Por Enrico Colombres.
«Al eliminar los archivos en papel y reemplazarlos por archivos digitales, pueden borrar la historia. Un día encontrarás el mensaje “la página no existe”, y al día siguiente verás que niegan que haya sucedido».
— Julián Assange
El futuro ya no llega como promesa luminosa, sino como amenaza envuelta en palabras amables: innovación, eficiencia, inversión, modernización, inteligencia artificial. Detrás de ese vocabulario aparece una pregunta: ¿qué lugar quedará para los seres humanos cuando las máquinas aprendan no solo a producir más, sino a reemplazar mejor? La industrialización multiplicó riquezas, pero arrasó oficios, mudó familias y obligó a millones a descubrir que el progreso técnico no siempre reparte justicia. Hoy la inteligencia artificial ocupa ese borde peligroso: donde antes una fábrica transformaba una ciudad durante décadas, ahora un algoritmo puede volver obsoleto un trabajo en semanas.
No alcanza con celebrar la tecnología como una religión sin pecado. La inteligencia artificial puede curar, educar, investigar y mejorar vidas. Pero también puede concentrar riqueza, vigilar poblaciones, manipular conductas, falsificar identidades y declarar innecesarios a trabajadores íntegros. El problema no es la máquina, sino el poder que la gobierna. Sin control democrático, el futuro no será una ampliación de derechos, sino una administración sofisticada del descarte.
La innovación ya no permanece encerrada en pantallas. Empieza a circular por las calles. Bots de cálculo, IA que valoran pruebas, autos sin chofer, plataformas automatizadas, camiones autónomos y robots de reparto forman parte de un horizonte cercano. Detrás de ese avance aparece otra pregunta: ¿qué ocurrirá con quienes viven de conducir, transportar, asesorar o repartir cuando su trabajo pueda ser reemplazado?
Cuando un auto autónomo reemplaza a un chofer, no desaparece una tarea. Desaparecen un ingreso, una obra social, una jubilación futura y una identidad laboral. Cuando un robot entrega un pedido, desplaza a una persona precarizada, expuesta al clima, al tránsito y a la inestabilidad. Ese trabajador no necesitaba ser sustituido por una máquina; necesitaba derechos, un salario digno, seguridad y reconocimiento. Reducir el trabajo humano a una función automatizable revela una mirada que empieza a verlo como una imperfección transitoria.
Por eso hace falta una legislación local y una discusión internacional sobre inteligencia artificial, automatización y sustitución tecnológica. Se necesitan evaluaciones de impacto laboral, fondos de reconversión financiados por las empresas que reemplazan trabajadores, protección de ingresos, límites a los despidos tecnológicos y mecanismos que aseguren que la innovación no recaiga únicamente sobre quienes pierden su empleo. No alcanza con repetir que el mercado creará nuevos trabajos, como si existiera una providencia económica capaz de ordenar el sufrimiento humano.
El problema tampoco es solamente laboral. Es existencial. La inteligencia artificial no amenaza únicamente empleos; también amenaza identidades. Hoy cualquiera puede temer que le roben la cara, la voz, los gestos o el cuerpo entero. Los deepfakes inauguran una época en la que cualquier persona puede ser falsificada con una precisión inquietante. La decisión de Dinamarca de avanzar en la protección de la imagen, la voz y la identidad digital expresa una preocupación que pronto alcanzará al resto del mundo.
Pero detrás de la tecnología también hay una ideología. Aspira a organizar la sociedad como una gran empresa. Una empresa no delibera: ejecuta. No reconoce ciudadanos: administra recursos humanos. No discute soberanía: calcula rentabilidad. Bajo esa lógica, el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en usuario, dato, costo fiscal o trabajador descartable.
El experimento de Próspera, en Honduras, mostró hasta dónde puede llegar esa imaginación política. Una ciudad-empresa, con reglas propias, autonomía regulatoria y la pretensión de funcionar como un enclave dentro de un Estado soberano. Es el laboratorio de un mundo donde el territorio deja de ser una comunidad política para convertirse en una plataforma de inversión, y donde la ley deja de expresar la voluntad popular para transformarse en un servicio contractual.
Desde esa perspectiva también debe leerse la discusión argentina. El llamado Súper RIGI no es solamente un régimen de promoción económica. Expresa una forma de entender el desarrollo: garantizar condiciones excepcionales para los grandes capitales y confiar en que la inversión resolverá por sí sola los problemas del país. La cuestión no es si la Argentina necesita tecnología o inversiones. La pregunta es quién las controla, quién captura sus beneficios, quién fija las reglas y quién protege el trabajo nacional.
A ese proceso se suma otro, menos visible, pero igual de profundo: el de la memoria. Digitalizar archivos puede ser un avance si existen controles, trazabilidad y auditorías. Pero cuando digitalizar significa destruir los originales, la modernización también puede convertirse en una forma de fragilidad. Quien controla el archivo controla la posibilidad de reconstruir el pasado. Y quien administra la prueba administra también la responsabilidad.
La inteligencia artificial sin regulación, los vehículos autónomos, los deepfakes, las ciudades-empresa, los regímenes excepcionales para grandes capitales y la fragilidad de la memoria digital no son fenómenos aislados. Forman parte de una misma lógica: la transferencia progresiva de poder desde la ciudadanía hacia espacios cada vez menos controlables. Los algoritmos reclaman datos sin límites. Las plataformas exigen ciudades a medida. El capital global pide reglas propias.
Quizás lo verdaderamente atrasado sea aceptar que el único futuro posible es el que dictan los mercados. La Argentina no necesita cerrarse al mundo, pero tampoco abrirse de rodillas. Necesita decidir para qué innova, para quién produce y bajo qué condiciones incorpora tecnología. La discusión nunca fue exclusivamente tecnológica. Es política. Es democrática. Y, sobre todo, es civilizatoria.
Cuando una sociedad deja de necesitar trabajadores, relativiza la memoria, convierte la identidad en mercancía digital y comienza a desconfiar de la democracia, el problema ya no es económico. Es el anuncio de un mundo donde los seres humanos corren el riesgo de convertirse en población sobrante dentro del balance de una organización que pretende administrar el planeta. Si el futuro exige resignar soberanía, memoria, trabajo e identidad, quizá no estemos frente a una revolución productiva, sino frente a otra forma —más sofisticada— del descarte.