Por Fernando Crivelli Posse.

“No basta que la justicia se haga; es necesario que se vea que se hace.”
Lord Hewart.

Pocas frases han sintetizado con tanta precisión una de las condiciones esenciales del Estado de Derecho. La justicia no agota su misión en la mera aplicación formal de la ley ni en la emisión de resoluciones jurídicamente correctas. Su verdadera fortaleza descansa también en la confianza que inspira, en la transparencia de sus procedimientos y en la certeza pública de que sus decisiones responden únicamente a los hechos, las pruebas y el derecho. Una sociedad democrática no solo necesita que la justicia actúe con independencia; necesita además percibir que lo hace sin privilegios, sin interferencias y sin concesiones al poder. Cuando esa percepción se debilita, la legitimidad institucional comienza a erosionarse, porque la credibilidad de la justicia no depende únicamente de sus fallos, sino de la convicción colectiva de que la verdad sigue siendo su único compromiso.

Una vez que esa confianza comienza a deteriorarse, el problema deja de pertenecer exclusivamente al ámbito judicial. La desconfianza en las instituciones termina proyectándose sobre todo el sistema político, porque las personas dejan de preguntarse únicamente qué ocurrió y comienzan a preguntarse: ¿por qué ocurrió?, ¿quién se benefició?, ¿qué intereses pudieron haber intervenido para que determinados hechos permanecieran en la penumbra?.

Giovanni Falcone, el magistrado italiano que enfrentó a la Cosa Nostra y terminó pagando con su vida esa decisión, comprendió mejor que nadie que las organizaciones criminales no se sostienen únicamente por la violencia. Su verdadero poder no reside en las armas ni en las amenazas. Reside en su capacidad para construir redes de protección, para infiltrarse en espacios de influencia y para aprovechar las debilidades de instituciones que deberían impedir su avance.

Por eso una de sus enseñanzas más recordadas conserva una vigencia extraordinaria: seguir el dinero significa seguir las relaciones de poder. Significa comprender que detrás de muchos fenómenos de corrupción, impunidad o criminalidad organizada existen vínculos, intereses y beneficios que rara vez aparecen a simple vista.

Las mafias no necesitan reemplazar al Estado. Les resulta mucho más útil convivir con él.

A lo largo de la historia, las organizaciones criminales más sofisticadas no buscaron destruir las instituciones republicanas. Comprendieron que era más eficiente influir sobre ellas, condicionarlas o aprovechar sus zonas grises. Allí donde el control se vuelve débil, donde las responsabilidades se diluyen o donde ciertas preguntas dejan de formularse, aparecen espacios propicios para que prosperen intereses incompatibles con el bien común.

Frédéric Bastiat formuló una advertencia que conserva una inquietante actualidad: cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para determinados grupos, esos grupos terminan construyendo sistemas legales que lo autorizan y códigos morales que lo justifican.

La observación no debe interpretarse únicamente en términos económicos. También describe un fenómeno político. Toda estructura de privilegio necesita una narrativa que la legitime. Necesita explicaciones que normalicen aquello que debería despertar alarma. Necesita mecanismos institucionales que transformen excepciones en costumbres y que conviertan las sospechas en simples controversias pasajeras.

De esa manera la impunidad deja de presentarse como un escándalo excepcional y comienza a integrarse al paisaje cotidiano.

El riesgo para una república no aparece solamente cuando se viola la ley. El riesgo más profundo surge cuando la sociedad empieza a sospechar que la ley se aplica con distinta intensidad según las personas involucradas. La igualdad ante la ley constituye el fundamento moral del Estado de Derecho. Cuando esa igualdad parece desdibujarse, la confianza pública comienza a erosionarse de manera silenciosa pero constante.

Las consecuencias de ese proceso son profundas. La ciudadanía deja de percibir a las instituciones como árbitros imparciales y empieza a verlas como estructuras permeables a presiones políticas, económicas o corporativas. A partir de ese momento, cada decisión genera dudas, cada explicación parece insuficiente y cada silencio adquiere una relevancia que tal vez no tendría en circunstancias normales.

Aristóteles advertía que la corrupción política aparece cuando quienes ejercen el poder dejan de actuar en función del interés general para servir intereses particulares. Dos milenios después, la observación conserva una notable vigencia. Las formas cambian, los actores cambian y los contextos cambian, pero la lógica permanece inalterable: cuando los mecanismos de control pierden eficacia, el poder tiende naturalmente a protegerse a sí mismo.

Por esa razón, la fortaleza de una democracia no se mide por la severidad con la que trata a quienes carecen de influencia. Se mide por su capacidad para investigar aquello que resulta incómodo, por su disposición para avanzar allí donde existen intereses poderosos y por su decisión de garantizar que ninguna persona ni ninguna organización se encuentren por encima de la ley.

Falcone sostenía que la mafia era una creación humana y que, precisamente por esa razón, también tendría un final. Aquella afirmación contenía una profunda lección política. Ninguna estructura de impunidad es inevitable. Ninguna red de protección es eterna. Ningún sistema basado en privilegios puede sostenerse indefinidamente sin el consentimiento, la indiferencia o la resignación de quienes lo rodean.

Sin embargo, para que ese final sea posible resulta indispensable que las instituciones recuperen aquello que justifica su existencia: la búsqueda de la verdad.

Porque la verdad no puede limitarse a ser una declaración de principios. Debe traducirse en actos concretos, en investigaciones rigurosas, en controles efectivos y en decisiones capaces de resistir cualquier sospecha de favoritismo o interferencia.

Cuando eso ocurre, la justicia fortalece a la República.

Cuando deja de ocurrir, las consecuencias trascienden cualquier expediente, cualquier gobierno y cualquier coyuntura. Lo que comienza a deteriorarse es algo mucho más valioso: la confianza de los ciudadanos en que las reglas son las mismas para todos.

Y una sociedad puede soportar errores, demoras e incluso desacuerdos. Lo que difícilmente pueda soportar durante demasiado tiempo es la sensación de que existen verdades que nadie está dispuesto a buscar y responsabilidades que nadie está dispuesto a asumir.

Porque cuando la verdad deja de actuar, la justicia corre el riesgo de convertirse en una ceremonia vacía. Y cuando eso sucede, quienes más se benefician no son los ciudadanos honestos ni las instituciones republicanas, sino aquellos que prosperan precisamente en los espacios donde la verdad deja de ser una obligación y se transforma en una incomodidad.

Continuará…