Por Fernando Crivelli Posse.
“Cuando la Justicia deja de limitar al poder y comienza a servirlo, la ley deja de proteger a los ciudadanos y termina protegiendo al poder mismo. Porque una República no se debilita cuando la ley pierde fuerza, sino cuando pierde autoridad frente a quienes deberían estar sometidos a ella”.
En los artículos anteriores sostuvimos que el problema más profundo de la corrupción no reside únicamente en los recursos públicos que se pierden, sino en la impunidad que altera los incentivos de quienes ejercen el poder. También advertimos que ninguna democracia puede sostenerse cuando la ciudadanía se resigna a convivir con esa realidad y termina aceptando como inevitable aquello que debería rechazar con mayor firmeza. Sin embargo, ambas reflexiones conducen a una pregunta aún más incómoda: ¿qué ocurre cuando la desconfianza ya no se dirige solamente hacia los gobernantes, sino también hacia las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley?
La respuesta excede el funcionamiento del Poder Judicial. Lo que comienza a erosionarse no es solo la calidad de determinadas sentencias o el desempeño de algunos magistrados, sino una condición indispensable para la existencia del Estado de derecho: la convicción de que las reglas conservan la capacidad de imponerse sobre el poder.
Existe una idea que atraviesa buena parte de la filosofía política contemporánea y que conserva una extraordinaria vigencia: la justicia existe precisamente para neutralizar el poder. Allí donde la riqueza, la influencia o la posición social determinan quién obtiene protección y quién no, la ley deja de cumplir su función republicana. Como se ha dicho con acierto: «La justicia entre débiles es justicia; la justicia entre un débil y un fuerte es injusticia; la justicia entre poderosos está librada al azar de las circunstancias». La frase parece severa hasta que se observan aquellas sociedades donde las instituciones dejan de actuar con independencia. El poderoso encuentra mecanismos para protegerse; el ciudadano común queda expuesto a un sistema cuyos resultados dependen demasiado de la influencia, los contactos o la oportunidad.
Ese fue, precisamente, el problema que intentó resolver John Rawls en Teoría de la justicia (Fondo de Cultura Económica, edición en español, 1995; obra original publicada en 1971). En lugar de preguntarse simplemente qué es una sociedad justa, Rawls formuló una pregunta más exigente: ¿qué principios aceptaríamos para organizar las instituciones si todavía no supiéramos qué lugar ocuparemos dentro de esa sociedad? Si ignoráramos si naceremos ricos o pobres, poderosos o vulnerables, difícilmente aceptaríamos reglas diseñadas para favorecer únicamente a quienes ocupan posiciones de ventaja.
Ese experimento mental, conocido como el «velo de la ignorancia», desplaza el eje de la discusión. La justicia deja de depender de las personas para descansar en las instituciones. Porque las diferencias de nacimiento, talento o fortuna son, para Rawls, circunstancias moralmente arbitrarias. Nadie elige la familia en la que nace ni las oportunidades con las que llega al mundo. Precisamente por eso, esos accidentes no deberían determinar los derechos fundamentales de las personas.
No es casual que Rawls abra su obra con una afirmación que se convirtió en un clásico de la filosofía política: «La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». La consecuencia es decisiva: ninguna institución, por eficiente que parezca, puede considerarse legítima si para funcionar exige sacrificar derechos fundamentales o tolerar privilegios incompatibles con la igualdad ante la ley.
Esa es, precisamente, la razón de ser del Poder Judicial. No fue concebido para reemplazar a la política ni para gobernar, sino para recordar que incluso las mayorías encuentran límites allí donde comienzan los derechos de los ciudadanos. Pero semejante responsabilidad no puede sostenerse únicamente sobre la existencia formal de tribunales o códigos. La autoridad de la Justicia descansa, sobre todo, en la confianza que la sociedad deposita en su independencia, imparcialidad y coherencia.
La Argentina conoce bien ese riesgo. Durante décadas, el debate sobre la Justicia ha oscilado entre dos extremos igualmente perjudiciales. Cada gobierno denuncia persecuciones cuando las decisiones judiciales le resultan adversas y celebra la independencia de los tribunales cuando esas mismas decisiones afectan a sus opositores. Pero el problema tampoco desaparece cuando los jueces invocan su independencia para sustraerse de toda crítica o de toda exigencia de rendición de cuentas.
