Por José Mariano.

«Resulta en extremo mortificante verse regido por leyes para uno desconocidas.»
— Franz Kafka, Sobre la cuestión de las leyes

Imaginá por un momento que estás manejando por la ciudad y necesitás estacionar. Das una vuelta a la manzana, después otra. Encontrás un espacio, pero los cordones están tan despintados que no sabés si podés dejar el auto. Tampoco hay un cartel que lo aclare. Al final estacionás con la sensación de estar haciendo algo que quizás está permitido o quizás no. La respuesta puede llegar más tarde, cuando encontrás una multa en el parabrisas o descubrís que una grúa se llevó el auto.

Algo parecido sucede cuando tenés que hablar con un agente de tránsito. El mismo agente interpreta la norma, decide si el cordón estaba o no pintado, establece si incumpliste y determina qué sucede después. Es juez y parte en una situación donde las señales están borradas y las reglas son difíciles de conocer. Podés explicar que el cordón no estaba pintado o que el cartel no existía. La autoridad para sancionar permanece intacta, aunque las condiciones necesarias para cumplir hayan desaparecido.

Ahora pensá que necesitás ir a la municipalidad para obtener un permiso, hacer un reclamo o iniciar un trámite. Preguntás en una oficina y te mandan a otra. Allí te dicen que falta un papel que nadie había mencionado. Volvés otro día y una persona distinta te explica que el procedimiento cambió, que el formulario de la página oficial ya no sirve o que el área responsable funciona en otro edificio.

Tal vez nunca te pasó exactamente de esta manera, pero conocés la sensación. Buscás una respuesta y encontrás versiones. Pedís una explicación y recibís instrucciones incompletas. Intentás cumplir y descubrís que también hace falta cierta habilidad para descifrar lo que el Estado no explica.

El desarrollo de los acontecimientos no depende entonces de un orden claro y conocido. El orden se va armando sobre la marcha. Depende de quién te atienda, de cómo interprete la norma y de cuánto esté dispuesto a explicarte. Uno llega buscando una respuesta institucional y termina dependiendo de la decisión de una persona.

El derecho sostiene que nadie puede excusarse alegando que desconocía la ley. Es un principio necesario para la vida en común, pero supone que la norma puede conocerse, que está publicada y que las instituciones encargadas de aplicarla ofrecen respuestas previsibles. La obligación de conocer necesita, como contrapartida, la posibilidad de acceder.

En este lugar del mundo ocurre algo extraño. El ciudadano está obligado a conocer, pero muchas veces no tiene cómo hacerlo. Las normas están dispersas, las páginas oficiales están desactualizadas, los carteles faltan, las señales se borran y los procedimientos cambian según quién los explique. La ley existe, aunque el camino para llegar hasta ella permanezca cerrado.

La frase que organiza buena parte de nuestra vida cotidiana es conocida por todos: “Depende de quién te atienda”. La repetimos con una naturalidad que debería molestarnos. Detrás de ella aceptamos que una misma norma puede producir respuestas diferentes y que nuestros derechos dependen de la voluntad circunstancial de quien ocupa un escritorio.

Cuando la regla pierde claridad, el funcionario comienza a crearla para cada situación. Entonces aparecen el favor, el contacto, el gestor y la recomendación. Saber qué corresponde deja de ser suficiente. También hay que saber a quién llamar y con quién hablar para conseguir que el expediente avance.

Esta experiencia atraviesa a toda la sociedad. El arquitecto puede recibir distintas interpretaciones sobre un mismo código urbanístico. El comerciante descubre nuevos requisitos mientras intenta habilitar su local. El industrial espera respuestas de oficinas que se contradicen entre sí. El empresario o el inversor pueden calcular costos y evaluar riesgos, pero no logran anticipar cuánto demorará una autorización ni qué criterio se utilizará para resolverla.

Cambian los trámites, las cantidades de dinero y las consecuencias de la demora. La experiencia se mantiene. El ciudadano de a pie, el profesional, el comerciante y el empresario quedan sometidos a un orden que ninguno puede conocer por completo. Todos terminan aprendiendo que la norma escrita constituye apenas una parte del recorrido.

La inaccesibilidad se convierte así en una forma de poder. Cuanto menos sabemos, mayor es el margen de quien interpreta. La confusión produce dependencia, la demora distribuye privilegios y la discrecionalidad transforma derechos en favores. El Estado que debería ordenar la vida diaria termina administrando la incertidumbre.

Nada de esto parece ocupar un lugar importante en la agenda pública. Cada dos años volvemos a entrar en un proceso electoral y quienes gobiernan parecen vivir en campaña permanente. Apenas termina una elección comienza la preparación de la siguiente. Las decisiones se piensan por su rendimiento inmediato, por la fotografía que pueden producir y por los votos que podrían conservar.

Ordenar una ciudad exige otra relación con el tiempo. Requiere actualizar normas, simplificar procedimientos, coordinar oficinas, pintar cordones, colocar carteles y explicar con claridad cómo funciona cada trámite. Son tareas pequeñas, constantes y poco espectaculares. Difícilmente se conviertan en actos multitudinarios o en videos exitosos para las redes. Sin embargo, de ellas depende una parte decisiva de nuestra convivencia.

La política concentrada en la reelección busca lo visible para el gobernante y descuida lo que necesita ser visible para el ciudadano. Un orden claro también limita la discrecionalidad, reduce la necesidad de intermediarios y vuelve menos importante la voluntad particular del funcionario. La accesibilidad fortalece al ciudadano. La confusión fortalece a quien decide.

Mientras eso no cambie, vamos a seguir dando vueltas a la manzana. Miraremos un cordón despintado, buscaremos un cartel que no está y tomaremos una decisión sin saber si actuamos correctamente. Después aparecerá alguien para decirnos que deberíamos haber conocido la regla.

El Estado inaccesible funciona de esa manera. Borra las señales, conserva las sanciones y deja toda la incertidumbre del lado del ciudadano.

Esto es Fuga.

Edición 63.