Por Enrico Colombres.

“Es preciso volver a vencer con vosotros a los enemigos de la patria que por todas partes nos amenazan.”

Manuel Belgrano

¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos desarmen la Nación mientras miramos una pantalla? ¿Cuántas hectáreas deben venderse, cuántos recursos deben entregarse y cuántos derechos deben ser pisoteados para que el pueblo argentino abandone la comodidad de la indignación momentánea y vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la historia?

Nos han acostumbrado a recibir cada atropello como una noticia más. Leemos que se pretende flexibilizar la protección de las tierras rurales, nos indignamos durante treinta segundos, compartimos una publicación y continuamos bajando el dedo por la pantalla. Después aparece una publicidad, una canción, un chiste, una fotografía o el capítulo siguiente de una serie. La entrega de la soberanía queda reducida a otro contenido fugaz dentro del espectáculo interminable de las redes sociales.

Esa es una de las grandes victorias del poder contemporáneo. Ya no necesita silenciar todas las voces. Le alcanza con mezclarlas. La denuncia sobre la extranjerización de la tierra aparece junto a una promoción comercial. El hambre convive con un video humorístico. La entrega de los recursos naturales se desliza entre fotografías retocadas y recomendaciones de entretenimiento. La tragedia nacional y la banalidad cotidiana terminan pegadas en la misma heladera digital.

Así se fabrica la apatía.

Nos mantienen en un limbo permanente. Sabemos que algo grave sucede, pero siempre existe una distracción disponible. Sentimos bronca, pero también cansancio. Queremos reaccionar, aunque enseguida recordamos nuestras deudas, nuestros trabajos precarios, el alquiler, la comida, el miedo a perder lo poco que tenemos. Mientras tanto, quienes gobiernan avanzan porque saben que un pueblo agotado es más fácil de someter que un pueblo convencido.

En ese contexto se impulsa una reforma presentada bajo el nombre de protección de la propiedad privada. El título parece incuestionable. ¿Quién podría oponerse a que se respete la propiedad? Pero detrás de las palabras cuidadosamente elegidas aparece una discusión mucho más profunda. No se está hablando solamente de proteger la vivienda de una familia o el comercio de un trabajador. Se discute quién puede apropiarse de enormes extensiones de territorio argentino y qué límites está dispuesto a conservar el Estado.

La Ley 26.737 estableció restricciones a la titularidad y posesión extranjera de tierras rurales. Entre sus disposiciones se encuentra el límite general del quince por ciento en los niveles nacional, provincial y subprovincial. También se impide que la totalidad de ese porcentaje quede concentrada en personas de una misma nacionalidad. Se fijan límites individuales de superficie y se protegen especialmente tierras que contienen cuerpos de agua o se encuentran vinculadas con ellos.

Estas normas no convierten a la Argentina en un país cerrado al mundo. No impiden toda inversión. No expulsan a quien quiera producir, trabajar o desarrollar una actividad legítima. Simplemente reconocen una verdad elemental que los fundamentalistas del mercado pretenden ocultar. La tierra no es una mercancía igual a cualquier otra.

La tierra contiene agua. Contiene minerales, bosques, alimentos, biodiversidad, caminos, fronteras, memoria histórica y posibilidades de desarrollo. Quien compra miles de hectáreas no adquiere solamente una extensión de suelo. Adquiere poder económico, político y territorial. Puede controlar accesos, condicionar comunidades, modificar economías regionales y decidir qué sucede en espacios que forman parte de la base material de la Nación.

Por eso resulta alarmante que se pretenda derogar o debilitar artículos esenciales de la ley. La discusión no puede reducirse a determinar si un Estado extranjero compra directamente un inmueble. Las operaciones pueden realizarse mediante empresas privadas, fondos de inversión, sociedades locales controladas desde el exterior, estructuras radicadas en paraísos fiscales o personas interpuestas.

Los nombres conocidos son apenas la parte visible del problema. Grandes magnates y corporaciones han adquirido extensiones enormes en distintas regiones del país. El verdadero control puede permanecer oculto detrás de sociedades anónimas, cadenas empresariales y beneficiarios finales difíciles de identificar. Cuando el Estado renuncia a investigar quién controla realmente esas estructuras, la supuesta libertad económica se transforma en una licencia para el ocultamiento.

El caso denunciado en Bariloche expresa el peligro. Se habló de una operación de aproximadamente catorce mil hectáreas atribuida a un emir y de un posible aumento considerable del porcentaje de tierras extranjerizadas en ese departamento. La operación concreta debe ser comprobada mediante documentación registral. Pero la pregunta política no depende únicamente de ese caso.

¿Qué ocurrirá cuando una sola persona o un grupo económico controle lagos, ríos, nacientes de agua o territorios cercanos a las fronteras? ¿Qué autonomía real tendrá una comunidad rodeada por propiedades gigantescas? ¿Quién garantizará el acceso público a bienes naturales que forman parte del patrimonio colectivo? ¿Qué capacidad tendrá el Estado para recuperar esos espacios cuando ya hayan sido transferidos?

