Por Enrico Colombres. 

“Sólo pueden y deben ser legisladores aquellos que reúnan a la más alta capacidad y acrisolada virtud, el conocimiento más completo del espíritu y exigencias de la nación”. Esteban Echeverría, integrante de la Generación del 37 y crítico tanto del centralismo unitario como del localismo federal de su tiempo. La frase pertenece al capítulo “Organización de la patria sobre la base democrática” de El Dogma Socialista, publicado en 1846.

NUESTRA CRISIS DE REPRESENTACION POLITICA

La Argentina no solamente atraviesa una crisis económica constante. Vivimos una profunda crisis de representación política, de compromiso social y de identidad nacional. El verdadero problema ya no consiste únicamente en determinar quién gobierna, sino en preguntarnos para quién se gobierna y qué intereses se defienden cuando se toman decisiones que condicionan el futuro de millones de argentinos, habitantes y en ciertos casos futuros obsecuentes migrantes al país, con el otorgamiento de privilegios que ni siquiera nuestros propios connacionales reciben.

Faltan definitivamente nuevos referentes políticos capacitados, honestos y genuinamente comprometidos con el bien común. Necesitamos dirigentes que piensen en los jubilados, en la salud pública, en la educación, en la ciencia, en la producción y en la creación de condiciones favorables para todos los argentinos. No para un grupo de empresarios contra los trabajadores, ni para determinados sindicatos contra quienes producen, ni para los propietarios del campo contra la industria, ni para las multinacionales contra el desarrollo nacional.

La política argentina continúa atrapada en batallas que ya demostraron su fracaso. Nos obligan a elegir entre empresarios y trabajadores, campo e industria, Estado y sector privado, capital e interior. Son enfrentamientos artificiales que impiden construir un proyecto nacional equilibrado. Un país necesita empresarios que inviertan, trabajadores con salarios dignos, productores agropecuarios, industrias nacionales, universidades, investigadores y un Estado eficiente que controle, planifique y garantice derechos.

¿Dónde quedó el patriotismo entendido como la voluntad de que todos podamos vivir dignamente? La patria no puede ser una palabra utilizada durante las campañas y olvidada al día siguiente de las elecciones. La patria se construye cuando un jubilado puede comprar sus medicamentos, sus alimentos y su hogar con servicios, cuando un niño recibe educación de calidad, cuando un hospital tiene insumos, cuando un científico no debe emigrar para desarrollarse y cuando un trabajador puede sostener a su familia sin convertirse en pobre.

Sin embargo, los argentinos vivimos peleándonos y demonizándonos entre hermanos. Cada elección se transforma en una contienda cercana al fratricidio. El adversario deja de ser una persona con ideas diferentes y se convierte en un enemigo al que hay que destruir. En ese clima, nadie escucha, nadie aprende y nadie construye. La política se vuelve un espectáculo de insultos, operaciones y venganzas mientras los problemas reales permanecen sin solución.

Pronto volveremos a entrar en campaña electoral. Veremos nuevamente acusaciones, carpetazos, promesas vacías y candidatos que intentarán presentarse como salvadores. Será otro circo romano destinado a dividirnos, con más búsqueda de culpables que propuestas concretas. Nos hablarán del pasado para evitar explicar el futuro. Nos pedirán que votemos con miedo, bronca u odio porque una ciudadanía enfrentada resulta mucho más fácil de manipular.

También debemos preguntarnos quiénes financian esas campañas y qué reciben a cambio. Muchos de quienes buscan controlar nuestros recursos no apuestan por una sola fuerza política. Financian, apoyan o construyen relaciones con distintos sectores para asegurarse influencia cualquiera sea el resultado electoral, apoyan a ambos en la recta final. La pelea que vemos en televisión puede ser feroz, pero detrás de las cámaras existen intereses económicos que sobreviven a todos los gobiernos.

La disputa de fondo nunca fue solamente política. Siempre estuvieron en juego los recursos. Argentina posee petróleo, gas, litio, cobre, agua, tierras productivas, alimentos, conocimiento y una enorme capacidad humana. Las proyecciones indican que las exportaciones argentinas de litio y cobre podrían alcanzar los 32.700 millones de dólares durante la próxima década. Esa riqueza puede financiar nuestro desarrollo o convertirse en otra oportunidad para que grupos extranjeros extraigan materias primas sin suficiente industrialización, transferencia tecnológica ni trabajo argentino. 

Nuestra única suerte parece ser que la Argentina es tan rica que, después de décadas de depredación, todavía queda algo para disputar. Pero ninguna riqueza es inagotable. Cada concesión prolongada, cada endeudamiento y cada entrega de patrimonio condiciona a generaciones que ni siquiera participaron de la decisión. Un gobierno dura cuatro años, pero puede endeudarnos o comprometer nuestros bienes durante décadas enteras.

