Por Fernando Crivelli Posse.
“Malos tiempos, tiempos fatigosos, eso dicen los hombres. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos; cuales somos nosotros, así son los tiempos”.
San Agustín de Hipona, sermón 80, 8.
La igualdad posee una particularidad incómoda: resulta mucho más sencilla de defender cuando se refiere a los demás que cuando comienza a ordenar nuestra propia conducta. Podemos proclamar que todos deben someterse a las mismas reglas, exigir transparencia, reclamar austeridad o cuestionar ventajas injustificadas, pero la consistencia de esos principios recién aparece cuando la regla común modifica también aquello que nos beneficia.
Porque una cosa es exigir que desaparezcan las excepciones ajenas y otra muy distinta aceptar que también debemos revisar las propias. Una sociedad puede mostrarse severa frente al privilegio del otro y sorprendentemente comprensiva frente al propio; reclamar sacrificios para determinados sectores y considerar intolerable cualquier modificación que alcance aquello de lo que depende. Allí la igualdad deja de funcionar como principio y empieza a depender de la posición desde la cual cada uno la reclama.
La observación de San Agustín introduce una exigencia mucho más incómoda que la simple crítica a quienes gobiernan. Decir que “los tiempos somos nosotros” no significa diluir las responsabilidades de quienes ejercen el poder ni colocar al ciudadano en el mismo plano de quien administra recursos, dicta normas o toma decisiones públicas. Significa reconocer que ninguna deformación institucional puede perpetuarse durante décadas sin encontrar, además de beneficiarios concretos, una sociedad que termine acostumbrándose a ella.
Pero San Agustín agrega algo todavía más exigente: “Vivamos bien y los tiempos serán buenos.” Ese “vivir bien” no alude a la comodidad ni supone ingenuamente que la conducta individual pueda resolver por sí sola los problemas de una sociedad. En el pensamiento agustiniano implica vivir con rectitud, orientar la conducta por la virtud y someter las acciones a los principios de la fe cristiana. Los buenos tiempos, entonces, no dependen solamente de circunstancias favorables ni de mejores gobernantes: también requieren hombres dispuestos a obrar bien. La afirmación contiene así una exigencia moral y política profundamente actual: los tiempos no son una realidad completamente exterior que simplemente padecemos; también reflejan los principios que practicamos, las conductas que toleramos y la distancia que aceptamos entre aquello que proclamamos como bueno y aquello que efectivamente hacemos.
Desde otra tradición, Kant conduce hacia una exigencia semejante. Antes de justificar una conducta porque nos conviene, deberíamos preguntarnos si aceptaríamos que el principio que la sostiene pudiera valer para todos. Trasladada a la vida republicana, la pregunta es devastadoramente sencilla: ¿aceptamos para nosotros la misma regla que exigimos al otro?
La Argentina actual vuelve esa pregunta particularmente concreta. El equilibrio fiscal ocupa desde hace años el centro del programa económico nacional y, en agosto de 2026, el Sector Público Nacional acumulaba un superávit primario equivalente aproximadamente al 1,1% del PBI y un superávit financiero cercano al 0,2%. Al mismo tiempo, el primer semestre de 2026 registró un 32,3% de personas bajo la línea de pobreza y la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre. Ninguno de esos datos explica por sí solo las causas de los otros, pero juntos describen una sociedad en la que la discusión sobre esfuerzo, austeridad y distribución de los costos está lejos de ser filosófica en sentido abstracto. (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2026a, 2026b; Ministerio de Economía de la Nación, 24/09/2026).
En ese contexto, la cuestión republicana no consiste solamente en discutir si determinado sacrificio económico era necesario, excesivo o inevitable. Existe una pregunta anterior que cualquier gobierno debería estar dispuesto a responder: ¿la exigencia que se dirige hacia la sociedad encuentra una conducta equivalente en quienes la administran?
Allí la austeridad se convierte en una forma de igualdad.
No significa exigir pobreza a quien gobierna ni transformar la función pública en una representación teatral de modestia. Significa que quien reclama moderación, paciencia o sacrificios no puede comportarse como si el ejercicio del poder lo colocara moralmente fuera de aquello que exige. La legitimidad de una política difícil se fortalece cuando existe coherencia entre la conducta de quien la impone y el esfuerzo de quien debe soportarla.
