Por José Mariano.

«No existe la sociedad. Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias.»
— Margaret Thatcher.

Una familia instala cámaras por seguridad. Compra un tanque de agua para atravesar los cortes del verano, paga una escuela porque desconfía de la educación pública y contrata un servicio de salud porque la atención pública está colapsada. Si necesita realizar un trámite, busca un gestor o alguien que conozca a la persona indicada. Cada una de esas decisiones parece razonable. Juntas describen una sociedad en la que vivir se ha convertido en la tarea de encontrar soluciones particulares para problemas comunes.

Históricamente, la figura del ciudadano estuvo ligada a una forma de pertenencia. Ser ciudadano significaba formar parte de una ciudad, habitar sus instituciones, someterse a sus leyes y participar de una conversación acerca de aquello que debía hacerse entre todos. Esa figura contenía derechos, obligaciones y una relación simbólica con el lugar compartido. También suponía que algo podía importarnos aunque no nos afectara directamente.

Sin embargo, hoy esa idea parece venir del siglo pasado. La palabra todavía circula en los discursos oficiales, aparece en las campañas electorales y forma parte del vocabulario institucional, pero la experiencia que alguna vez representó se encuentra cada vez más debilitada. Ya casi no existen ámbitos deliberativos donde la ciudadanía pueda construirse. La participación suele reducirse al voto, la opinión en las redes o el reclamo individual.

En ese vacío, el ciudadano adquiere progresivamente la forma de un consumidor.

El consumidor elige, compra, usa, califica y cambia de proveedor cuando encuentra una oferta mejor. Su vínculo con las cosas depende de la utilidad que obtiene de ellas. Esa lógica resulta comprensible en el mercado, pero se ha extendido hacia territorios donde termina modificando nuestra relación con el mundo. La salud, la educación, la seguridad, el transporte y hasta la posibilidad de ser escuchados por una institución comienzan a organizarse como servicios a los que cada uno accede según sus recursos.

La privatización de la ciudadanía ocurre también en nuestra manera de mirar la ciudad. Los códigos de planeamiento urbano responden con frecuencia a la rentabilidad del suelo y a las posibilidades del comercio. Una plaza se valora por la actividad económica que puede atraer; una vereda, por la circulación que permite; un barrio, por el precio de sus propiedades; un edificio histórico, por su rendimiento turístico. La ciudad deja de ser el lugar donde una comunidad construye su forma de vida y se convierte en un espacio destinado a producir oportunidades de consumo.

Algo parecido sucede con las instituciones. Frente a ellas ya no comparecemos como integrantes de una comunidad política, sino como usuarios que necesitan resolver una dificultad. Recibimos un número de gestión, ingresamos en una plataforma, hablamos con una respuesta automática y completamos una encuesta de satisfacción. La institución adopta el lenguaje de una empresa, pero casi nunca ofrece aquello que ninguna empresa puede reemplazar: un interlocutor capaz de asumir una responsabilidad pública.

Cuando esa respuesta no llega, cada uno intenta abrirse camino con los recursos que tiene. Busca un contacto, contrata un gestor, paga un servicio o consigue una excepción. El derecho pierde entonces parte de su carácter común. La misma institución ofrece experiencias diferentes según la información, el dinero o los vínculos de quien se acerca a ella. Bajo una apariencia de igualdad, cada persona recibe la porción de ciudadanía que puede conseguir por su cuenta.

Sería injusto convertir estas conductas en una acusación contra quienes intentan proteger a su familia, conservar su trabajo o resolver una necesidad urgente. Nadie instala rejas, paga una cuota o busca un conocido para formular una teoría política. Lo hace porque necesita continuar con su vida. Sin embargo, la suma de esas decisiones razonables produce una sociedad fragmentada. Cada uno resuelve lo suyo y, con el tiempo, olvida que también existía lo nuestro.

La transformación alcanza finalmente al Estado. Administrar consumidores resulta muy distinto de gobernar ciudadanos. El ciudadano forma parte de una voluntad que debe ser escuchada, representada y, en alguna medida, construida. El consumidor expresa preferencias que pueden medirse, clasificarse y gestionarse. Ante él, la política ya no necesita ofrecer un proyecto común. Puede segmentar públicos, identificar demandas, diseñar mensajes y distribuir respuestas particulares.

Las campañas electorales muestran ese desplazamiento. Los candidatos se presentan como marcas, estudian a sus audiencias y adaptan sus discursos a los deseos de cada sector. La política se convierte en una oferta entre varias disponibles. Elegimos una, esperamos resultados inmediatos y buscamos otra cuando la experiencia no satisface nuestras expectativas. Entre una elección y la siguiente, nuestra participación queda reducida a la aprobación, la queja o el comentario.

El mayor peligro de este proceso se encuentra en el vaciamiento de la carga simbólica del ciudadano. Una ciudad habitada por consumidores puede mantener sus comercios abiertos, aumentar el valor de sus propiedades y multiplicar sus servicios. También puede perder, mientras todo eso sucede, la capacidad de pensarse como una comunidad. El consumidor reconoce necesidades e intereses; el ciudadano reconoce además vínculos, responsabilidades y una historia que comparte con personas que nunca conocerá.

La privatización de la ciudadanía comenzó mucho antes de que pudiéramos advertirla. Avanzó cada vez que aceptamos que un problema colectivo debía tener una solución individual, cada vez que una institución nos trató como clientes y cada vez que la ciudad fue pensada como una superficie de negocios. Así fuimos aprendiendo a proteger nuestra casa, nuestra cuadra, nuestra seguridad y nuestro futuro inmediato.

Todavía permanece, debajo de todas esas defensas, el recuerdo de que una ciudad era algo más que el lugar donde cada uno intentaba salvar lo suyo. Era también una forma de construir una vida con otros. Recuperarla exige volver a mirar aquello que queda fuera de nuestras rejas, de nuestros contratos y de nuestras necesidades particulares. Allí comienza la ciudadanía. Allí comienza también la reconstrucción de un mundo común.

Esto es Fuga. 

Edición 64.