la depuración del sistema procesal, sino la inhibición del eslabón más débil: la víctima que optará por callar ante el temor de ser criminalizada por su propio agresor.

El escenario actual adolece de una carencia severa de mecanismos estatales de tutela efectiva. Una orden de restricción de acercamiento, desprovista de control real, termina constituyendo apenas una formalidad burocrática; un indicio en papel que, con triste frecuencia, solo sirve para identificar de forma retrospectiva al autor del crimen una vez consumado el femicidio. 

La asistencia jurídica gratuita debe ser irrestricta y ágil. Resulta un contrasentido técnico exigirle el costo de un litigio privado a una mujer que debe sostener de forma autónoma el alimento de sus hijos.

La articulación de medidas de protección real demanda herramientas sustantivas: 

Custodias personales efectivas y dinámicas para las víctimas en situación de riesgo alto.

Aplicación rigurosa de la prisión preventiva —o en su defecto, la modalidad domiciliaria bajo estricta supervisión electrónica— para los denunciados que vulneren las perimetrales.

Escalamiento punitivo en las escalas penales de los delitos vinculados a la violencia de género.

Creación de fondos de emergencia que garanticen un sostén económico inmediato para costear mudanzas urgentes y la subsistencia de los menores involucrados.

Finalmente, este diagnóstico obliga a un examen de conciencia al género masculino, una introspección sobre los roles colectivos e individuales que desempeñan los varones en el tejido social. La complicidad no siempre es activa; se manifiesta en el silencio corporativo. Cabe preguntarse qué papel se asume cuando un amigo o un par ejerce violencia verbal, psicológica, económica o física en el ámbito privado. Cuál es la reacción institucional y afectiva al recibir o viralizar fotografías y videos de mujeres en contextos de intimidad vulnerada.

La respuesta cultural ante la desaparición o el ataque a una mujer suele activar un mecanismo automático de escrutinio sobre la víctima: se inquiere qué hacía en determinado lugar, a qué hora circulaba, cuál era su vestimenta, o si existía consumo de sustancias. Se indaga, minuciosamente, sobre la responsabilidad o el paradero de la madre. Sin embargo, la figura del padre brilla por su ausencia en el cuestionario colectivo. Es imperativo desarticular esa asimetría moral. El acompañamiento real de los varones en este proceso no radica en la conmoción declamativa, sino en una profunda, incómoda y urgente reflexión sobre los privilegios del silencio.