Por Enrico Colombres.

«Lo público está por encima de lo privado.»
Lucio Anneo Séneca

La soberanía, para cierta dirigencia argentina, parece haberse convertido en una molestia administrativa. Un resto antiguo que incomoda a la hora de firmar acuerdos, ofrecer recursos, flexibilizar controles o explicar ante una potencia extranjera qué se hará con el país. En nombre de la modernización, palabra siempre útil para disimular retrocesos, se viene ejecutando una política de entrega que afecta el presente y compromete el futuro.

El gobierno argentino ha decidido convertir el alineamiento con Estados Unidos en una doctrina de Estado. Ya no se trata de una relación diplomática razonable ni de acuerdos comerciales propios de un mundo interdependiente. Se trata de una subordinación política, económica, energética y estratégica presentada como apertura al mundo. Pero abrirse al mundo no debería significar entregar las llaves de los sectores más sensibles de la Nación.

Uno de los episodios más graves es el acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos. Oficialmente se lo presenta como una herramienta para atraer capitales, mejorar exportaciones y fortalecer vínculos bilaterales. Pero detrás de esa retórica aparecen condicionamientos que rozan áreas esenciales de la soberanía argentina. El país acepta ajustar criterios de seguridad, cooperación tecnológica, controles comerciales y decisiones estratégicas a los intereses de una potencia extranjera. Dicho con menos elegancia, Argentina empieza a comportarse como si necesitara autorización externa para decidir sobre asuntos propios.

La discusión sobre las licitaciones públicas debe leerse en ese contexto. Aunque no se diga de manera explícita que cada contratación deba ser informada a Washington, se introducen mecanismos de control, cooperación y estándares de seguridad que pueden condicionar decisiones estatales en infraestructura crítica, tecnología, comunicaciones, energía y defensa. Una licitación que debería responder al interés argentino puede quedar atravesada por exigencias, filtros o criterios definidos por otro país. Eso no es eficiencia, es tutela. No es transparencia, es dependencia.

La gravedad aumenta cuando se mira el capítulo nuclear. Argentina no es una nación improvisada en esta materia. Es uno de los pocos países de América Latina con desarrollo nuclear sostenido, centrales en operación, profesionales formados, regulación propia y tradición científica de alto nivel. Atucha I fue la primera central nuclear de América Latina. Luego vinieron Embalse, Atucha II, los reactores de investigación, la medicina nuclear, el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica e INVAP. Ese camino no fue casualidad. Fue decisión política, inversión pública y continuidad científica.

Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950, el país formó generaciones de científicos, ingenieros, técnicos y especialistas capaces de sostener un área de enorme complejidad. La energía nuclear argentina fue una de las pruebas más contundentes de que un país periférico podía construir conocimiento propio, exportar tecnología, producir innovación y dejar de pedir permiso. No era solamente electricidad. Era soberanía acumulada en laboratorios, centrales, planos, cálculos, reactores y saber técnico.

Por eso resulta escandalosa la ofensiva actual sobre el sector. Los recortes presupuestarios, la pérdida de profesionales, el debilitamiento de la CNEA y el avance sobre Nucleoeléctrica Argentina no son simples medidas de austeridad. Son una agresión contra una de las áreas más estratégicas del Estado. Atucha no es una empresa más. La CNEA no es una repartición cualquiera. INVAP no es un proveedor común. Son pilares de independencia tecnológica. Tocarlos sin debate nacional, sin control parlamentario profundo y sin una estrategia soberana es una irresponsabilidad histórica.

El libreto oficial es conocido. Primero se desfinancia, después se declara ineficiente, luego se culpa al Estado y finalmente se ofrece la privatización como remedio. Pero la energía nuclear no es una mercancía ordinaria. Es infraestructura crítica, seguridad energética, conocimiento sensible y poder geopolítico.

A esto se suma la preocupación de diversos sectores vinculados al desarrollo científico y tecnológico nacional por el destino del conocimiento nuclear argentino registrado o aprovechado en el exterior. Existen interrogantes respecto del recorrido de capacidades estratégicas desarrolladas a partir de inversión pública argentina y posteriormente vinculadas a estructuras empresarias radicadas fuera del país. Si una tecnología fue creada con inversión pública, científicos argentinos e instituciones nacionales, su desplazamiento hacia intereses privados extranjeros no puede tratarse como una simple operación de mercado. Es, ante todo, un debate sobre soberanía tecnológica.

