El 14 de febrero de 2025, Javier Milei, actual presidente de la Argentina, publicaba en la red social “X” para promocionar un proyecto privado que “incrementaria el crecimiento de la economía del país”. Tan solo una hora después, el valor de la criptomoneda caería un 89%, respondiendo así a un esquema de estafa.

Los medios no tardaron en estallar con debates acerca de la implicancia del mandatario en el posible fraude, y la filtración de un polémico recorte no incluido en una posterior entrevista con “Todo Noticias”, terminó por consolidar el episodio como un auténtico revés hacia la imagen presidencial.

De la red social “X” al Congreso de la Nación Argentina

La oposición, no tardó en manifestar que el caso debería ser expuesto ante la justicia, asegurando que la promoción de la cripto moneda $LIBRA, realizada por el presidente, sería una violacion a la Ley de Ética Pública, y que el mismo podría haber utilizado su posición para la obtención de beneficios económicos propios o de terceros.

Ley de Ética Pública
La Ley N 25.188 determina una serie de principios y deberes destinados a garantizar la transparencia y el correcto ejercicio en la función pública, así como también sanciones ante violaciones de la misma. Estas van desde la suspensión y destitución de los cargos, hasta sanciones penales. Se destaca particularmente en esta delicada situación, la obligación de evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

Quienes apoyan al presidente definen la comisión como innecesaria, y resaltan la necesidad de diferenciar entre la publicación en la red social y la presunta estafa, tal cual lo mencionaba Guillermo Francos (Jefe de

Gabinete de Ministros): “una cosa es el retweet, y otra lo que sucedió con la comercialización del token.”
Por el contrario, quienes pertenecen a partidos políticos opositores como la diputada Julia Strada (Unión por la Patria), declararon la comisión como necesaria e imprescindible para esclarecer el presunto fraude y la participación del gobierno en el mismo.

Acuerdo en Diputados

Luego de un arduo debate entre Diputados, el pasado martes 8 de abril,

se aprobó en el Congreso de la Nación, la creación de una comisión investigadora para el caso $LIBRA. El proyecto fue aprobado con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Al ser un proyecto de resolución, no debe ser votado en Senadores.

Si bien la sesión fue convocada por miembros de la oposición, fue la UCR quien proporcionó el quórum necesario para tratar la cuestión.

A pesar de que la creación de la comisión pueda ser percibida como un triunfo para aquellos que se pronuncian en desacuerdo con el disruptivo mandatario, las intenciones de utilizar el asunto para materializar un juicio político fueron rechazadas con 128 votos negativos frente a 104 positivos.

En cuanto a la conformación de la comisión se acordó que estará integrada por 21 miembros, de los distintos partidos políticos, aún por determinarse y tendrá un plazo de 3 meses para llevar a cabo la investigación. Si bien no se llamará a declarar al presidente, funcionarios del actual gobierno tendrán que dar explicaciones frente al cuerpo legislativo. Están citados: el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, el Ministro de Economía Luis Caputo, el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Perspectiva

Como ciudadanos de la nación podríamos ver este resultado con lógica optimista, ya que involucra el real accionar del congreso, como principal mecanismo de control hacia el poder ejecutivo. En otras palabras, exigir la rendición de cuentas del presidente frente a un asunto de tal magnitud, podría ser un paso adelante hacia gobiernos más transparentes y una democracia sólida, donde los argentinos efectivamente recibamos explicaciones por parte de quienes nos representan de las decisiones que eligen tomar.

Además, deja ver una cámara de diputados que no responde necesariamente al gobierno o a la oposición, sino que según la cuestión de fondo, modifica sus alianzas y la conformación de sus mayorías.

Sin embargo, cabe mencionar que el correcto funcionamiento de la comisión, estará sujeto al buen criterio de cada uno de sus miembros, y a la voluntad de los diputados de ajustarse a su principal deber, responder a la constitución y a la ciudadanía, más allá de sus parcialidades partidarias.

Es oportuno tener en cuenta, que paralelamente se tramitan causas judiciales de índole penal, con respecto a la posible comisión de estos hechos ilícitos.

Si bien la situación perjudica la imagen presidencial, más aún luego de la denuncia presentada en Estados Unidos, por parte de un estudio jurídico (Moyano & Asociados) especializado en fraudes financieros, ante el FBI y la Comisión de Valores estadounidense, no debemos sacar conclusiones adelantadas respecto a la culpabilidad o inocencia del presidente. El próximo 23 de abril la comisión se encontrará para su reunión constitutiva, y hasta entonces, debemos seguir expectantes de los avances.