Por Fernando Crivelli Posse.

“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza.” 

Constitución Nacional, artículo 16.

La República nació, entre otras cosas, para terminar con una idea muy antigua: que quienes gobiernan pertenecen a un orden distinto de quienes son gobernados. La autoridad dejó de justificarse por el nacimiento, la sangre o la voluntad del soberano y pasó a concebirse como una función temporal, sometida a reglas y ejercida en nombre de una comunidad de ciudadanos iguales. Nuestra Constitución lo expresa con una claridad difícil de mejorar: no existen prerrogativas de sangre ni títulos de nobleza y todos los habitantes son iguales ante la ley.

Pero una República no se vuelve verdaderamente republicana por el solo hecho de escribirlo.

Puede conservar elecciones, Congreso, tribunales, Constitución y división de poderes y, al mismo tiempo, desarrollar alrededor del poder una cultura que se parezca demasiado a aquello que formalmente pretendió superar. No hacen falta coronas ni palacios. Basta con que el cargo comience a otorgar una condición distinta, que la proximidad al poder habilite ventajas difíciles de justificar y que quienes administran los sacrificios colectivos queden, de alguna manera, exceptuados de padecerlos.

Allí aparece una contradicción que debería incomodarnos mucho más. ¿Qué sentido tiene haber reemplazado al súbdito por el ciudadano si quienes dicen representarlo pretenden vivir con las prerrogativas de los antiguos príncipes?

La cuestión no pasa por exigir pobreza a quienes gobiernan ni por transformar la función pública en una ceremonia de austeridad fingida. Una persona puede tener patrimonio, éxito profesional y una vida confortable antes, durante o después de ejercer un cargo. El problema es otro: el poder no puede convertirse en una vía mediante la cual algunos mejoran sistemáticamente su posición mientras administran el deterioro de quienes los sostienen.

Si al ciudadano se le pide paciencia, esfuerzo, impuestos, reducción del consumo o aceptación de servicios deficientes, la política pierde autoridad moral cuando continúa preservando para sí estructuras, gastos y ventajas que no puede explicar mediante una utilidad pública concreta. La austeridad republicana no consiste en una estética de la pobreza; consiste en recordar que administrar recursos colectivos obliga a una conducta distinta de aquella que tendríamos frente al patrimonio propio.

De allí surge una pregunta mucho más profunda que cualquier discusión presupuestaria: ¿quién soporta realmente el costo del Estado?

Si los ajustes, las ineficiencias y los errores recaen siempre sobre quienes están fuera del poder, mientras quienes circulan alrededor suyo consiguen proteger cargos, ingresos, influencias y estructuras, la desigualdad deja de ser únicamente económica. Se convierte en una desigualdad política entre quienes toman decisiones y quienes soportan sus consecuencias.

Ese fenómeno recuerda una vieja lógica patrimonial del poder. En el absolutismo, el soberano no administraba simplemente una institución ajena: el poder tendía a confundirse con su persona, su casa, su corte y sus intereses. La República pretendió romper precisamente esa identificación. El Estado no pertenece a quien gobierna, los recursos públicos no constituyen patrimonio de quienes los administran y los cargos no deberían funcionar como recompensas destinadas a distribuirse entre allegados, fidelidades o estructuras de pertenencia.

Sin embargo, esa antigua lógica puede sobrevivir sin necesidad de restaurar una monarquía. Sobrevive cada vez que un cargo empieza a sentirse como propiedad; cuando la cercanía sustituye a la idoneidad; cuando los recursos públicos sirven para preservar una estructura antes que para cumplir una finalidad; o cuando una dirigencia interpreta la administración del Estado como una oportunidad de ascenso personal antes que como una responsabilidad frente a quienes la eligieron.

Entonces las instituciones corren el riesgo de convertirse en decorado.

No porque hayan dejado de existir, sino porque empiezan a perder el principio que les daba sentido. Puede haber Congreso sin verdadera responsabilidad parlamentaria, administración sin verdadera rendición de cuentas, organismos de control sin voluntad suficiente para controlar y discursos sobre igualdad pronunciados desde estructuras que viven de excepciones.

Ese es el punto donde las formas republicanas pueden convivir con comportamientos profundamente poco republicanos.

La diferencia entre ambos mundos no está solamente en cómo elegimos a quienes gobiernan, sino en cómo ellos entienden aquello que reciben cuando son elegidos. El gobernante republicano recibe una responsabilidad; la mentalidad patrimonial recibe una posición. El primero sabe que administra temporalmente algo ajeno; la segunda empieza a comportarse como si el poder le perteneciera.

Y esa diferencia termina alcanzando directamente al ciudadano.

Cuando una sociedad observa que quienes reclaman sacrificios permanecen protegidos de sus consecuencias, la confianza institucional comienza a deteriorarse. No necesariamente porque exista una ilegalidad concreta, sino porque aparece una percepción mucho más elemental: la de estar viviendo bajo reglas distintas. Una para quien debe financiar el sistema y otra para quien aprendió a vivir dentro de él.

La República pierde entonces una parte de su legitimidad antes incluso de perder sus formas.

Por eso el bienestar general no puede ser una expresión ceremonial del Preámbulo. Es una finalidad constitucional. El poder no existe para que quienes lo ejercen encuentren dentro suyo una forma privilegiada de vida, sino para administrar instituciones capaces de mejorar la vida de una comunidad.

Si la política prospera mientras la sociedad retrocede, si las estructuras se preservan mientras los servicios se deterioran y si quienes hablan en nombre del pueblo consiguen protegerse de aquello que le exigen soportar, la pregunta deja de ser únicamente cuánto cuesta la política.

La pregunta es para quién existe.

Una Constitución puede abolir los títulos de nobleza en una tarde. Mucho más difícil es abolir la mentalidad que los hacía posibles: la convicción de que ocupar el poder concede un lugar superior frente a quienes deben obedecer sus decisiones.

Tal vez allí se encuentre una de las pruebas más exigentes de cualquier República. No solamente elegir periódicamente a sus gobernantes, sino impedir que quienes llegan al poder olviden que continúan siendo ciudadanos entre ciudadanos.

Porque si quienes fueron elegidos para representar al pueblo terminan reclamando los privilegios de los príncipes, habremos cambiado la forma del gobierno sin haber terminado de cambiar la naturaleza del poder.

Y una República en la que las instituciones se convierten en escenografía mientras el privilegio ocupa el escenario corre un peligro mayor que el de administrar mal:

conservar la Constitución y empezar, lentamente, a perder la República.

Continuará…