Por María José Mazocato.

Un Estado depredador es aquel en el que los funcionarios y las élites gobernantes tratan al Estado como una fuente de rentas personales, debilitando las instituciones públicas y obstaculizando el desarrollo económico y social.

Peter Evans (En Embedded Autonomy)

Los desastres naturales suelen ser momentos de inflexión para los Estados. No solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos, sino que también exponen fortalezas y debilidades acumuladas durante años. Hoy, Venezuela atraviesa precisamente una de esas pruebas históricas.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país en cuestión de segundos dejaron una profunda huella sobre la población y la infraestructura nacional. Las cifras preliminares son devastadoras: 164 muertos, 971 heridos y cientos de edificios dañados en distintas regiones del país. Caracas y La Guaira aparecen entre las zonas más afectadas, con interrupciones en los servicios básicos, daños estructurales y una intensa movilización de los organismos de emergencia.

Sin embargo, detrás de la tragedia humana emerge una cuestión política fundamental, ¿está el Estado venezolano en condiciones de responder a una catástrofe de semejante magnitud?

Desde las Relaciones Internacionales, la académica Karen Mingst sostiene que la fortaleza del Estado no se mide únicamente por su capacidad de ejercer autoridad, sino también por su aptitud para proteger a la población, administrar recursos y responder eficazmente ante situaciones de crisis. Cuando las instituciones se debilitan, la infraestructura se deteriora y los recursos estatales se vuelven insuficientes, fenómenos extraordinarios como un desastre natural pueden transformarse rápidamente en una crisis de gobernabilidad.

En ese sentido, los terremotos no solo representan una tragedia humanitaria para Venezuela. También constituyen una prueba decisiva para la capacidad de respuesta estatal.

La situación encuentra al país atravesando un escenario complejo. Durante más de una década, Venezuela experimentó una profunda crisis económica, marcada por la caída de la producción petrolera, procesos inflacionarios históricos, deterioro de los servicios públicos y una de las mayores corrientes migratorias de América Latina. Aunque algunos indicadores mostraron cierta estabilidad en los últimos años, las capacidades institucionales continúan siendo limitadas para afrontar emergencias de gran escala.

Un terremoto no distingue ideologías ni relatos políticos. Exige hospitales operativos, sistemas de comunicación eficientes, infraestructura resistente, equipos de rescate especializados y una logística estatal capaz de coordinar recursos en tiempo récord. Allí es donde los gobiernos son evaluados por la ciudadanía más allá de los discursos.

La Guaira se ha convertido en el epicentro de esta emergencia. Históricamente vulnerable por sus características geográficas y por antecedentes de desastres naturales, la región enfrenta nuevamente escenas de destrucción, evacuaciones masivas y operaciones de rescate que continúan mientras persiste el riesgo de réplicas. Caracas, por su parte, también sufrió daños significativos en edificios residenciales, oficinas y servicios públicos esenciales.

En medio de la crisis, Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia interina, enfrenta el desafío más complejo de su trayectoria política reciente. La gestión de las primeras horas suele ser determinante para la percepción pública de cualquier gobierno. La rapidez en la asistencia, la coordinación institucional y la transparencia en la comunicación se transforman en factores centrales para sostener la legitimidad política durante una emergencia.

La respuesta gubernamental incluyó la declaración de emergencia, el despliegue de fuerzas de seguridad, personal médico y equipos de rescate hacia las zonas más afectadas. Sin embargo, la magnitud del desastre plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para sostener una operación prolongada de asistencia, reconstrucción y recuperación económica.

Al mismo tiempo, la tragedia abre un nuevo capítulo en la relación de Venezuela con la comunidad internacional. Los desastres naturales suelen generar oportunidades de cooperación incluso entre actores políticamente enfrentados. La necesidad de asistencia humanitaria, financiamiento y apoyo técnico puede obligar a flexibilizar posiciones y promover mecanismos de colaboración que, en otras circunstancias, resultarían impensados.

La historia demuestra que los terremotos pueden modificar trayectorias políticas. No porque derriben gobiernos de manera inmediata, sino porque revelan con crudeza el estado real de las instituciones. Las crisis naturales funcionan como una radiografía del poder: muestran aquello que durante años permaneció oculto detrás de estadísticas, discursos o narrativas oficiales.

Mientras continúan las tareas de rescate y el país intenta dimensionar el alcance de la tragedia, Venezuela enfrenta una doble reconstrucción. La primera será material: viviendas, hospitales, carreteras y servicios básicos deberán recuperarse. La segunda será institucional: reconstruir la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proteger a su población.

Porque cuando la tierra tiembla, no solo se mueven los edificios. También se sacuden las certezas políticas. Y en la Venezuela de hoy, las réplicas más profundas podrían no provenir del subsuelo, sino de las consecuencias que esta tragedia dejará sobre un Estado que vuelve a ser puesto a prueba frente a su propia realidad.