Por Enrico Colombres.

“El poder es tolerable solo cuando es visible.”
— Hannah Arendt.

La democracia rara vez se derrumba sin previo aviso. No se suele anunciar su agonía con discursos grandilocuentes ni con actos solemnes que permitan advertir con claridad el momento exacto en que comienza su decadencia. Por el contrario, su desgaste es gradual, silencioso, casi imperceptible para una sociedad habituada a convivir con pequeñas renuncias de derechos. Y entre esas renuncias, una de las más peligrosas es la tolerancia frente a cualquier forma de restricción a la libertad de prensa.

La exclusión de periodistas del acceso a la Casa Rosada no es una mera cuestión administrativa menor ni una decisión técnica vinculada a la organización interna del Poder Ejecutivo. Es un acto político con implicancias institucionales profundas. Porque cuando se limita el ingreso, la permanencia o la posibilidad de preguntar de quienes tienen la función de informar, no se está afectando únicamente a un sector profesional: se está lesionando el derecho colectivo de la ciudadanía a ser informada y a conocer cómo se ejerce el poder.

El periodista no ocupa ese espacio por privilegio personal, sino con un compromiso social. No está allí como invitado de cortesía ni como espectador decorativo. Su presencia representa un principio republicano esencial: el control público sobre los actos de gobierno. Cuando ese acceso se restringe, cuando se filtran acreditaciones, se reducen oportunidades de interacción o se establecen barreras selectivas, lo que se produce es una forma de censura funcional. Y la censura, aun cuando se disfrace de reglamento, sigue siendo censura.

Conviene decirlo sin pelos en la lengua.

Porque el problema no es solo el hecho puntual, sino lo que simboliza. Un gobierno que limita la presencia de la prensa en la sede máxima del Ejecutivo transmite un mensaje inequívoco: prefiere administrar su relato antes que someterse a la incomodidad del cuestionamiento. Y allí reside el verdadero riesgo.

La república no se sostiene únicamente con elecciones periódicas. También requiere transparencia, acceso a la información, división de poderes y prensa libre. Sin esos pilares, el voto se convierte en una legitimación formal vaciada de contenido democrático.

¿Qué significa impedir o restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada? Significa debilitar uno de los mecanismos más visibles del control institucional. Significa reducir la posibilidad de preguntas espontáneas, de repreguntas incómodas, de observación directa. Significa transformar la comunicación gubernamental en un flujo unilateral, donde el mensaje se emite cuidadosamente diseñado, sin espacio real para la confrontación crítica.

Y eso no fortalece al Estado; lo vuelve opaco y evasor.

La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para minimizar estos hechos. Durante las dictaduras militares, la censura fue brutal y explícita: clausura de medios, persecución, listas negras, secuestro de publicaciones, desaparición de periodistas. Era el silencio impuesto por la fuerza.

En democracia, los métodos se sofisticaron. Ya no siempre se calla con violencia directa; se condiciona con mecanismos más sutiles. Se premia a los afines, se castiga a los críticos, se distribuye la pauta oficial con discrecionalidad, se desacredita públicamente al periodismo, se construyen enemigos discursivos y, cuando resulta conveniente, se restringe el acceso a los espacios institucionales.

¿Es esto nuevo? No. ¿Es por eso menos grave? Tampoco.

Cada gobierno argentino ha tenido su relación conflictiva con la prensa. Algunos privilegiaron la cercanía con grupos mediáticos funcionales; otros promovieron enfrentamientos abiertos; otros utilizaron el aparato estatal para instalar su narrativa. Pero cuando la disputa política deriva en la limitación concreta del ejercicio periodístico, el problema deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural.

Porque no se trata de una pelea entre funcionarios y periodistas. Se trata de una disputa por el sentido mismo de la información pública: el derecho a la información.

Y la pregunta central es esta: ¿cuánto estamos dispuestos a tolerar antes de reaccionar?

Porque la sociedad suele mirar estas situaciones con indiferencia, y ya casi sin preocupación, como si fueran conflictos ajenos, corporativos, exclusivos del ámbito periodístico o político. Pero cuando se debilita la prensa, no pierde solo el periodista. Pierde el ciudadano.

Pierde el trabajador que necesita saber qué decisiones afectan su salario. Pierde el jubilado que quiere comprender cómo impactan las políticas en su vida cotidiana. Pierde el dueño de la pyme, el estudiante, el profesional, el vecino común.

Porque sin prensa libre no hay información plural, y sin información plural no existe ciudadanía verdaderamente libre e informada.