Por eso debemos entender que la patria no es el Estado. La patria es la Nación, su pueblo, su historia, su territorio, su cultura y sus recursos. El Estado es la organización que debe administrar y proteger esos bienes, mientras el Poder Ejecutivo representa apenas una administración transitoria. Ningún presidente puede considerarse propietario de aquello que pertenece a generaciones pasadas, presentes y futuras.

Si el Estado fuéramos automáticamente todos, no necesitaríamos una Constitución que estableciera derechos y límites para protegernos del abuso de poder. La Carta Magna existe precisamente porque quienes gobiernan pueden excederse. Sin embargo, el abuso político se convirtió en una constante tan repetida que terminó siendo asimilada por el inconsciente colectivo. Normalizamos el atropello y después llamamos hartazgo a nuestra propia resignación. ¿Es tan descabellado plantear seriamente la quita de fueros a los políticos o equiparar sus sueldos al de un director de un hospital o un profesor universitario?

Por otra parte la Constitución reconoce mecanismos para ampliar la participación ciudadana. El artículo 39 contempla la iniciativa popular, el artículo 40 regula la consulta popular y el artículo 30 establece el procedimiento para una reforma constitucional. Es necesario debatir seriamente la incorporación de controles más rigurosos y consultas vinculantes en las decisiones que comprometan deuda, recursos estratégicos, concesiones o patrimonio nacional durante períodos que excedan el mandato de un gobierno.

Una reforma constitucional no debe ser un traje confeccionado para favorecer a un presidente ni una maniobra para perpetuar personas. Debe ser un acuerdo destinado a limitar el poder, fortalecer la participación ciudadana, garantizar controles efectivos y evitar que una mayoría electoral circunstancial pueda comprometer el futuro nacional sin consultar al pueblo.

También debemos hablar de la prensa funcional a políticos corruptos, la famosa pauta y estructuras mafiosas que buscan perpetuarse. Parte del periodismo dejó de controlar al poder para convertirse en su operador. Algunos medios desinforman, seleccionan enemigos y fabrican enfrentamientos permanentes. Mientras la sociedad discute consignas, los negocios importantes avanzan lejos de las cámaras. Si estamos enfrentados, nunca podremos recuperar una identidad nacional capaz de defender el interés de todos.

La crisis alcanza al conjunto del sistema. Ni el peronismo, ni el radicalismo, ni la izquierda, ni los supuestos liberales cuentan con la confianza general de la sociedad. Una encuesta difundida en julio de 2026 indicó que el 77 por ciento considera que los partidos políticos representan menos a la ciudadanía que hace veinte años. No se trata del fracaso aislado de una fuerza, sino del agotamiento de una forma de ejercer el poder. 

Es verdad que existe una casta. Es verdad que los apellidos se repiten y que muchas estructuras partidarias funcionan como clubes cerrados. Lo que todavía no tiene explicación es por qué continuamos permitiéndolo. Nos quejamos de los candidatos, pero dejamos vacíos los espacios donde se eligen y no participamos en política los ciudadanos de a pie. Condenamos la corrupción, pero toleramos pequeñas ventajas cuando nos benefician. Reclamamos una Argentina diferente, pero esperamos que otros la construyan.

La culpa no pertenece solamente a los políticos. También es nuestra. Votar es importante, pero resulta todavía más importante involucrarse en los asuntos comunes. El ciudadano debe volver a ocupar las calles, los clubes, las universidades, los sindicatos, las asociaciones, los partidos y los espacios comunitarios. La política abandonada por la gente termina inevitablemente ocupada por quienes desean utilizarla como negocio.

El Martín Fierro dejó una advertencia que conserva una vigencia dolorosa. Cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Hace años que distintos intereses se dan un festín con nuestros recursos, nuestra división y nuestra incapacidad para sostener políticas nacionales duraderas.

¿Hasta cuándo seguiremos permitiéndolo? ¿Cuándo pondremos un freno? No alcanza con enojarse, publicar una protesta en una red social o esperar la aparición de otro salvador. Tenemos el deber civil de crear nuevos espacios de diálogo y participación con personas capacitadas, honradas y comprometidas con el pueblo, como también nuevos partidos politicos.

Debemos decidir si queremos continuar siendo presas divididas o construir una identidad argentina soberana, productiva y favorable al conjunto de la sociedad. Porque si en la próxima elección volvemos a votar solamente para destruir al hermano que piensa distinto, mientras otros se apropian silenciosamente de nuestro futuro, ya no podremos decir que fuimos engañados. Esta vez, el saqueo también llevará nuestra firma.