Por Fernando Pérez.

El 22 de agosto de 1966, con la firma del Decreto-Ley 16.926, el dictador Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía, Néstor Salimei, le asestaron a la provincia de Tucumán el golpe económico y social más feroz de su historia. Desde un despacho en la Capital Federal, amparados en el mito de la eficiencia tecnocrática y en una estigmatización explícita hacia la protesta obrera, decretaron la intervención y posterior cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros que estructuraban la vida del Jardín de la República.

No fue una reconversión industrial. Fue una ejecución sumaria ejecutada a través del boletín oficial.

La muletilla política vs. la evidencia histórica

Existe en el debate público un latiguillo recurrente, repetido casi por inercia, que le atribuye al peronismo la entera responsabilidad del atraso o la decadencia de Tucumán. Seamos francos y analicemos el cuadro completo: la gestión de los sucesivos gobiernos peronistas en la provincia ha estado plagada de ineficiencias, populismo, prebenda y desmanejos de toda índole. Nadie puede firmar una defensa de esas administraciones. Tampoco la oposición tucumana ha estado a la altura de las circunstancias, carente históricamente de referentes de peso o proyectos alternativos capaces de trazar un rumbo serio.

Pero reducir el problema de Tucumán a una consigna partidaria simplista es ignorar la historia con una liviandad alarmante. La distancia temporal ha provocado que muchos le restauren peso a un evento que fracturó a la provincia para siempre. No se puede entender el presente de Tucumán sin medir el daño estructural que provocó la dictadura de 1966. Las pésimas gestiones políticas posteriores —de todos los colores— operaron sobre una provincia a la que Onganía ya le había extirpado el corazón productivo.

La radiografía de la catástrofe: los datos del colapso

Para mensurar la dimensión del desastre no hacen falta adjetivos; alcanzan los números documentados por rigurosas investigaciones del CONICET, encabezadas por la historiadora Silvia Nassif en su tesis doctoral (Tucumán en llamas), junto a los aportes de investigadores como Roberto Pucci y Daniel Campi:

• 50.000 puestos de trabajo destruidos: De la noche a la mañana, la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) vio cómo cerca del 40% del parque industrial azucarero bajaba las persianas de manera definitiva.
• 250.000 personas directamente afectadas: En una estructura social donde cada obrero o surcador representaba el sostén de familias numerosas (promedio de 4 a 5 dependientes), la pérdida de ingresos fulminó la subsistencia de al menos un cuarto de millón de tucumanos.
• 10.000 pequeños cañeros barridos del sistema: La complementaria Ley 17.163 de 1967 les quitó compulsivamente los cupos de producción a los productores de menos de tres hectáreas. La pequeña propiedad rural desapareció sin alternativas.
• El éxodo de 200.000 provincianos: Sin empleo ni horizonte, más del 20% de la población total de la provincia se vio forzada a emigrar. Tucumán sufrió una sangría demográfica sin precedentes en el siglo XX argentino.

                 EL IMPACTO EN NÚMEROS (1966-1968)

Del cañaveral al barro del Conurbano: el drama del desarraigo

Aquella masa de trabajadores expulsada no encontró contención. El mentado «Operativo Tucumán», presentado por la dictadura como un plan de radicación de nuevas industrias, no fue más que una cáscara vacía, una promesa burocrática que jamás absorbió la mano de obra desocupada.

La consecuencia inmediata fue la redistribución de la pobreza hacia los cordones urbanos. Miles de familias tucumanas abordaron trenes con lo puesto rumbo a Buenos Aires y Rosario. Se asentaron en los márgenes: en los partidos bonaerenses de La Matanza, Quilmes, San Martín y Florencio Varela. La expansión explosiva de las «villas miseria» en el Conurbano Bonaerense durante la segunda mitad de la década del 60 tiene la huella dactilar directa de los decretos de Onganía.

A escala local, en San Miguel de Tucumán y sus alrededores se multiplicaron los asentamientos precarios, rompiendo el tejido urbano tradicional.

La factura psicosocial: la destrucción de la identidad

El impacto no se midió únicamente en la pérdida del salario. Para el obrero azucarero, el ingenio no era solo el lugar de trabajo: era la usina de la vida comunitaria, el club, la proveeduría, la salud y la identidad.

Al clausurarse las fábricas, las comunidades se desintegraron. Los relevamientos históricos y testimoniales dan cuenta de las gravísimas derivaciones psicosociales que sobrevinieron en los pueblos del interior tucumano:

1. Pérdida del rol del proveedor y adicciones: Cientos de jefes de hogar cayeron en cuadros severos de depresión y alcoholismo crónico como vía de escape ante la humillación del desempleo persistente.
2. Violencia e hipervulnerabilidad: Los indicadores sociosanitarios se dispararon en el interior provincial: aumento drástico de la mortalidad infantil, abandono escolar masivo, desnutrición y episodios de violencia familiar vinculados a la anomia y el hacinamiento.

Trasvase de riqueza y ahogo económico

Desde el punto de vista macroeconómico, el cierre masivo de ingenios operó como una transferencia brutal de ingresos. Mientras a Tucumán se le recortaban drásticamente las cuotas de producción y los créditos bancarios oficiales, el mercado interno azucarero se reconfiguraba para beneficiar la concentración monopolística en los complejos del Norte (Salta y Jujuy).

El Producto Bruto Geográfico de Tucumán se desplomó. La recaudación fiscal provincial colapsó al perder su principal motor impositivo, derivando en un estado de cesación de pagos permanente que terminó por asfixiar al comercio local, la pequeña industria metalmecánica y los servicios.

Una materia pendiente en las aulas

Resulta inadmisible que un hecho de esta magnitud —que moldeó la demografía, la política, la economía y la geografía social de la provincia por las siguientes seis décadas— siga abordado como un mero apéndice o una anécdota lejana en los programas de estudio.

El cierre de los ingenios de 1966 no fue un accidente económico ni un problema meramente partidario; fue una decisión política centralista con consecuencias devastadoras. Entender la génesis del Tucumanazo, la radicalización política de los años 70 y la estructura de la pobreza urbana actual exige conocer qué pasó en agosto de 1966.

Este proceso debe incorporarse de forma prioritaria y obligatoria en el diseño curricular de la educación secundaria en Tucumán. No por afán de revanchismo histórico, sino por estricta rigurosidad pedagógica: ningún joven tucumano puede comprender el presente de su provincia si ignora cómo se le extirpó, por decreto, el 40% de su capacidad productiva y se envió al exilio a un quinto de su población.