Por María Eugenia Navarro.
“Donde existe una necesidad nace un derecho”, afirmaba Eva Duarte de Perón, aspirando a transformar necesidades sociales en derechos garantizados. Más de setenta años después, cabe preguntarse que sucede cuando esas mismas necesidades son cubiertas, no por derechos sino, por deuda.
En la actualidad, las familias trabajadoras argentinas se encuentran gravemente endeudadas. Tal situación no puede leerse simplemente como consecuencia de decisiones personales sino como expresión de condiciones estructurales: bajos ingresos, empleo precario, inflación persistente, alto costo de vida y debilitamiento en el sistema de protección social.
Según datos publicados en distintos medios, casi 20 millones de personas se encuentran con problemas de morosidad debido a la pérdida del poder adquisitivo y el costo de vida. Esto representa la mitad de la población adulta y activa del país. El índice de deudores considerados “irrecuperables” pasó de 9,8% a 17,2% entre mayo de 2025 y mayo 2026.
Esta categoría hace referencia a personas que presentan una morosidad muy alta y se considera improbable que puedan afrontar los pagos. Es la clasificación que realiza el sistema financiero argentino y que corresponde a los niveles más graves de incumplimiento, con atrasos prolongados y situaciones de insolvencia.
Entre las provincias más afectadas figura Tucumán, encabezando la lista con un 23% en relación al índice de deudores irrecuperables, siguiéndole Salta, Santiago, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
La deuda tomada se destina al gasto corriente: pago de servicios, compra de comida y remedios, alquileres y refinanciación de deudas anteriores. Los hogares argentinos necesitan endeudarse para garantizar el funcionamiento de la cotidianidad.
El endeudamiento familiar es una nueva forma de pobreza.
Los hogares argentinos se endeudan con bancos, financieras y billeteras virtuales; pero cuando se agotan esos recursos aparecen los prestamistas y los transas para sacar las papas del fuego. Son nuevas formas de la economía que proporcionan un dinero rápido y afecta principalmente a la población joven.
Es entonces que surgen algunas preguntas…
¿Qué sucede cuando el endeudamiento deja de ser una estrategia excepcional y se convierte en una condición permanente de la vida cotidiana?
¿Qué efectos produce eso en la subjetividad, los vínculos y los proyectos de vida? ¿Cuál es la relación entre endeudamiento, salud mental y políticas públicas?
Diferentes investigaciones alertaron sobre una problemática que, si bien no es nueva, tomó dimensiones que van más allá del ámbito privado: 9 de cada 10 familias argentinas se endeudó en el último año -incluyendo créditos bancarios, préstamos con familiares y deuda con tarjetas de crédito- las que llegan a representar más de la mitad del total de las deudas. A su vez, el 54% se destinó solo a comprar alimentos.
Para no ser pobre, una familia necesitó $ 1. 536.716, que es el costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo de cuatro integrantes. En tanto la Canasta Básica que solo considera necesidades alimentarias y, marca la línea de indigencia, se situó en $ 708.016.
Estos datos corresponden a julio 2026 según INDEC.
Dicho sea de paso, para llegar a estos números, se aumentaron significativamente las horas de trabajo. Las y los trabajadores tienen varios empleos y la jornada laboral se vio notablemente extendida. Ni que decir cuando a este análisis se le suma la mirada del género: son las mujeres las que llevan sobre los hombros el peso de la doble jornada, pues trabajan fuera de la casa y en el regreso siguen trabajando en las tareas domésticas y de cuidados, generando además una tremenda carga mental. Son las sostenedoras de la economía familiar.
Las investigaciones muestran que, en contextos de crisis, suelen ser las mujeres quienes administran la pobreza y la escasez cotidiana: estiran los recursos, toman préstamos, usan tarjetas, piden fiado, recurren a redes familiares o comunitarias y absorben gran parte del costo emocional para que la vida propia, y la de los suyos, siga funcionando.
Entonces la deuda puede pensarse no sólo como un fenómeno económico sino como una forma de sostener los cuidados.
La tensión central está en que la deuda no aparece como un exceso de consumo, sino como una estrategia para sostener la vida cotidiana cuando otras condiciones fallan.
Tal contexto genera un impacto directo en la subjetividad de quienes se ven afectados por esta situación, apareciendo síntomas muy característicos como altos montos de angustia, desesperanza, abulia, depresión; pero también ansiedad, estado de alerta permanente, episodios de pánico, aparición de enfermedades psicosomáticas, aumento en el consumo de psicofármacos y de sustancias legales e ilegales, intentos de suicidios; entre los más observados.
La incertidumbre permanente aumenta el padecimiento psíquico y dificulta la construcción de un proyecto de vida. La deuda pasa a ser la organizadora de la vida cotidiana; dejando a los sujetos alienados, sin poder pensar ni pensarse y ocupados en la tarea inmediata de la supervivencia.