Lo preocupante del presente no es solo la medida en sí, sino su naturalización. Que un sector de la sociedad la justifique bajo el argumento de que “los periodistas mienten”, “operan” o “defienden intereses” es un síntoma alarmante.

Sí, existen excesos, sesgos y malas prácticas en el periodismo. Como en cualquier profesión. Pero la respuesta a un periodismo imperfecto no puede ser la restricción del acceso, sino más transparencia, más competencia, más pluralidad.

Porque cuando se habilita al poder a decidir quién puede preguntar y quién no, se inaugura una lógica incompatible con la democracia.

¿Quién define qué periodista merece entrar? ¿Con qué criterio? ¿Bajo qué parámetros? ¿Quién controla al que controla?

Esas preguntas importan, porque detrás de cada exclusión hay una construcción política del silencio.

La Casa Rosada no pertenece al gobierno de turno. Es un símbolo institucional del Estado argentino que le pertenece al pueblo. Su acceso no puede quedar sujeto a simpatías ideológicas, conveniencias narrativas ni estrategias comunicacionales.

Blindar ese espacio frente a la prensa equivale a blindarlo frente a la sociedad en su conjunto.

Y cuando el poder se blinda, inevitablemente se distancia del pueblo.

La experiencia histórica demuestra que todo proceso de concentración discursiva comienza desacreditando al intermediario incómodo. Primero se cuestiona la legitimidad del periodista. Luego se restringe su presencia. Después se instala la idea de que la comunicación directa del líder con “el pueblo” vuelve innecesarios los filtros críticos.

Es el viejo sueño del poder absoluto: hablar sin ser interpelado.

Pero un líder sin preguntas no fortalece su autoridad; la empobrece. Porque la democracia necesita tensión, debate, confrontación de ideas, diálogo y consenso.

Sin eso, queda solo la escenografía.

Y una república convertida en escenografía es una democracia en retirada.

Lo verdaderamente inquietante es que estas prácticas suelen consolidarse mientras la sociedad permanece distraída en urgencias económicas, crisis sociales o disputas superficiales.

Cuando la inflación asfixia, cuando el empleo tambalea, cuando la inseguridad domina la agenda, la defensa de las libertades públicas parece secundaria.

Pero no lo es.

Porque precisamente en contextos de crisis es cuando más necesario resulta el control institucional. Cuanto mayor es la concentración de poder, mayor debe ser la vigilancia ciudadana.

La historia enseña que las libertades no se pierden de un día para otro. Se fragmentan. Se relativizan. Se justifican.

Hoy se excluye a periodistas. Mañana se condiciona a académicos. Luego se desacredita a jueces, opositores, organizaciones civiles.

Y cuando finalmente la sociedad advierte el deterioro, muchas veces ya es tarde.

Entonces cabe preguntarse: ¿vamos a esperar a que el silenciamiento sea total para reaccionar? ¿Vamos a seguir relativizando cada avance sobre las libertades porque no afecta inmediatamente nuestra esfera personal?

La indiferencia es el mejor aliado del autoritarismo.

Y el autoritarismo contemporáneo rara vez se presenta con uniformes. Suele llegar envuelto en discursos de eficiencia, orden, modernización o comunicación estratégica.

Pero su esencia es la misma: siempre reducir controles, concentrar narrativa y debilitar voces críticas.

No importa el color político, la ideología ni la popularidad del gobierno. Ninguna administración democrática tiene derecho a restringir el acceso de la prensa a los espacios institucionales.

Porque el poder no debe sentirse cómodo. Debe sentirse observado.

Esa es la esencia republicana.

Y si la sociedad acepta que se silencie o condicione a quienes preguntan, entonces también acepta renunciar a una parte esencial de su libertad.

La defensa de la prensa libre no es una bandera corporativa. Es una causa ciudadana.

Porque detrás de cada periodista excluido hay una pregunta que no se hará, una respuesta que no se escuchará, una verdad que quedará filtrada.

Y cuando las preguntas desaparecen, lo que se instala no es el orden.

Es el miedo.

La democracia no muere solo cuando se clausuran instituciones como la defensa al consumidor. También se debilita cuando se vacían de sentido.

Y una Casa Rosada sin preguntas incómodas, sin periodistas críticos y sin acceso plural deja de ser un símbolo republicano para convertirse en un escenario controlado.

La cuestión es si vamos a advertirlo a tiempo.

Porque el problema no es solamente lo que hace el poder.

El problema es cuánto está dispuesto a tolerar un pueblo antes de comprender que cada silencio impuesto hoy puede convertirse en una libertad perdida en el mañana.