Por Marcelo L. Velasco.

En tiempos de urgencia, descreimiento y respuestas instantáneas, el derecho sigue siendo una de las pocas herramientas capaces de poner límites al poder, ordenar los conflictos y proteger la dignidad humana.

Estas palabras resumen como suele ser percibido el derecho, un universo lejano, poblado de expedientes, tecnicismos y decisiones que parecen ocurrir siempre en otro lado y no aquí en la realidad. Sin embargo, rara vez estuvo tan presente en la vida cotidiana como hoy, discusión sobre los límites del poder, en los reclamos por seguridad, en las demandas por igualdad, en el acceso a la salud, en la defensa de la propiedad, en la libertad de expresión y en cada conflicto que obliga a una sociedad a decidir cómo quiere convivir, porque no hay que olvidar que detrás de cada resolución, hay un reclamo de personas que esperan una respuesta justa.

La cuestión se vuelve todavía más visible en una época atravesada por la ansiedad pública, hechos de violencia, femicidios, actos de corrupción, todo parece exigir una respuesta inmediata: una sentencia instantánea, una condena social, una reacción política sin pensar en los intereses personales. 

En ese clima, el derecho cumple una función incómoda pero indispensable, recuerda que no todo puede resolverse por impulso, que el poder necesita frenos y que la justicia no se construye con apuro, no hablamos de prometer soluciones mágicas, sino imponer una pausa racional allí donde domina la urgencia.

Esa pausa tiene nombre: legalidad, y no es un formalismo vacío, porque la vida en sociedad necesita reglas claras, públicas y previsibles para evitar que los conflictos terminen siendo resueltos por conveniencia, por fuerza o por miedo. Allí aparece la seguridad jurídica, que explicada en términos simples significa poder saber a qué atenerse, confiar en que las normas valen para todos y que su aplicación no dependerá del capricho del gobierno de turno. Cuando esa seguridad jurídica se deteriora, no sólo se resiente el sistema institucional, también se rompe la confianza social, que solo quiere vivir en una sociedad justa. 

Ahora bien, el derecho no se agota en ordenar la realidad, también pretende orientarla hacia una idea de justicia, un desafío más exigente aún. Porque ley y justicia no son sinónimos automáticos, pero si necesarios el uno con el otro, por lo que deben estar en dialogo constante. De allí la importancia de las instituciones, de los controles constitucionales, de la independencia judicial y del debido proceso. No son adornos técnicos ni lujos para algunos, son resguardos concretos frente a la tentación tan antigua como persistente: la de ejercer poder sin límites y sin rendición de cuentas.

En un Estado de Derecho no significa sólo que existan leyes, sino que nadie quede por encima de ellas, ni un funcionario, ni un magistrado, ni una mayoría selecta deberían poder actuar fuera de los límites que marca el orden jurídico. Allí se juega buena parte de la salud democrática de un país, porque cuando las reglas se aplican selectivamente, cuando los controles se vacían o cuando la legalidad se vuelve un recurso pago, lo que se debilita no es una institución, sino que se resiente la confianza de la ciudadanía.

Hay, además, otra dimensión que es necesario resaltar, el derecho funciona como una red de protección para quienes están más expuestos, aquellos que están fuera del sistema y que viven a diario desigualdades y abusos. La igualdad ante la ley, entendida de manera puramente formal, no alcanza para corregir las desventajas concretas. El acceso a la justicia, las garantías procesales y la centralidad de los derechos humanos expresan precisamente esa evolución: la idea de que la protección jurídica vale poco si no alcanza, en los hechos, a quienes más la necesitan, por eso, el derecho debe servir especialmente para dar voz a quienes no son escuchados.

Nada de esto resulta menor en una época dominada por la velocidad del juicio público, las redes sociales amplifican denuncias, sospechas y reclamos con un rigor superlativo, pero también con la ilusión de que todo conflicto pueda resolverse en tiempo real. El problema aquí es que la justicia exige algo distinto: prueba, contradicción, plazos, análisis y garantías para las partes, es decir, un procedimiento. 

Defender ese procedimiento no implica encubrir abusos ni diluir responsabilidades, implica sostener un principio democrático básico: sin reglas, incluso las causas más justas pueden terminar destrozando el orden que dicen defender.

Desde una mirada personal, creo que hoy más que nunca debemos defender el valor del derecho como espacio de equilibrio y generación de justicia. En una época marcada por la urgencia, la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones, la justicia debe sostenerse en la razón, la prueba, la equidad y el respeto por las garantías de todos. 

Considerar al Derecho como un simple repertorio de tecnicismos o defensa corporativa de las instituciones, es un error, se lo debe concebir como una condición indispensable para la convivencia, para la paz social. No consiste en borrar los conflictos, porque una sociedad heterogénea siempre tendrá tensiones, disputas e intereses contrapuestos, la cuestión radica en contar con mecanismos legítimos para procesarlos sin que todo derive en arbitrariedad, imposición o violencia. 

Tribunales confiables, reglas estables, controles efectivos, diálogo institucional forman parte de esa arquitectura invisible que muchas veces sólo se advierte y cuando falla lo que aparece no es más justicia, sino más incertidumbre. 

Por eso conviene insistir en algo elemental: fortalecer la cultura jurídica, exigir instituciones responsables y defender el Estado de Derecho como necesidad concreta para preservar la dignidad humana, limitar los abusos y sostener una democracia que no quede a merced de la fuerza, la improvisación, el poder político o el enojo del momento.

Jean-Jacques Rousseau decía ¨El hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes encadenado…las cadenas son las leyes opresivas de las sociedades corrompidas. En el nuevo pacto, se pierde la libertad natural (hacer lo que uno quiera) pero se gana la libertad civil (la autonomía protegida por la ley) ¨.

Por eso, hablar del derecho es hablar de convivencia, es hablar de límites, de responsabilidades, de libertad, pero también de esperanza. Porque cuando la ley se aplica con equidad y verdad, no solo ordena la vida social, también se protege la dignidad de las personas.