El llamado secreto atómico no debe imaginarse como una carpeta escondida en una caja fuerte. En el siglo XXI, el poder estratégico se guarda en diseños, patentes, licencias, software, planos, procesos industriales, equipos técnicos y cadenas de conocimiento. Si todo eso se entrega, se licencia, se registra afuera o se subordina a empresas extranjeras, el país pierde capacidad de decisión, control sobre su desarrollo y futuro.

La misma matriz aparece en el sur argentino. Los incendios recientes en la Patagonia arrasaron extensiones inmensas de territorio y reabrieron un debate persistente sobre el destino de esas tierras, los procesos de adquisición y el papel del Estado frente a la extranjerización y la especulación sobre territorios estratégicos.

En paralelo, el gobierno insiste con eliminar o debilitar los límites a la extranjerización de tierras rurales. La combinación es alarmante: Estado ausente, flexibilización legal y grandes capitales esperando oportunidades. La Patagonia no es un decorado turístico. Es agua, bosques, minerales, biodiversidad, pasos fronterizos, energía, turismo, memoria histórica y proyección futura. Quien entrega territorio patagónico entrega una parte central del destino argentino.

También preocupa el Atlántico Sur. Bajo el discurso de la cooperación, la seguridad marítima y la lucha contra la pesca ilegal, se habilitan acuerdos de patrullaje o presencia conjunta con Estados Unidos en zonas sensibles. En un país con Malvinas usurpadas, plataforma continental gigantesca y recursos pesqueros codiciados, cualquier intervención extranjera en el mar argentino debe ser observada con extrema prudencia. El Atlántico Sur no es una zona neutra. Es una herida abierta, una fuente de riqueza y una pieza geopolítica fundamental.

Todo esto compone un cuadro inquietante. Tierra, mar, energía, ciencia, tecnología, licitaciones, recursos naturales y conocimiento estratégico aparecen atravesados por una misma orientación: el retiro del Estado nacional y el avance de intereses externos. La Argentina parece ser administrada como una empresa endeudada que debe vender activos para agradar a sus acreedores. Pero una Nación no es una sociedad anónima. Un país no puede rematar su futuro para conseguir un aplauso financiero de corto plazo.

La traición a la patria, en sentido jurídico, tiene requisitos específicos. Pero en términos políticos, históricos y morales, la expresión adquiere una fuerza inevitable cuando un gobierno compromete recursos esenciales sin debate popular, sin consulta ciudadana, sin defensa del interés nacional y sin una visión soberana del desarrollo. No hace falta imaginar conspiraciones oscuras. Alcanza con observar la secuencia: ciencia desfinanciada, energía nuclear amenazada, tierras debilitadas, mar condicionado, licitaciones atravesadas por criterios externos y tecnología estratégica expuesta a intereses privados extranjeros.

La Argentina necesita con urgencia un freno institucional y constitucional profundo. No alcanza con esperar el próximo turno electoral mientras se comprometen áreas que pueden tardar generaciones en recuperarse. La Constitución Nacional debería establecer límites claros frente a la privatización, extranjerización o transferencia de sectores estratégicos.

Tierra, agua, energía nuclear, recursos naturales, infraestructura crítica, datos sensibles, defensa, mares, ríos, glaciares, litio, conocimiento científico y tecnología pública no pueden quedar sometidos al capricho ideológico de un gobierno transitorio.

Hace falta un cerrojo constitucional que impida que cualquier administración, por mayoría circunstancial o por decreto, pueda entregar activos esenciales de la Nación. Hace falta exigir mayorías agravadas, control parlamentario estricto, consulta popular vinculante y revisión judicial inmediata cuando se afecten bienes estratégicos. No se trata de inmovilizar al país. Se trata de impedir que lo irreversible sea decidido por funcionarios pasajeros.

Una democracia no puede limitarse a votar cada cuatro años mientras el patrimonio nacional es desguazado entre una elección y otra. Si la soberanía depende solo de la buena fe del gobernante de turno, entonces la soberanía está indefensa. Por eso la Argentina necesita discutir un nuevo límite constitucional a la entrega. Porque cuando la malintencionalidad llega al poder, la ingenuidad institucional se paga con territorio, energía, ciencia, trabajo y futuro. Y un país que entrega todo eso tal vez conserve sus símbolos, pero empieza a perder, lentamente, el derecho a llamarse Nación.