Por Fernando Pérez.

En su célebre tratado sobre la legitimidad de las instituciones, el sociólogo Max Weber advertía que la subsistencia de un orden político depende de la creencia social en su racionalidad y neutralidad. Cuando esa creencia se astilla, lo que queda no es el vacío, sino un escepticismo corrosivo que todo lo degrada. La reciente saga judicial y política en torno al fuero federal argentino —que condensa en un puñado de firmas el destino de causas sensibles y el ascenso de magistrados— no hace más que revalidar la hipótesis de una justicia que ha renunciado a su carácter de árbitro imparcial para actuar como una aduana de favores recíprocos.

La oficialización del nombramiento de la jueza Ana María Juan para el Juzgado Federal de Hurlingham a través del Decreto 589/2026, rubricado por el presidente Javier Milei, ofrece una puesta en escena casi de manual de la sospecha institucional. La coincidencia temporal roza lo pornográfico: apenas semanas atrás, el esposo de la flamante magistrada, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, tomó la controvertida decisión de apartar a la totalidad de los querellantes particulares en la causa que investiga la presunta estafa con la criptomoneda $Libra —un expediente que roza de manera directa al propio Jefe de Estado—. Al despojar el proceso de la tracción independiente de las víctimas, la causa queda bajo el exclusivo monopolio del impulso fiscal, debilitando sustancialmente la acusación. 

El interrogante que surge ante este escenario no pertenece al terreno de la legalidad formal, sino al de la ética del poder: ¿cuál habría sido la magnitud del escándalo y el tenor de las editoriales si una carambola de favores idéntica —desplazamiento de querellas y ascenso de un cónyuge a un tribunal aún no habilitado— hubiese ocurrido bajo el amparo de un gobierno peronista? La respuesta es evidente. La indignación colectiva, lejos de responder a un imperativo ético universal, suele ser dolorosamente selectiva.

La hipocresía de la indignación con beneficio de inventario

Esta selectividad de la ira pública revela un sesgo tribal que obtura cualquier debate serio sobre la calidad institucional. Los mismos sectores que hoy justifican o minimizan el sutil intercambio de cortesías en los tribunales de Comodoro Py y el conurbano bonaerense son quienes ayer denunciaban, con comprensible rigor, los aceitados vínculos del poder judicial con el kirchnerismo y las gobernaciones feudales del peronismo del interior. Y viceversa: quienes hoy se rasgan las vestiduras ante la ligereza del decreto presidencial guardaron un cómodo silencio cuando la corporación judicial operaba como el brazo ejecutor de blindajes cruzados para los barones del conurbano o los exégetas del «lawfare».

Esta asimetría moral perpetúa un ecosistema de impunidad donde los actores cambian de libreto según el lado del mostrador que les toque ocupar. El resultado es una sociedad civil anestesiada que solo reacciona ante la corrupción del adversario, mientras consiente la del aliado en nombre de una supuesta gobernabilidad o de la lucha contra el «enemigo común».

Sin embargo, detenerse únicamente en la flagrante contradicción de la administración de turno o en la doble vara de los análisis editoriales sería incurrir en un reduccionismo inconducente. El verdadero problema de fondo no es el oportunismo de un presidente o la aquiescencia de un juez; el verdadero drama es la naturaleza misma de una corporación que se autopercibe y funciona como una casta intocable.

El pacto de silencio: la endogamia del expediente

El Poder Judicial de la Nación padece de patologías estructurales que exceden largamente la coyuntura partidaria. La lentitud no es un defecto administrativo, sino un recurso estratégico. En la parsimonia de los plazos procesales se tejen las mayores impunidades: causas que prescriben por el mero paso del tiempo, juicios que se dilatan hasta que el acusado pierde relevancia política, y fallos que se guardan en cajones a la espera de que el viento del poder cambie de cuadrante. El oportunismo político no es una anomalía, es el método de supervivencia de una estructura que sabe que su propia estabilidad depende de su capacidad de adaptación al clima de época.

Esta dinámica se nutre de una profunda endogamia corporativa. Entre jueces, fiscales y defensores oficiales existe una suerte de pacto implícito de no agresión. El corporativismo judicial funciona como un escudo heráldico: se protegen entre sí, se cubren en las denuncias ante el Consejo de la Magistratura y diseñan un laberinto de procedimientos técnicos inaccesible para el ciudadano de a pie. Esta cofradía de la toga ha convertido a la justicia en un territorio feudalizado, donde el derecho no es un límite al poder, sino una herramienta de transacción.

Hacia una profilaxis del estrado

Desarmar este dispositivo de impunidades cruzadas exige suturas de fondo que exceden la mera alternancia de nombres en los despachos oficiales. La experiencia comparada señala que el fortalecimiento de la magistratura requiere una profilaxis institucional inmediata:

• Despolitización real del Consejo de la Magistratura: Reducir la representación del estamento político partidario a una expresión mínima y técnica, priorizando juristas de prestigio académico incuestionable elegidos por concursos públicos y transparentes de oposición y antecedentes, auditados de manera externa.
• Plazos fatales y perentorios para causas de corrupción: Establecer por ley que las investigaciones que involucren fondos públicos o abuso de poder tengan un límite de tiempo improrrogable para su elevación a juicio oral. La dilación sistemática debe ser causal objetiva de mal desempeño y destitución automática del magistrado.
• Jurados populares y descentralización: Extender el juicio por jurados a los delitos de corrupción pública. Devolver al ciudadano común la potestad de decidir sobre la culpabilidad de los administradores del Estado es la forma más drástica de quebrar la endogamia corporativa de Comodoro Py.

Epílogo

Mientras no avancemos hacia esa democratización real del proceso penal, seguiremos asistiendo a la farsa del expediente como moneda de cambio. La resignación ciudadana ante este escenario es el triunfo definitivo de la corporación. No se trata meramente de escandalizarse ante el pliego de turno o de ejercitar la queja estéril en las mesas de café; se trata de comprender que una sociedad que consiente la justicia selectiva es una sociedad que, tarde o temprano, termina legitimando su propia servidumbre.

Parafraseando libremente la advertencia kafkiana sobre la psicología del sometimiento, si nos limitamos a arrebatarle el látigo al opresor de turno para entregárselo a otro que nos resulte más afín, solo estaremos perpetuando la fantasía del control. Mientras la venda de la justicia siga teniendo un precio y su balanza dependa de la conveniencia del despacho presidencial, no habrá república posible, sino apenas un feudo de toga y protocolo donde los ciudadanos, dócilmente, seguimos eligiendo el nudo de nuestra propia atadura.