Por Enrico Colombres. 

«La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”.

Fiódor Dostoievski

Hay un punto en el que la realidad argentina deja de parecer una discusión política y comienza a confundirse con un sketch de Capusotto. El problema es que nadie grita «corte», no aparece la música final, nadie llama a Moe porque Larry está en cualquiera. Y detrás del absurdo existen consecuencias concretas. Hay funcionarios que administran el Estado, ciudadanos obligados a rendir cuentas por cada movimiento y una sociedad que lentamente parece acostumbrarse a que las explicaciones más inverosímiles sean recibidas como si nada.

El caso del pendrive atribuido al vocero presidencial es una síntesis brutal de esta degradación. No importa solamente el dispositivo, las criptomonedas, los dólares no declarados o la reconstrucción tardía de una historia patrimonial. Importa el lugar desde el que se pretende contar esa historia. El vocero presidencial no es un ciudadano anónimo que intenta ordenar sus ahorros después de sobrevivir a décadas de inflación y desconfianza. Es uno de los funcionarios más visibles del Gobierno. Y es, además, una figura que construyó buena parte de su identidad pública sobre la impugnación moral de los demás, criticando lo que presuntamente hoy replica.

La cuestión no consiste en dictar una condena anticipada. Para eso existen la Justicia, la prueba y el derecho de defensa. La cuestión es mucho más elemental. ¿Qué explicación habría recibido un comerciante, un jubilado o un monotributista si hubiera intentado justificar una diferencia patrimonial relevante apelando a una memoria digital extraviada, una inversión remota o una declaración reconstruida cuando las preguntas ya habían comenzado? ¿Cuánta comprensión institucional habría encontrado?

La llamada Ley de Inocencia Fiscal fue presentada como una reparación frente a un sistema tributario que durante años trató al ciudadano como sospechoso permanente. El diagnóstico tiene una parte verdadera. Millones de argentinos aprendieron a ahorrar como pudieron, fuera de un sistema que les ofrecía inflación, controles erráticos y reglas cambiantes. Pero una norma puede tener una formulación general y, al mismo tiempo, revelar una obscenidad política cuando quienes la impulsaron aparecen entre sus beneficiarios más oportunos.

El problema no es solamente jurídico. Es ético. Cuando el poder redacta las condiciones que luego le permiten explicar sus propias inconsistencias, la frontera entre la reforma y el privilegio comienza a desdibujarse. La ley deja de percibirse como una regla común y empieza a parecer un refugio construido por quienes conocen de antemano la tormenta que se aproxima. Puede conservar su validez formal. Puede atravesar todos los procedimientos institucionales. Pero la sospecha permanece. Y la sospecha no nace de una conspiración. Nace de una coincidencia demasiado conveniente.

Durante años se nos dijo que había llegado una nueva dirigencia dispuesta a terminar con las excusas de la vieja política. Sin embargo, cuando aparecen las preguntas, regresa una práctica conocida: pedirle a la sociedad una confianza que jamás se le concede al ciudadano común. El contribuyente debe demostrar. El funcionario solicita que le crean. El ciudadano debe conservar comprobantes. El funcionario conserva relatos. El ciudadano enfrenta sanciones. El funcionario encuentra una narrativa y una ley capaz de recibirla.

Mientras tanto, distintos pueblos hermanos vuelven a ocupar las calles. En Albania, en Italia, una parte significativa de la sociedad se moviliza contra proyectos que considera lesivos para su territorio y contra decisiones adoptadas sin suficiente transparencia. En Bolivia, las protestas expresan una crisis política y social profunda, atravesada por reclamos, bloqueos y tensiones que no deben ser simplificadas. En distintos lugares de Europa y del mundo reaparece una misma pulsión: la negativa a aceptar que la política se convierta en una administración cerrada de intereses ajenos a la vida cotidiana de la gente.

No se trata de idealizar cada movilización ni de convertir cualquier protesta en una epopeya. Las calles también pueden equivocarse. Pero existe algo saludable en una sociedad que conserva la capacidad de decir basta antes de que la resignación se transforme en obediencia. Las multitudes no reemplazan a las instituciones. El silencio prolongado no siempre es madurez democrática. Muchas veces es agotamiento. O miedo. O la costumbre de vivir con la cabeza baja.

¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos todos locos? ¿Cuándo comenzamos a aceptar que todo puede explicarse después, que toda contradicción puede relativizarse y que toda pregunta puede descartarse como una operación política? ¿En qué momento pensar críticamente se convirtió en una forma de mala educación?

No estamos obligados a elegir entre el fanatismo y la indiferencia. Podemos exigir pruebas sin condenar anticipadamente. Podemos defender las instituciones sin convertirnos en espectadores pasivos. Podemos reconocer los errores del pasado sin utilizar esos errores como una autorización eterna para tolerar los del presente.

La degradación de una república no ocurre únicamente cuando un gobierno avanza sobre una institución. También ocurre cuando la sociedad pierde la capacidad de sorprenderse. Cuando una explicación absurda ya no provoca indignación, sino apenas un chiste compartido durante algunas horas. Cuando el ciudadano se ríe, cambia de tema y continúa su día convencido de que nada puede modificarse.

Tal vez el problema más grave no sea el pendrive. El problema somos nosotros.

Porque un poder que descubre que puede decir cualquier cosa no necesita imponer el silencio. Le alcanza con una sociedad que ya se acostumbró al absurdo y a escucharlo sin reaccionar.