Por Rodrigo Fernando Soriano.

«Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras…» Lito Nebbia «Quien Quiera Oir que Oiga»

¿Qué sucede cuando el Estado deja de ser espejo protector y se torna ojo vigilante que no perdona? Cuando aquel que debería salvaguardar nuestros derechos se transforma en guardián del miedo, vigilando y castigando.

En las últimas semanas, el gobierno nacional argentino —en su pretensión de “proteger”— terminó ordenando allanamientos a dos periodistas y un medio digital, luego de que aparecieron audios presuntamente grabados en la Casa Rosada y protagonizados por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. Además, una medida judicial prohibió su difusión alegando “daños a la intimidad e institucionalidad”, sin siquiera acceder al contenido

¿Es sorprendente? No: el Decreto 383/2025, publicado el 17 de junio, reforma por completo el Estatuto de la Policía Federal, derogando la ley de 1958 y formalizando el “ciberpatrullaje” en espacios públicos digitales —como redes sociales y sitios web— sin requerir autorización judicial. Si, expresamente dice “sin requerir autorización judicial previa”.

Organismos de derechos humanos denunciaron esta reforma: se trata de una ampliación del poder policial sin control parlamentario, vulnerando garantías constitucionales como el debido proceso, la intimidad y la libertad de expresión

Desde la Revolución Francesa, la respuesta al poder arbitrario se llama Constitución, y desde 1994 en Argentina, los Tratados de Derechos Humanos son garantes adicionales. Pero hoy, ese cerrojo parece desvanecerse. ¿Estamos frente a un poder que sanciona y solo crea miedo, no sentido, no propósito común? ¿Habríamos construido finalmente un sentido más potente que el que impone el gobernante? O quizá, como decía Nietzsche, el sentido es poder: comunicar es expandir poder sobre el otro.

El soberano impone sentido incluso cuando lo ejerce autoritariamente. Moldea la verdad, traza el horizonte compartido, define quién es el héroe y quién el villano. Como en el western: los “buenos” (los cowboys) persiguen a los “malos” (los “indios”). Eso es sentido manufacturado.

Pero el poder maligno no conoce redención: Burckhardt señaló que el poder avaro no puede cumplirse y, por ello, somete a otros a la desdicha; Schmitt también lo detectó en la personificación del poder. Para Foucault, el poder es biopoder: normalizador, controlador de vida, estructurador del sentido y represión. No es novedad: ya Hegel, Freud o Reich lo habían detectado como fuerza que reprime.

Este gobierno no solo produce castigo; produce realidad. Tal como Ulises amarrado al mástil para resistir el canto de las sirenas, nuestra Constitución y los Tratados de Derechos Humanos debieran ser ese mástil que nos impide sucumbir. Debemos repudiar cualquier ejercicio de poder maligno, que vigila, sanciona, amordaza, configura la verdad a su antojo.

Si algo nos enseña la historia es que el poder no desaparece: muta, se disfraza, cambia de manos, pero conserva su pulsión de vigilancia y castigo. La verdadera tarea como sociedad no consiste solo en señalar la arbitrariedad del soberano de turno, sino en superar nuestras propias complacencias con ese poder. Tenemos que dejar de naturalizar que la seguridad se imponga por sobre la libertad, que el miedo valga más que la dignidad, que el silencio se confunda con paz.

Debemos recuperar la memoria democrática, no como un museo de derechos, sino como una práctica viva que se defiende todos los días. La Constitución y los Tratados no son piezas de archivo, sino instrumentos que nos recuerdan que ningún poder puede arrogarse la capacidad de moldear la verdad.

En última instancia, superar estos desafíos significa comprender que el poder no es destino: es una construcción. Y toda construcción puede ser repensada, resistida, reformada. El desafío es no resignarnos a que nos sigan diciendo quiénes somos, qué debemos temer, qué debemos callar. Superar, en fin, la obediencia ciega que convierte a los ciudadanos en súbditos y devolverle a la democracia su sentido más radical: el de la libertad compartida.