Por María Eugenia Navarro.
Antes de que su nombre circulara por todo el país, Nancy Godoy era una maestra que intentaba sostener una escuela rural. Trabajaba en el paraje El Malezal, en Corrientes, donde llegar a dar clases exigía atravesar caminos difíciles y continuar a caballo. Allí, las distancias se medían también en dificultades para comunicarse, conseguir ayuda y resolver las necesidades cotidianas.
El hallazgo de su cuerpo, el 28 de octubre, después de semanas sin conocerse su paradero, convirtió su ausencia en una noticia nacional. La investigación por su asesinato deberá esclarecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades. Su historia nos enfrenta, además, con una pregunta sobre las condiciones en las que enseñaba y el respaldo con el que contaba para hacerlo.
Nancy había dejado por escrito el deterioro de la escuela. Señaló la falta de agua, los problemas edilicios y las dificultades para desarrollar las clases. También denunció irregularidades en su funcionamiento. Había una trabajadora observando lo que ocurría, reclamando respuestas y asumiendo una tarea que necesitaba acompañamiento.
Con demasiada frecuencia, esas condiciones se cuentan como pruebas de vocación. Admiramos a las maestras que recorren grandes distancias, limpian las aulas, resuelven la comida y consiguen por su cuenta lo que hace falta. Celebramos su entrega hasta convertir la sobrecarga en una cualidad profesional. El esfuerzo individual termina compensando carencias que deberían resolver las instituciones responsables.
La vocación puede explicar por qué alguien elige enseñar. El agua, los caminos, la comunicación y las condiciones de alojamiento necesitan decisiones y recursos. Cuando todo depende de la capacidad de una maestra para arreglárselas, el derecho a la educación se vuelve tan frágil como las condiciones en las que ella trabaja.
Esa fragilidad también debe pensarse desde la autonomía de las mujeres. Poder trasladarse, comunicarse y acceder a un alojamiento seguro permite decidir sobre la propia vida y pedir ayuda cuando hace falta. Cuando esas posibilidades dependen de favores o de arreglos personales, una trabajadora queda expuesta a relaciones de dependencia que las instituciones deberían contribuir a reducir.
Las condiciones que Nancy denunció merecen respuestas por sí mismas. Establecer si tuvieron alguna relación con su asesinato corresponde a la investigación judicial. Las autoridades educativas, por su parte, deben explicar qué hicieron frente a sus advertencias, qué medidas adoptaron y con qué acompañamiento contaba para cumplir su tarea.
Una escuela pública ubicada en un lugar de difícil acceso sigue siendo una responsabilidad pública. Sus alumnos y sus trabajadores tienen el mismo derecho a ser atendidos que quienes viven cerca de una oficina, un hospital o una comisaría. La lejanía exige una organización capaz de sostener esa presencia y garantizar que los reclamos lleguen a destino.
A pocas semanas del 25 de noviembre, el nombre de Nancy vuelve a reunir dolor e indignación. El movimiento de mujeres ha construido una voz colectiva capaz de hacer visibles violencias durante mucho tiempo toleradas. Su reclamo compromete al conjunto de la sociedad, porque la seguridad y la libertad de las mujeres requieren respuestas que se sostengan en la vida cotidiana, también donde reclamar y encontrar ayuda resulta más difícil.
Nancy tenía una familia, vínculos y una vida que el crimen interrumpió. Era una maestra cuya voz merece ser escuchada por lo que había dicho antes de convertirse en noticia. Había señalado problemas concretos y pedido respuestas.
Exigir justicia por Nancy implica sostener el reclamo cuando su nombre deje de ocupar los titulares. También obliga a escuchar a quienes hoy siguen enseñando en condiciones que les exigen resolverlo todo por su cuenta. La distancia geográfica exige mayor presencia institucional. Aceptarla como explicación suficiente de la desprotección es convertirla en abandono.