Por Julieta Cossio.
Es fácil tener principios cuando todavía no apareció alguien dispuesto a ponerlos a prueba. Uno se declara defensor de la libertad, de la igualdad, de la propiedad o del orden y sigue con su vida. Las palabras quedan bien. El problema empieza cuando hay que decidir quién toma agua, quién recibe una paliza y quién paga las consecuencias de una decisión ajena.
Hagamos la prueba. Un hombre es dueño de la única fuente de agua potable de un pueblo y cobra por ella lo que quiere. Usted defiende la propiedad privada. Perfecto. Ahora imagine que no puede pagar y que su hijo tiene sed. La fuente sigue siendo la misma. Lo que cambió fue su lugar en la escena. Ahí empieza la parte incómoda de la política, cuando un principio que parecía suficiente necesita responder por sus consecuencias.
Otro caso. Una joven insulta y golpea a un policía durante una manifestación. Cuatro agentes la reducen y, una vez que ya no representa un peligro, siguen pegándole. Hay quienes encontrarán en la agresión inicial una autorización para todo lo que venga después. Conviene detenerse ahí. Entre detener a una persona y castigarla a golpes hay una decisión. El uniforme puede volverla más fácil de justificar, sobre todo cuando quien recibe los golpes nos resulta antipático.
Usted puede sentir alivio porque finalmente alguien puso orden. También puede imaginar que la próxima manifestación será por algo que le importa y que ese cuerpo en el suelo podría ser el suyo. Sería interesante que el criterio sobreviviera al cambio de protagonista.
Sigamos. Alguien descubre un medicamento capaz de salvar millones de vidas y fija un precio que casi nadie puede pagar. Merece una recompensa por su trabajo. Quienes necesitan el tratamiento quieren vivir. Repetir que cada uno tiene sus derechos deja intacta la pregunta sobre qué hacemos cuando el ejercicio de uno vuelve imposible la vida del otro. El enfermo tiene menos tiempo que nosotros para resolverla.
Un empresario construye una fábrica que emplea a cinco mil personas y se la deja a un hijo incapaz de administrarla. La herencia parece un asunto familiar hasta que cinco mil familias descubren que su futuro también quedó incluido en el testamento. Podemos defender el derecho a transmitir un patrimonio y, al mismo tiempo, discutir cuánto poder sobre vidas ajenas debería transmitirse con él. La dificultad merece algo mejor que una consigna.
Con los gobiernos hacemos un ejercicio parecido, aunque solemos ser bastante más indulgentes cuando votamos al que manda. Un candidato promete sostener las jubilaciones y después las reduce. Si es el nuestro, encontramos circunstancias, restricciones, herencias recibidas. Si es el adversario, encontramos una estafa. Tenemos una notable capacidad para comprender la complejidad cuando sirve para absolver a los propios.
Algo semejante ocurre con la vigilancia. La cámara tranquiliza mientras suponemos que observa a otros. El control parece razonable mientras tenemos la certeza de que nuestra conducta será considerada normal. Basta que cambie el gobierno, la protesta o la definición de sospechoso para descubrir cuánto habíamos entregado a cambio de sentirnos seguros.
Podríamos clasificar animales políticos según las respuestas. Conviene mirar primero cómo las elegimos. Podemos ser liberales con nuestra propiedad, autoritarios con la protesta ajena y partidarios de una intervención urgente del Estado cuando peligra nuestro trabajo. Las contradicciones tienen domicilio, horarios y beneficiarios.
Ninguna de estas escenas se resuelve contando letras y asignando una especie al final de la página. Algunas decisiones exigen límites; otras, instituciones capaces de impedir abusos; todas obligan a reconocer a quienes soportan sus efectos. Pensar políticamente requiere quedarse un rato ahí, incluso cuando la respuesta perjudica una comodidad propia.
Pruebe entonces con una última pregunta. Antes de defender una medida, cambie los nombres. Ponga a su adversario al mando, a su familia en la fila, a usted del otro lado de la puerta. Después vuelva a responder.
Si necesita averiguar quién gobierna para decidir cuánto abuso está dispuesto a tolerar, ya tiene un resultado bastante preciso.