Por Fernando Crivelli Posse.
”Cada generación es un pueblo nuevo.”
Alexis de Tocqueville.
Si cada generación constituye un pueblo nuevo, también hereda una responsabilidad nueva: conservar las instituciones que recibió o permitir que comiencen a deteriorarse. Ninguna república permanece sólida por inercia. Cada época decide, mediante sus costumbres, su educación cívica y su compromiso con la ley, si las instituciones conservarán la autoridad para la que fueron creadas o si terminarán convertidas en estructuras vacías.
En el artículo anterior sostuvimos que la autoridad de la Justicia constituye el último límite frente al ejercicio arbitrario del poder. También advertimos que una república comienza a debilitarse cuando la ley deja de inspirar la confianza necesaria para imponerse incluso a quienes gobiernan. Sin embargo, esa reflexión conduce a una pregunta todavía más profunda: ¿por qué algunas instituciones logran conservar su autoridad durante generaciones mientras otras parecen degradarse con una rapidez sorprendente?
La respuesta suele buscarse en las constituciones, las leyes o el diseño institucional. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que ninguna de esas herramientas resulta suficiente por sí sola. Las instituciones no funcionan únicamente porque estén bien concebidas. Funcionan porque existe una comunidad dispuesta a defenderlas cuando comienzan a desviarse de su finalidad.
Existe una tendencia recurrente en la Argentina a explicar cada fracaso institucional como consecuencia exclusiva de las personas que circunstancialmente ocupan los cargos públicos elegidos por el voto ciudadano. Cambian los gobiernos y renace la esperanza de que, esta vez, aparezcan dirigentes capaces de resolver problemas que se repiten desde hace décadas. Pero esa explicación omite un aspecto decisivo: las instituciones no dependen únicamente de quienes las integran. Dependen también del grado de exigencia que la sociedad está dispuesta a ejercer sobre ellas.
Alexis de Tocqueville comprendió este fenómeno con una claridad extraordinaria al estudiar el funcionamiento de la democracia estadounidense. En su obra “ La democracia en América” (1835-1840), sostuvo que la estabilidad de una república no descansaba únicamente sobre sus leyes, sino sobre las costumbres que las sostenían. Las normas organizan el poder; las costumbres determinan si esas normas conservan autoridad o terminan convirtiéndose en una simple formalidad.
La observación conserva una notable actualidad. Las constituciones no se defienden a sí mismas. Tampoco lo hacen los tribunales, los parlamentos o los organismos de control. Todos ellos necesitan ciudadanos capaces de distinguir entre la utilización legítima del poder y su abuso; entre una reforma institucional y un intento de someter las instituciones a intereses circunstanciales; entre la alternancia democrática y la captura del Estado.
Por esa razón, las instituciones rara vez colapsan mediante un único acto espectacular. Su deterioro suele ser mucho más silencioso. Comienza cuando determinadas prácticas dejan de provocar rechazo. Continúa cuando las excepciones se vuelven habituales. Se consolida cuando la sociedad deja de percibir esas transformaciones como una amenaza y empieza a aceptarlas como parte del funcionamiento normal del sistema.
Ese proceso resulta especialmente visible en la Argentina. Durante décadas hemos discutido reformas constitucionales, electorales y judiciales con una intensidad que contrasta con el escaso debate sobre la cultura política que debería hacerlas funcionar. Reformamos normas con frecuencia, pero dedicamos mucho menos esfuerzo a fortalecer los valores que permiten respetarlas. Como si los problemas institucionales pudieran resolverse exclusivamente mediante nuevas leyes, ignorando que ninguna legislación puede reemplazar el compromiso cívico de una sociedad.
Las instituciones tampoco se deterioran únicamente por acción de quienes buscan capturarlas. También se debilitan cuando quienes deberían defenderlas optan por la indiferencia. Allí reaparece un fenómeno que analizábamos anteriormente: la indulgencia de los honestos. No hace falta que una mayoría apoye el abuso del poder para que este prospere. Basta con que una parte suficiente de la sociedad concluya que resistir ya no tiene sentido.
En ese contexto, la degradación institucional deja de percibirse como un problema excepcional y comienza a integrarse a la vida cotidiana. La utilización partidaria de los organismos públicos, la ocupación de cargos por criterios de lealtad antes que de idoneidad, la manipulación de procedimientos administrativos o la utilización selectiva de los controles terminan siendo interpretadas como mecanismos normales de funcionamiento. El problema ya no consiste únicamente en que esas prácticas existan. Consiste en que dejan de sorprender.
Si las instituciones dependen, en última instancia, de la cultura cívica que las sostiene, la pregunta inevitable es cómo se forma esa cultura. La respuesta no reside solamente en el ejemplo de los gobernantes ni en el funcionamiento de las propias instituciones. Reside, sobre todo, en la educación cívica y democrática. Ninguna república puede aspirar a ciudadanos comprometidos con la Constitución, la división de poderes o el respeto por la ley si antes no ha formado personas capaces de comprender por qué esos principios constituyen la condición de su propia libertad.
Durante demasiado tiempo la educación cívica fue considerada una asignatura secundaria, casi ornamental. Sin embargo, probablemente constituya la herramienta más poderosa de la que dispone una democracia para preservar su futuro. Una ciudadanía responsable no aparece espontáneamente. Se educa. Se forma enseñando que los derechos siempre conviven con deberes, que el poder necesita límites, que las instituciones pertenecen a la sociedad y no a los gobiernos, y que la participación política comienza mucho antes del acto de votar.
Existe una diferencia fundamental entre una democracia imperfecta y una democracia en proceso de deterioro. La primera reconoce sus desviaciones como anomalías. La segunda termina incorporándolas como reglas no escritas del sistema. Cuando ese cambio cultural se produce, las instituciones conservan su apariencia formal, pero comienzan a perder su función republicana.
Quizás por eso resulte insuficiente discutir únicamente quién gobierna. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué límites encuentra quien gobierna? Porque las repúblicas no fueron concebidas sobre la confianza en la virtud permanente de sus dirigentes. Fueron diseñadas precisamente porque comprendieron que el poder necesita límites, controles y ciudadanos dispuestos a exigir su cumplimiento.
La calidad institucional de un país depende tanto de quienes ejercen el poder como de quienes se niegan a aceptar que las instituciones existen para servir a los gobiernos de turno. Cuando la ciudadanía abandona esa responsabilidad, las instituciones quedan libradas exclusivamente a la voluntad de quienes las administran. Y ninguna organización humana conserva indefinidamente su independencia cuando deja de ser observada por la sociedad a la que debe servir.
Por esa razón, la educación cívica y democrática constituye probablemente la política pública más importante para cualquier república que aspire a fortalecer sus instituciones en el largo plazo. Ninguna reforma judicial, electoral o constitucional será suficiente si las nuevas generaciones no comprenden el valor de la igualdad ante la ley, de la división de poderes y de la responsabilidad ciudadana. Las leyes pueden modificar la organización del Estado; solo la educación puede formar ciudadanos capaces de sostenerlo.
Las instituciones, en definitiva, no se suicidan. Se deterioran cuando desaparecen los incentivos para defenderlas, cuando las costumbres dejan de sostener a las leyes y cuando los ciudadanos comienzan a creer que preservar la República es una tarea que corresponde exclusivamente a otros.
Porque las constituciones pueden escribir las reglas del juego. Pero solo una ciudadanía educada en los valores de la democracia puede impedir que quienes participan de ese juego terminen cambiando las reglas en beneficio propio.
Continuará…