Por Fernando Crivelli Posse.

“La peor victoria de quienes degradan las instituciones no consiste en convencer a los ciudadanos de que los acompañen, sino en convencerlos de que nada vale la pena.”

La historia de las repúblicas enseña una lección que suele pasar inadvertida cuando se analizan los procesos de deterioro institucional. Las sociedades rara vez comienzan a declinar porque de repente aparecen dirigentes deshonestos o funcionarios incapaces. Individuos de esas características han existido en todas las épocas y bajo todos los sistemas políticos. Lo que verdaderamente determina la fortaleza o la debilidad de una comunidad es la capacidad de sus ciudadanos para establecer límites claros frente a determinadas conductas y para sostener esos límites aun cuando hacerlo implique incomodidades, sacrificios o desencantos.

Existe una forma de decepción particularmente peligrosa para la vida democrática. No es la que se manifiesta mediante la crítica o la protesta, porque ambas expresan todavía una voluntad de corregir aquello que se considera equivocado. La más peligrosa es aquella que desemboca en la indiferencia. Es la decepción que lleva al ciudadano a concluir que nada cambiará, que toda participación resulta inútil y que la política constituye un espacio irremediablemente degradado del cual conviene mantenerse alejado.

A primera vista, la reacción parece comprensible. Después de años de promesas incumplidas, escándalos de corrupción, privilegios injustificables y dirigentes que parecen más preocupados por preservar posiciones de poder que por resolver los problemas de la sociedad, resulta lógico que muchos ciudadanos experimenten cansancio y frustración. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que el abandono de los asuntos públicos nunca ha fortalecido a las repúblicas. Por el contrario, cuando las personas honestas se retiran de la discusión colectiva, dejan vacante un espacio que inevitablemente será ocupado por quienes poseen menos escrúpulos para ejercer el poder.

Tal vez una de las mayores victorias de los sistemas políticos deteriorados consista precisamente en eso: convencer a los ciudadanos de que la política es un asunto ajeno, una actividad reservada para profesionales o estructuras partidarias sobre las cuales nada puede influirse. Cuando esa idea se instala, la sociedad comienza a comportarse como una mera espectadora de su propio destino y deja de ejercer la función de control que constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia.

No deja de resultar paradójico que quienes más se indignan frente a determinadas conductas públicas sean, muchas veces, quienes menos dispuestos se encuentran a involucrarse en la construcción de alternativas superadoras. Como si la política fuese una realidad completamente separada del cuerpo social y no una manifestación directa de él. Sin embargo, los dirigentes no emergen de una dimensión paralela ni son producto de una generación espontánea. Son, en gran medida, el resultado de una cultura política determinada, de los incentivos existentes y del nivel de exigencia que la propia ciudadanía está dispuesta a sostener.

Por esa razón suele afirmarse que los pueblos tienen los gobiernos que se parecen a ellos. La frase puede resultar incómoda porque desplaza una parte de la responsabilidad desde los gobernantes hacia la sociedad. No significa que todos los ciudadanos sean responsables de los actos de quienes ejercen el poder. Significa algo más profundo: que ninguna dirigencia puede sostenerse durante largos períodos si no encuentra un grado suficiente de tolerancia, resignación o complacencia dentro de la comunidad.

La corrupción, la mentira sistemática y los abusos de poder prosperan cuando los costos sociales asociados a esas conductas comienzan a disminuir. Cuando la indignación dura apenas unos días y luego es reemplazada por nuevas polémicas, cuando la pertenencia partidaria pesa más que los principios o cuando los beneficios individuales se utilizan para justificar conductas incompatibles con la función pública, la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable comienza a desdibujarse de manera progresiva.

Allí aparece un fenómeno particularmente preocupante: la indulgencia de los honestos.

No se trata de una complicidad activa ni de una adhesión consciente a prácticas reprochables. Se trata de algo mucho más sutil. Es la actitud de quienes reconocen que determinadas conductas son incorrectas, pero consideran que denunciarlas, cuestionarlas o exigir consecuencias ya no tiene sentido. Es la resignación disfrazada de realismo. Es la aceptación silenciosa de aquello que anteriormente habría provocado un rechazo inmediato.

Sin advertirlo, esa actitud termina funcionando como uno de los principales aliados de la impunidad.

La antigua Roma comprendía con claridad la importancia de la sanción social frente a quienes traicionaban los deberes públicos. Entre las condenas más severas se encontraba la declaración de infamia, una figura que implicaba mucho más que una consecuencia jurídica. El ciudadano declarado infame sufría una pérdida profunda de honor y credibilidad, quedando marcado por haber incumplido obligaciones esenciales hacia la comunidad política de la que formaba parte.

Los romanos entendían que una república no puede sostenerse exclusivamente mediante normas escritas. Necesita también una cultura cívica capaz de distinguir entre virtud y corrupción, entre servicio y aprovechamiento, entre honor y oportunismo. Comprendían que existen determinadas conductas que, aun cuando encuentren mecanismos de justificación legal o política, deben ser rechazadas por el cuerpo social para preservar la salud de las instituciones.

Quizás uno de los problemas contemporáneos consista precisamente en haber relegado esa dimensión moral de la vida pública. Con frecuencia observamos cómo comportamientos que deberían provocar un rechazo transversal terminan siendo evaluados según la identidad partidaria de quien los protagoniza. Lo que resulta inadmisible en un adversario se vuelve tolerable en un aliado. Lo que ayer era motivo de escándalo hoy se transforma en una explicación circunstancial. De ese modo, los principios dejan de funcionar como criterios permanentes y pasan a convertirse en herramientas de conveniencia.

Sin embargo, ninguna república puede sostenerse sobre semejante lógica durante demasiado tiempo. Las instituciones necesitan ciudadanos capaces de exigir integridad incluso a quienes representan sus propias ideas, del mismo modo que necesitan dirigentes conscientes de que la confianza pública constituye una responsabilidad y no un patrimonio personal.

La tarea de la ciudadanía, por lo tanto, no consiste únicamente en votar periódicamente. Consiste también en promover la llegada de personas con auténtica vocación de servicio, en rechazar sin ambigüedades las conductas incompatibles con la función pública y en comprender que la calidad institucional de un país depende tanto de quienes ejercen el poder como de quienes tienen la responsabilidad de controlarlo.

Manuel Belgrano sintetizó esta idea con una claridad admirable cuando afirmó que “el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente”. La frase conserva una vigencia extraordinaria porque recuerda que toda comunidad necesita mecanismos capaces de desalentar las malas conductas y, al mismo tiempo, promover aquellas que fortalecen el bien común.

Ahora bien, esa tarea exige algo más que voluntad ciudadana. Requiere instituciones capaces de actuar con independencia, de aplicar la ley sin privilegios y de garantizar que las responsabilidades alcancen por igual a gobernantes y gobernados. Porque si una república necesita ciudadanos comprometidos para preservar sus valores, también necesita un sistema de justicia dispuesto a protegerlos.

Y es precisamente allí donde surge una pregunta que merece una reflexión propia: ¿qué ocurre cuando quienes deben custodiar la ley dejan de inspirar la confianza necesaria para hacerlo?

Continuará…