Por Fernando Crivelli Posse.

“La indulgencia frente a los delitos contra la administración pública no fortalece la democracia; la debilita, porque enseña que el poder puede ejercerse sin responsabilidad.”

La bronca y el enojo son probablemente las emociones más visibles de una sociedad que observa, una vez más, cómo los escándalos de corrupción se suceden con una regularidad inquietante. Sin embargo, debajo de esa indignación cotidiana existe un sentimiento mucho más profundo y más peligroso: la angustia silenciosa de quienes comienzan a sospechar que las reglas no son iguales para todos y que el poder político habita un territorio donde las consecuencias rara vez alcanzan a quienes lo ejercen.

La corrupción genera indignación. La impunidad genera resignación.

Y cuando una sociedad se resigna, comienza a aceptar como inevitable aquello que debería combatir con mayor firmeza.

Durante décadas, los argentinos hemos cometido un error recurrente al analizar la vida pública. Hemos tendido a evaluar gobiernos, dirigentes y administraciones principalmente a partir de nuestra situación económica personal. Si el salario alcanzaba, si el consumo aumentaba o si determinadas condiciones materiales mejoraban, muchas veces se consideró que otros aspectos institucionales podían ser relativizados o directamente ignorados.

Pero una república no puede ser evaluada únicamente por la evolución del bolsillo de sus ciudadanos.

La situación económica individual constituye una variable importante, pero independiente. El objeto de análisis cuando se examina una gestión pública no debería limitarse a cuánto dinero ingresa en una cuenta bancaria, sino también a la calidad institucional con la que se administra el poder delegado por la sociedad.

Cuando un ciudadano acepta actos de corrupción porque su situación personal ha mejorado circunstancialmente, lo que en realidad está haciendo es postergar el interés general en beneficio de una ventaja particular. Es la expresión política de un egoísmo que se ha naturalizado durante demasiado tiempo: mientras mi huerta siga creciendo, pueden hacer lo que quieran detrás del alambrado, siempre y cuando no me falten mis propias hortalizas.

El problema es que las instituciones no funcionan como una propiedad privada.

Las instituciones constituyen el patrimonio común de una sociedad y su deterioro termina afectando incluso a quienes inicialmente creyeron beneficiarse de la situación. Ninguna comunidad puede sostener niveles duraderos de bienestar cuando la confianza pública se degrada sistemáticamente y cuando quienes administran recursos colectivos perciben que los riesgos de ser descubiertos o castigados son mínimos.

Por esa razón resulta necesario comprender que el principal problema argentino no es solamente la corrupción. La corrupción es, en gran medida, una consecuencia. La verdadera enfermedad es la impunidad.

Los incentivos importan. Y cuando los incentivos indican que apropiarse de recursos públicos, favorecer intereses particulares o utilizar el poder para beneficio propio tendrá consecuencias escasas, tardías o inexistentes, las conductas desviadas dejan de ser excepcionales para convertirse en previsibles.

El reciente fallo del Tribunal Supremo español en el denominado caso Koldo ofrece una lección institucional que merece ser observada con atención. Las condenas de 24 años para un exministro y de casi 20 años para uno de sus principales colaboradores no representan únicamente un castigo individual. Constituyen un mensaje institucional dirigido a toda la sociedad. El Estado democrático les recuerda a quienes administran recursos públicos que la traición a la confianza ciudadana acarrea consecuencias graves y concretas. Más importante aún, le recuerda a los ciudadanos que las instituciones conservan la capacidad de defenderse cuando son atacadas desde adentro.

La severidad de una sanción legítimamente impuesta no busca satisfacer deseos de revancha. Su función es mucho más importante. Busca disuadir futuras conductas similares. Busca elevar el costo de la corrupción. Busca que quien contemple utilizar el cargo público para enriquecerse personalmente sepa de antemano que el riesgo es real y que las consecuencias serán proporcionales al daño ocasionado.

En Argentina, por el contrario, la discusión parece avanzar con una lentitud desesperante. La ausencia de Ficha Limpia, la insuficiencia de ciertas tipificaciones penales vinculadas a delitos contra la administración pública, los procesos interminables y las condenas que muchas veces llegan décadas después de ocurridos los hechos contribuyen a consolidar una percepción social devastadora: la idea de que el sistema está diseñado más para administrar la impunidad que para combatirla.

Y cuando esa percepción se instala, el daño trasciende largamente el aspecto económico.

Lo que comienza a erosionarse es la confianza colectiva, que constituye el verdadero capital de una nación.

Porque los países no resultan confiables únicamente por sus indicadores macroeconómicos. También lo son por la fortaleza de sus instituciones, por la previsibilidad de sus normas y por la certeza de que quienes violan la ley responderán por sus actos independientemente del cargo que ocupen o del poder que acumulen.

Así las cosas, pareciera por momentos que determinadas estructuras creadas para controlar el ejercicio del poder han terminado dedicando una parte excesiva de sus esfuerzos a justificar, dilatar o redimir conductas que deberían recibir una respuesta inmediata y contundente. Como si el sistema hubiese olvidado que su función primordial no consiste en proteger a quienes lesionan la confianza pública, sino en proteger a la sociedad de quienes la lesionan.

La Argentina podrá avanzar económicamente. Podrá estabilizar variables, reducir desequilibrios y recuperar niveles de crecimiento. Pero mientras no logre reducir los márgenes de impunidad que rodean al poder político, continuará arrastrando una deuda institucional que terminará condicionando cualquier progreso material.

Porque el bienestar general no se construye solamente con inversión, empleo o estabilidad monetaria.

También se construye cuando la sociedad sabe que la República posee la fortaleza suficiente para castigar a quienes la utilizan en beneficio propio.

Y cuando esa certeza existe, la corrupción deja de ser una oportunidad atractiva para convertirse en aquello que siempre debió ser: un riesgo demasiado alto para quien pretenda traicionar la confianza de todos.

Continuará…