Por eso determinados debates sobre remuneraciones, gastos o prerrogativas de la política adquieren una dimensión que excede sus montos. En agosto de este año se informó, por ejemplo, que el acuerdo salarial del Congreso llevaría las dietas brutas de los senadores nacionales a más de trece millones de pesos hacia diciembre (Diario La nación 31/08/2026). El dato no demuestra por sí mismo ilegalidad ni convierte automáticamente una remuneración en privilegio; plantea, sin embargo, una pregunta inevitable en una sociedad a la que simultáneamente se le habla de restricciones, eficiencia y austeridad: ¿bajo qué criterio deben juzgarse los esfuerzos de quienes representan y los de quienes son representados?
Ése es el problema de fondo. La igualdad republicana no exige que todos ganemos lo mismo ni desempeñemos las mismas funciones. Exige que las diferencias puedan justificarse y que el poder no se transforme en una categoría capaz de producir reglas morales distintas para quienes lo ejercen.
Aquí también debemos mirarnos nosotros.
Podemos condenar los privilegios mientras pertenecen a otros y defenderlos cuando nos alcanzan; exigir igualdad tributaria mientras buscamos una excepción para nuestro caso; reclamar concursos, mérito e idoneidad y encontrar razones para flexibilizarlos cuando conocemos al beneficiado; criticar la influencia ajena y considerar perfectamente razonable utilizar la propia.
Las escalas y las responsabilidades no son comparables, pero el principio sí puede examinarse: la regla suele parecernos más justa cuanto más lejos se encuentra de nuestros intereses.
Eso explica por qué “vivamos bien y los tiempos serán buenos” posee una dimensión política mucho más profunda de lo que parece. Vivir bien, en este sentido, no significa vivir cómodamente, sino actuar de acuerdo con aquello que reclamamos como correcto. Y allí San Agustín se encuentra con el deber kantiano: una sociedad no puede exigir instituciones regidas por principios que sus propios integrantes sólo están dispuestos a respetar cuando los favorecen.
Los cambios de gobierno tampoco solucionan necesariamente esa contradicción. Podemos reemplazar autoridades y conservar hábitos, cambiar discursos mientras sobreviven los mismos criterios de excepción y exigir ejemplaridad hacia arriba mientras continuamos admirando hacia abajo la capacidad de quien consigue el contacto, la ventaja o el atajo.
Por eso la igualdad verdadera incomoda. No sólo obliga al poder a abandonar ventajas injustificadas; también nos obliga a preguntarnos cuáles de nuestras propias excepciones estaríamos dispuestos a resignar para que la regla pudiera ser realmente común.
Y allí aparece una diferencia decisiva entre igualdad y resentimiento. La igualdad no consiste en desear que todos pierdan aquello que otro posee, sino en exigir que cada diferencia pueda justificarse mediante una razón compatible con el interés general. Una República necesita reconocer mérito, responsabilidad y funciones distintas; lo que no puede admitir sin degradarse es que la proximidad al poder se convierta, por sí misma, en fundamento suficiente de una ventaja.
Una sociedad puede aceptar esfuerzos considerables cuando percibe que existe un destino compartido. Lo que erosiona la confianza es algo diferente: la sensación de que unos administran sacrificios mientras otros simplemente los padecen.
Allí la pregunta comienza a cambiar.
Ya no se trata únicamente de cuánto privilegio toleramos ni de cuánta igualdad estamos dispuestos a practicar. Empieza a importar cómo conciben el poder quienes lo ejercen.
Porque si una República exige sacrificios al ciudadano mientras quienes fueron elegidos para representarlo comienzan a sentirse pertenecientes a una condición distinta, la desigualdad deja de ser solamente económica.
Se vuelve política.
Y entonces queda abierta una pregunta bastante más inquietante:
¿qué ocurre cuando quienes fueron elegidos como representantes del pueblo empiezan a ejercer el poder como si la República les hubiera concedido las prerrogativas de los antiguos príncipes?
Continuará…