Por Fabricio Falccuci.

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en discusión el financiamiento de las universidades. También dejó expuesta una herida más profunda: un sistema republicano en el que la ley obliga a la ciudadanía, pero parece negociable para quienes gobiernan.

Una ley puede dejar de existir mucho antes de ser derogada. Alcanza con que el poder la conserve en el Boletín Oficial, pero le quite toda posibilidad de cumplirse. El texto permanece. El número también. Sin embargo, los derechos que debía proteger quedan a la espera de una decisión política. Eso ocurrió con la Ley de Financiamiento Universitario cuando, después de que el Congreso insistiera en su sanción, el Poder Ejecutivo la promulgó y condicionó su aplicación.

El jueves 15 de octubre, la comunidad universitaria volvió a marchar. Fue la quinta Marcha Federal Universitaria. Una comunidad entera debió salir a la calle para reclamar que el Estado cumpliera una ley aprobada por sus propios representantes. La protesta ya no se dirigió solamente contra el recorte de fondos, la pérdida salarial o el deterioro de las becas. Señaló una forma de gobernar y, también, la respuesta insuficiente de las instituciones llamadas a ponerle un límite.

El recorrido de la norma fue conocido. El Congreso la aprobó. El presidente la vetó. Las cámaras reunieron los votos para insistir. El Ejecutivo la promulgó, pero dispuso que su ejecución quedara condicionada. La Justicia cuestionó ese mecanismo y ordenó avanzar con el cumplimiento. El Gobierno apeló. La Corte Suprema había dejado firme una medida cautelar que obliga a aplicar algunos artículos de la ley, vinculados con los salarios y las becas. Pero no resolvió definitivamente la controversia. La sentencia de fondo llegó después, en octubre, a través de un juzgado federal. La discusión sigue abierta y la comunidad universitaria continúa esperando que el Estado haga lo que la ley manda.

La Corte Suprema no es un tribunal menor ni un espectador de estos conflictos. Es el máximo órgano judicial y, en una república presidencialista, también ocupa un lugar de poder político. Sus decisiones ordenan la vida institucional, definen límites y tienen consecuencias concretas. Por eso su demora no es neutral. Cuando una controversia de esta magnitud permanece sin resolución definitiva, el silencio también produce efectos.

La comparación con la Ley de Tierras vuelve imposible ignorar esa demora. En cuestión de días, la Corte convocó un acuerdo extraordinario y dictó una medida interina para suspender los efectos del artículo del DNU que había derogado esa ley. No resolvió definitivamente el fondo de aquel caso, pero actuó con rapidez para evitar que la situación se prolongara sin respuesta. En el conflicto universitario, en cambio, dejó firme una cautelar, pero no emitió un pronunciamiento definitivo sobre el incumplimiento de la Ley 27.795. El contraste no demuestra por sí solo una intención partidaria. Sí deja una pregunta incómoda sobre las prioridades, los tiempos y el criterio con que el máximo tribunal decide intervenir. 

La Corte tiene derecho a explicar sus tiempos procesales. Lo que no puede exigir es que la sociedad confunda la demora con neutralidad. Mientras los expedientes avanzan, hay salarios que pierden valor, becas que no alcanzan y universidades que deben sostener sus tareas con recursos insuficientes. En un conflicto que afecta derechos y compromete una decisión del Congreso, cada postergación favorece el hecho consumado. La ley que no se cumple hoy puede volverse más difícil de cumplir mañana.

La autoridad de la Justicia no depende únicamente de que sus fallos sean obedecidos. También depende de que sus decisiones resulten comprensibles, consistentes y oportunas. Una Corte que actúa con celeridad en ciertos asuntos y deja otros sin respuesta definitiva durante meses alimenta la sospecha de que no todos los conflictos pesan igual. Esa sospecha erosiona su legitimidad, aunque sus integrantes invoquen razones técnicas. El prestigio institucional no se reclama. Se construye con decisiones que resisten el examen público.

En democracia el desacuerdo no autoriza a desconocer las reglas. El presidente puede oponerse a una ley. Puede vetarla, explicar por qué la considera inconveniente y proponer otra política. El Congreso puede sostenerla o modificarla. Los tribunales pueden intervenir cuando existe un conflicto jurídico. Ese sistema no promete que cada decisión sea acertada. Exige que nadie reemplace por su voluntad el procedimiento que obliga a todos.

Cuando el Ejecutivo suspende en los hechos una norma que el Congreso ratificó, no estamos ante una simple diferencia presupuestaria. Se rompe el equilibrio entre poderes. El Congreso conserva sus bancas, celebra sesiones y vota, pero su decisión queda sometida al permiso del Ejecutivo. Las instituciones siguen abiertas, aunque una parte central de su autoridad haya sido desplazada.

El argumento fiscal merece discutirse. Ningún presupuesto es ilimitado y ningún gobierno está exento de explicar cómo asigna los recursos. Pero el equilibrio de las cuentas no convierte al Ejecutivo en dueño de la ley. Si considera que no hay fondos, debe plantear el problema ante el Congreso, buscar una salida institucional y someter sus razones al debate público. No puede resolverlo por su cuenta, suspendiendo aquello que no consiguió impedir por los mecanismos constitucionales.

Aceptar lo contrario tendría consecuencias que exceden a la universidad. Si una ley puede dejarse en suspenso porque su cumplimiento afecta las prioridades del Gobierno, cualquier derecho queda expuesto al mismo criterio. Ayer fueron los salarios docentes, las becas y los gastos universitarios. Mañana puede ser otra obligación que resulte incómoda o políticamente inoportuna. La pregunta ya no sería qué dice la ley, sino cuánto poder tiene quien decide ignorarla.

Ese es el punto en que el incumplimiento adquiere una dimensión despótica. No hace falta que un gobierno cierre el Congreso para avanzar sobre la república. También puede hacerlo si se considera autorizado a cumplir las normas solo cuando coinciden con sus objetivos. La tiranía empieza cuando el poder deja de sentirse limitado por la ley y convierte las excepciones en método de gobierno.

La universidad pública puede y debe ser discutida. Se puede debatir su organización, sus recursos y sus prioridades. Pero ninguna discusión es democrática si una de las partes se reserva el derecho de desconocer las reglas. Sin reglas compartidas, el diálogo se vuelve una formalidad y la política se convierte en una relación de fuerza.

La marcha no pidió un privilegio. Reclamó que una decisión democrática tuviera consecuencias. También dejó a la vista el desgaste de una Corte cuya autoridad se debilita cuando la sociedad no encuentra razones claras para entender por qué algunos asuntos reciben respuestas urgentes y otros quedan suspendidos en el tiempo. Una institución puede conservar el nombre y las atribuciones. Si pierde credibilidad, pierde también una parte de su poder.

El jueves marchó la comunidad universitaria. Pero la pregunta que llevó a las calles nos pertenece a todos: ¿qué valor tiene una ley cuando el Gobierno puede decidir si la obedece y la Corte no resuelve a tiempo si ese incumplimiento es admisible?

La república a la carta funciona así: el Gobierno elige qué leyes cumple y la Corte, con sus tiempos, cuáles atiende primero. Las instituciones siguen abiertas, pero la ley ya no rige para todos por igual. Conserva su lugar en los archivos y pierde fuerza frente a quienes tienen poder para postergarla. Es una república que acomoda sus reglas según quién las invoque y para quienes estén destinadas a regir.