Nos dicen que debemos confiar en las inversiones. Pero la inversión no exige necesariamente la transferencia ilimitada de la tierra. Una empresa puede producir mediante contratos, concesiones, asociaciones o arrendamientos sometidos a controles. Lo que no puede aceptarse es que la necesidad económica de una provincia se utilice como excusa para comprometer de manera definitiva recursos estratégicos.

También nos dicen que las provincias son dueñas originarias de sus recursos naturales. Es cierto que la Constitución reconoce facultades provinciales. Pero la soberanía territorial, la defensa de las fronteras, los acuíferos compartidos y el interés nacional no pueden quedar reducidos a veintitrés políticas desconectadas.

La Nación no es una suma de pequeñas repúblicas dispuestas a competir por quién entrega más rápido sus recursos. Una decisión provincial puede afectar a las generaciones futuras de todo el país. Un río no se detiene en una frontera administrativa. Un acuífero no reconoce el límite de un municipio. Un corredor estratégico no pertenece exclusivamente al gobernador que circunstancialmente ocupa el poder.

La derecha liberal que impulsa estas reformas afirma defender la libertad. Pero su libertad siempre tiene dueño. Es la libertad del capital concentrado para comprar, especular y acumular. No es la libertad del trabajador que no puede pagar un alquiler. No es la libertad del productor familiar desplazado por los grandes grupos. No es la libertad de una comunidad que pierde el acceso al agua.

Defienden la propiedad cuando pertenece a los poderosos, pero relativizan los derechos cuando pertenecen al pueblo. Hablan de seguridad jurídica para los inversores mientras millones de argentinos viven bajo la inseguridad permanente del desempleo, el endeudamiento y la pérdida de ingresos. Presentan la entrega como modernización y llaman atraso a cualquier límite que proteja el interés nacional.

Ese liberalismo cipayo no gobierna pensando en una Nación soberana. Administra el territorio como una empresa en liquidación. Evalúa cada bosque, cada montaña y cada hectárea según su precio de mercado. Donde el pueblo ve patria, ellos ven activos. Donde existe una comunidad, ellos ven costos. Donde hay un recurso estratégico, ellos imaginan una oportunidad de negocios.

Pero la patria no pertenece al gobierno de turno. Ningún presidente, ministro, gobernador, senador o diputado recibió un mandato para desarmarla. Son administradores temporales de bienes que pertenecen también a quienes todavía no nacieron.

Ante semejante atropello, el silencio es complicidad. Pero la respuesta no debe ser la violencia. La sedición armada, el ataque contra personas o la destrucción de instituciones no liberarán al pueblo. Solamente ofrecerían al poder la excusa perfecta para criminalizar la protesta, militarizar las calles y perseguir a quienes resisten.

La rebelión que necesitamos es una rebelión de conciencia. Una resistencia civil firme, multitudinaria y sostenida. Una movilización que no se agote en una tarde ni en una consigna. Hay que ocupar pacíficamente el espacio público, exigir audiencias, presentar amparos, reclamar información, organizar asambleas, señalar a cada legislador y recordar públicamente cómo votó.

Cada senador debe explicar si está dispuesto a permitir que desaparezcan los límites a la extranjerización. Cada diputado debe declarar si considera que el agua y las zonas fronterizas son simples bienes comerciales. Cada gobernador debe informar cuántas hectáreas están controladas por capitales extranjeros, quiénes son sus propietarios y qué recursos contienen.

No queremos discursos generales. Queremos nombres, cifras, mapas y beneficiarios finales. Queremos conocer las operaciones realizadas mediante sociedades y testaferros. Queremos controles independientes. Queremos que toda adquisición relevante sea pública y pueda ser revisada.

También debemos abandonar la ilusión de que compartir una historia equivale a participar. La democracia no es un espectáculo que se mira desde el teléfono. Exige organización, presencia y memoria. El poder apuesta a que mañana olvidaremos lo que hoy nos indigna. Nuestra primera obligación es no olvidar.

Que nadie permanezca en su casa creyendo que esto no lo afecta. Cuando se entrega la tierra, se compromete el agua, la producción de alimentos, la energía y el futuro. Cuando se entrega la soberanía económica, tarde o temprano se pierden también derechos políticos.

Es hora de despertar. No para levantar armas, sino para levantar la voz. No para incendiar el país, sino para impedir que lo rematen. No para reemplazar una violencia por otra, sino para reconstruir un pueblo consciente de su poder.

Convocamos a una insurrección democrática contra la apatía. A una desobediencia cívica no violenta frente a toda orden injusta. A una movilización permanente para que ningún funcionario pueda votar la entrega en silencio. A defender la tierra, el agua y los recursos estratégicos como parte inseparable de nuestra libertad.

Apaguemos por un momento las pantallas. Salgamos del adormecimiento. Volvamos a mirarnos como pueblo.

La Argentina no está en venta.

La tierra no se entrega.

La soberanía no se negocia.

Ya entregaron la gestión del agua, ya entregaron los minerales, ya entregaron la hidrobia, ¿que más tienen que entregar?

Para que defendamos nuestra soberanía y nuestros bienes públicos y recuerden que un pueblo despierto no se arrodilla.

Esa es la otra final que debemos pelear y punto.