Por Fernando Pérez.
La arquitectura institucional suele ofrecer, a quien sabe mirar en sus pliegues, una paradoja incómoda: la disociación absoluta entre la norma escrita y la ética pública. Nos hemos acostumbrado a una lógica perversa donde la legalidad ya no opera como un resguardo moral, sino como un salvoconducto para la impunidad estética. Existen actos que, despojados de cualquier sanción penal por la fría letra de un boletín oficial, configuran una flagrante obscenidad a los ojos de una sociedad civil fatigada.
El escenario nacional reciente ofrece una muestra gratis de esta asimetría. La puesta en marcha del régimen simplificado del impuesto a las ganancias —bautizado con una ironía casi involuntaria como «inocencia fiscal»— abre un interrogante profundo sobre los límites de la tolerancia republicana. Bajo el amparo del Decreto 93/2026, que complementa la Ley 27.799, se ha edificado una suerte de amnistía permanente y silenciosa. La norma permite a los contribuyentes regularizar activos no declarados previamente sin consecuencias fiscales y, lo que es aún más grave, sin la obligación de transparentar el patrimonio, el consumo o los gastos personales corrientes.
La obscenidad adquiere volumen cuando el propio funcionariado público, incluso aquellos que caminan por los pasillos de la justicia bajo el peso de investigaciones por presunto enriquecimiento —como es el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni—, se amparan en este blindaje legal. Que la burocracia que debe velar por la transparencia sea la primera en cobijarse en las sombras de una opacidad permitida por la ley, degrada el contrato social a una mera ficción utilitaria. Lo legal, aquí, funciona como un disolvente de la responsabilidad.
Este fenómeno de la «obscenidad permitida» no es, por cierto, patrimonio exclusivo del puerto central. Las provincias arrastran sus propios monumentos a la prerrogativa feudal legitimada por el voto legislativo. En Tucumán, el espejo de esta distorsión se corporiza en la Ley 8350, una herencia del año 2010 gestada bajo la hegemonía de José Alperovich. Aquella norma, que formalizó el uso discrecional del avión sanitario para el gobernador y sus comitivas en misiones que exceden largamente la urgencia médica, permanece como un testimonio vivo de los privilegios de casta.
Nadie violó una ley al subir a esa aeronave para viajes de cortesía política o logística personal; simplemente se ejecutó un derecho positivizado. Y es allí donde radica el nudo gordiano del asunto: la ley utilizada no para consagrar el bien común, sino para legalizar el despropósito.
Cuando la norma se divorcia de la ejemplaridad, el sistema democrático entra en un proceso de erosión silenciosa. No se trata aquí de un debate técnico para constitucionalistas o tributaristas. Es una interpelación sobre la decencia del poder. Mientras la ciudadanía de a pie naufraga en laberintos impositivos y privaciones cotidianas, la dirigencia —tanto ayer en el norte del país como hoy en los despachos de la Capital— perfecciona el arte de construir resguardos legales para sus propias demasías.
Al final del día, la legalidad sin contenido moral no es orden; es apenas la formalización del cinismo.