Esto abre el debate hacia la Emergencia en Salud Mental, tema que será importante abordar en los espacios de construcción y que me gustaría retomar en otra oportunidad.
Hay un repliegue hacia lo individual: el famoso sálvese quien pueda, dañando y fragmentado el tejido social. Los sujetos están preocupados en la supervivencia y la resolución de la urgencia cotidiana de su grupo más cercano, sin posibilidad de mirar lo colectivo como estrategia de transformación; generando grandes frustraciones y cargando de culpas a los individuos por su pobreza; lo cual no permite comprender que el endeudamiento dejó de ser una cuestión privada para transformarse en un problema de orden público y por lo tanto requiere de la intervención estatal.
En este punto se hace interesante citar algunos autores que nos permiten comprender la cuestión.
Oscar Oszlak es un politólogo y especialista argentino en administración pública. Él desarrolla el concepto de la «cuestión socialmente problematizada» para explicar como algunos conflictos y padecimientos se transforman en asuntos que requieren la intervención del estado.
También podemos citar a Guillermo O’Donnell, argentino, quien fue uno de los politólogos latinoamericanos más influyentes. Es conocido por sus trabajos sobre Estado, democracia y autoritarismo, pero también por sus aportes al análisis de las políticas estatales y la relación entre Estado y Sociedad.
Ambos autores escribieron juntos «Estados y Políticas Estatales en América Latina » (1976) y plantearon que una política pública es una toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada, es decir, frente a un problema que distintos actores sociales reconocen como relevante y sobre el cual demandan alguna respuesta.
Podemos decir entonces que un problema deja de ser solamente privado y pasa a considerarse un problema de orden público, cuando sus efectos trascienden a una persona o familia y afectan a un grupo social significativo, generando una demanda de intervención colectiva o estatal.
No todos los problemas individuales se convierten en políticas públicas. Para que eso ocurra, suelen darse algunas condiciones:
- – Afecta a muchas personas o a un sector amplio de la población.
- – Tiene impacto social, económico, sanitario o cultural.
- – Es reconocido como un asunto de interés público por la sociedad, los medios,
organizaciones o especialistas. - – Se considera que el mercado o las respuestas individuales no alcanzan para
resolverlo.
Entonces ingresa en la agenda del Estado, que decide intervenir mediante programas, leyes, servicios o acciones concretas.
Los autores anteriormente citados, plantean que una cuestión social se transforma en política pública cuando el Estado toma posición frente a ella, ya sea actuando o incluso decidiendo no actuar. O tal vez, como ocurrió en nuestro país, con el actual gobierno de Milei y sus funcionarios, que operaron políticas a favor de los grandes intereses, estableciendo el Régimen de Regularización de Capitales, más conocido como Blanqueo de Capitales, una medida incluida en 2024 y que permitió a personas y empresas que concentran fortuna, exponer sus bienes e inversiones que no habían sido declaradas al fisco; siendo liberados de consecuencias tributarias y acciones vinculadas al incumplimiento.
En contraste, frente al endeudamiento, el gobierno responde con una política pública de omisión, hambre y crueldad, que empuja a los sujetos a padecer de manera privada lo que realmente es un malestar colectivo y social.
Robert Castel, sociólogo francés, estudia a cerca del trabajo, la pobreza, la vulnerabilidad y las políticas sociales. Sostiene que la vulnerabilidad no es una característica de las personas sino una posición social producida por determinadas condiciones históricas y económicas.
Por lo tanto, pensar y apoyar la iniciativa que algunos sectores están proponiendo, se hace una tarea urgente, que permita una reestructuración masiva de las deudas familiares, poniendo límites a las tasas de interés en determinados sectores. También creando programas de “alivio y acompañamiento” como bien lo hicieron los libertarios con las personas más ricas de la Argentina.
Reconocer el endeudamiento como una cuestión pública implica sacar el foco de lo individual y desplazar la mirada hacia las condiciones sociales que lo producen.
Cuando la deuda se presenta como un problema privado, surgen formas de sufrimiento y culpas que se viven en soledad, pero expresan un proceso altamente colectivo, demandando reconocimiento y respuestas públicas.
Cada vez que nos encontramos, con la familia, los amigos, los compañeros, y lo expresamos, lo debatimos y lo problematizamos, estamos, como desarrollaba Pichón Riviere, “Planificando la Esperanza junto a Otros”. También El Dr. Héctor Fiorini, en una de sus últimas conferencias en Tucumán, planteaba la creación de verdaderos “Movimientos de Contra Cultura” que den pelea al individualismo. Y yendo un poco más allá, que den pelea a la perversa cultura del odio y la crueldad.

Excelente interpretación de una delicada y preocupante situación socioeconómica en la que el Estado Argentino no lo reconoce y está a la espera que la libertad de mercado (modelo libertario) lo resuelva con la mano invisible.
Sr. Estado : hágase visible con su mano