Por Fernando Pérez.

La reciente sentencia del asesor presidencial, al postular que la corrupción es una patología inherente y exclusiva del Estado —y que, por ende, su extirpación definitiva solo se lograría mediante la reducción de lo público a su mínima expresión—, nos invita a una discusión que excede la mera praxis macroeconómica para adentrarse en los laberintos de la condición humana. La tesis oficialista, de un reduccionismo casi idílico, parece olvidar que la arquitectura institucional no engendra los vicios, sino que apenas los aloja.

Para desmontar esta falacia de la asepsia privada, resulta imprescindible regresar a Aristóteles. En su Ética a Nicómaco, el filósofo no pensaba la política como un frío mecanismo administrativo, sino como la extensión natural de la moral. Para Aristóteles, la corrupción es la contracara exacta de la virtud. Y si la virtud es una potencia inherente al ser humano —que requiere ser cultivada—, la corrupción es su desvío intrínseco. No pertenece a un organigrama; pertenece a la condición humana.

Por lo tanto, la tentación del desvío ético no discrimina entre el mostrador de una mesa de entradas ministerial y el directorio de una corporación multinacional. Al final del día, en ambos lados del mostrador, lo que opera es el sujeto de carne y hueso. Creer que al disolver la esfera pública se disuelve el delito es un ejercicio de ingenuidad o, acaso, una sofisticada maniobra de distracción. La corrupción mutará, pero seguirá constituyendo una afrenta penal y moral.

Aquí es donde el planteo oficialista revela su arista más inquietante. Da la sensación de que la meta última del Gobierno no es la persecución o el combate frontal de la corrupción, sino su descentralización y posterior camuflaje. Al trasladar el volumen de las transacciones humanas exclusivamente al ámbito privado, el delito deja de erosionar el erario público para convertirse en un mero litigio entre particulares.

Es una suerte de privatización del pecado: si el Estado se encoge hasta desaparecer, la corrupción ya no es un asunto de interés nacional, sino una contingencia del mercado. Ocultar el vicio bajo el ropaje del negocio privado no lo hace desaparecer; simplemente lo vuelve invisible a los ojos de la República.