La independencia judicial constituye una garantía para los ciudadanos, no un privilegio para los magistrados. Cuando el Poder Judicial se corporativiza, desarrolla mecanismos de autoprotección o termina identificando la preservación de sus propios intereses con la defensa de la Constitución, comienza a perder aquello que constituye su principal fuente de legitimidad: la confianza pública.
Más preocupante aún resulta cuando esa corporativización termina alineándose, de manera explícita o implícita, con los poderes establecidos y con la preservación del statu quo. En esas circunstancias, los tribunales dejan de ser percibidos como un contrapeso institucional y pasan a integrar el mismo entramado de poder que deberían controlar. La ley continúa existiendo y los procedimientos también, pero la percepción social cambia: algunos llegan a los tribunales con ventajas que otros jamás tendrán.
Las instituciones no solo administran poder; también educan. Cada decisión judicial transmite un mensaje acerca de aquello que una comunidad considera aceptable y de aquello que está dispuesta a sancionar. Cuando un acto de corrupción recibe una respuesta rápida y fundada, la sociedad aprende que el abuso del poder tiene consecuencias. Cuando los procesos se prolongan indefinidamente o determinadas decisiones generan la percepción de responder más a relaciones de poder que a criterios jurídicos, el aprendizaje institucional resulta exactamente el inverso.
Poco a poco comienza a instalarse la idea de que las reglas son negociables y de que la aplicación de la ley depende menos de los hechos que de la posición de quienes intervienen. Ese cambio cultural rara vez produce una conmoción inmediata. Sin embargo, termina alcanzando todos los ámbitos de la vida social. El comerciante que evade impuestos, el funcionario que confunde lo público con lo privado, el empresario que busca privilegios regulatorios o el ciudadano que intenta resolver un problema mediante un contacto antes que por el procedimiento regular participan, en distinta escala, de una misma lógica: la convicción de que las reglas pueden eludirse cuando las probabilidades de sufrir consecuencias son bajas.
No se trata de equiparar esas conductas. Lo que comparten es algo más profundo: todas prosperan en una cultura donde el cumplimiento de las normas deja de percibirse como un compromiso colectivo para convertirse en una decisión puramente instrumental.
Por esa razón, la confianza en la Justicia produce efectos que exceden largamente los expedientes judiciales. Una sociedad que cree en sus instituciones incorpora límites incluso cuando nadie la observa. En cambio, cuando predomina la sospecha de que la ley se aplica de manera selectiva, el cumplimiento espontáneo comienza a deteriorarse. La obediencia deja de descansar sobre la legitimidad de las instituciones y pasa a depender exclusivamente del temor a una sanción. Allí donde desaparece la autoridad moral de la ley, el control termina descansando únicamente sobre la posibilidad del castigo. Y ninguna república puede sostenerse durante demasiado tiempo únicamente mediante el miedo.
Quizás ese sea uno de los desafíos menos comprendidos de la Argentina contemporánea. Con frecuencia discutimos la independencia judicial como si se tratara de un problema exclusivamente jurídico, cuando en realidad constituye una cuestión que atraviesa toda la vida social. La confianza institucional condiciona la inversión, el respeto por los contratos, la igualdad ante la ley y la calidad misma de la convivencia democrática.
La experiencia demuestra que las sociedades más estables no son aquellas donde nunca existen conflictos ni episodios de corrupción, sino aquellas donde las instituciones logran transmitir una certeza compartida: que las reglas conservan vigencia, que las responsabilidades finalmente alcanzan a quienes las incumplen y que el derecho continúa siendo un límite efectivo para el ejercicio del poder.
La confianza es, probablemente, el recurso institucional más valioso del que dispone una república. Puede requerir décadas para construirse y apenas unos pocos años para diluirse. Pero cuando desaparece, no solo se resiente la imagen de los tribunales. Comienza a debilitarse la disposición colectiva a vivir conforme a reglas comunes.
Porque la fortaleza de una democracia no depende únicamente de la calidad de quienes gobiernan. Depende, sobre todo, de que exista una Justicia suficientemente independiente para controlar al poder, pero también suficientemente transparente para no convertirse ella misma en un poder sin controles. Solo entonces la ley recupera la autoridad necesaria para recordarles a todos —gobernantes, jueces y gobernados— que en una república nadie debería encontrarse por encima del derecho.
Continuará…