Por Marcelo Velasco.

“El normal y el estigmatizado no son personas, sino perspectivas”

Erving Goffman

“Trauma”, “límites”, “gaslighting” (hacer luz de gas), “tóxico”, “narcisista”, “ansiedad”, términos que no hace demasiado tiempo pertenecían -exclusivamente- al consultorio, al informe psicológico o a una pericia judicial. Hoy aparecen en una sobremesa, en una discusión de pareja, en un video de treinta segundos y hasta en la explicación de por qué alguien decidió alejarse de un amigo o renunciar a un trabajo.

Algo indudablemente cambió. El lenguaje de la salud mental salió del ámbito de los especialistas y empezó a organizar nuestra manera cotidiana de comprender los vínculos, el conflicto y hasta nuestra propia identidad. El propio campo “psi” viene observando el fenómeno: las plataformas digitales aceleraron la circulación masiva de categorías que antes tenían un uso mucho más delimitado.

Frente a eso aparecen, como casi siempre, dos respuestas cómodas. Una celebra el fenómeno sin demasiadas reservas: por fin hablamos de salud mental, por fin podemos nombrar lo que antes se soportaba en silencio, por fin ciertas formas de violencia, sufrimiento o manipulación dejaron de ser invisibles. La otra mira todo esto con sospecha: advierte que estamos patologizando cualquier malestar, convirtiendo una discusión en “violencia”, una relación difícil en un vínculo “tóxico”, una frustración en un “trauma” y un rasgo desagradable de personalidad en un diagnóstico.

Ambas posiciones contienen una parte de verdad y, probablemente por eso mismo, ninguna alcanza.

La pregunta más interesante no es si está bien o mal que hablemos de salud mental, lo cierto es qué ocurre cuando un vocabulario creado para describir padecimientos, trastornos o dinámicas psicológicas específicas empieza a utilizarse para explicar prácticamente cualquier conflicto humano.

Las palabras no solo describen, también ordenan…y, a veces, condenan.

El problema no es que el lenguaje de la salud mental circule fuera de los espacios especializados, sino que, al hacerlo, puede perder precisión y convertirse en una forma rápida de clasificar personas, cerrar conflictos y anticipar responsabilidades. La cuestión, entonces, no es prohibir esas palabras, sino recuperar una prudencia proporcional al poder que tienen.

Decir que alguien “me hizo mal” no significa necesariamente lo mismo que afirmar que alguien “me traumó”. Decir que una persona miente no equivale a llamarla “narcisista”. Discutir con una pareja no convierte automáticamente el vínculo en “tóxico”.

La diferencia podría parecer puramente semántica, pero no lo es.

El lenguaje clínico tiene una autoridad particular. Cuando utilizamos una categoría psicológica para explicar una conducta, muchas veces dejamos de discutir simplemente qué ocurrió y empezamos a definir quién es el otro.

El conflicto deja de ser una discusión entre personas y comienza a parecerse a un diagnóstico. Y ahí aparece una paradoja interesante.

Erving Goffman lo formuló hace más de sesenta años al estudiar el estigma: “el normal y el estigmatizado no son personas, sino perspectivas”. La advertencia sigue siendo incómodamente actual. Una categoría puede ayudarnos a comprender una parte de alguien; el problema empieza cuando esa parte pretende explicar el todo.

La paradoja es que, mientras la conversación cotidiana usa cada vez con mayor facilidad categorías psicológicas para definir a las personas, el derecho argentino lleva años intentando desplazarse en sentido contrario: evitar que un diagnóstico produzca consecuencias automáticas sobre la autonomía, la capacidad o la responsabilidad de alguien.

La Ley Nacional de Salud Mental, el Código Civil y Comercial y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresan, con matices distintos, un mismo desplazamiento: abandonar el viejo reflejo de sustituir la voluntad de una persona por el solo hecho de un diagnóstico y afirmar, en cambio, la autonomía, la capacidad jurídica, los apoyos y las decisiones ajustadas a cada caso.

Curiosamente, mientras el derecho intenta desprenderse de esa simplificación, la conversación social parece redescubrirla, porque el problema se vuelve todavía más delicado cuando ese vocabulario cruza la puerta de un tribunal.

El derecho penal argentino conoce desde hace mucho tiempo la relación entre salud mental y responsabilidad. El artículo 34, inciso 1, del Código Penal contempla los supuestos en los que una persona no pudo comprender la criminalidad de su acto o dirigir sus acciones. Pero justamente porque las consecuencias jurídicas son enormes, el sistema nunca se conformó —o no debería conformarse— con una etiqueta: no alcanza con decir que alguien tiene un trastorno, no alcanza con afirmar que atravesó un trauma, no alcanza con describir una personalidad.

Es necesario determinar qué ocurrió concretamente, cuál era el estado de la persona, qué relación existe entre ese estado y el hecho investigado y qué relevancia jurídica tiene todo eso. Para eso existen las pericias, el contradictorio, la posibilidad de discutir conclusiones técnicas, para eso un juez debe fundamentar una decisión.

El vocabulario psicológico también ingresó legítimamente en otros espacios judiciales y permitió comprender fenómenos que durante años habían sido invisibilizados o minimizados. Ese avance es valioso: puede mejorar una decisión judicial cuando ayuda a entender la vulnerabilidad, las dinámicas de violencia o las consecuencias psicológicas de determinados hechos.

Pero incorporar conocimiento psicológico no significa reemplazar razonamiento jurídico por terminología psicológica. Una palabra no debería transformarse en prueba solo porque suena técnica: “Trauma”, “violencia psicológica”, “manipulación”, “dependencia”, “vulnerabilidad” o “trastorno” pueden describir fenómenos reales y relevantes, pero dentro de un expediente tienen que significar algo más que en una publicación de redes sociales.

La sensibilidad frente al sufrimiento no exige renunciar a la prueba; exige, quizás, tomársela todavía más en serio.

Antes alguien podía ser egoísta, manipulador, cruel, irresponsable, autoritario, inmaduro o simplemente insoportable. Hoy esas mismas conductas muchas veces aparecen traducidas inmediatamente al lenguaje de la psicología.

El cambio puede parecer menor, pero tiene consecuencias: una acusación moral puede discutirse; un diagnóstico, en cambio, parece explicar. Y cuando creemos haber explicado a una persona por completo, muchas veces dejamos de escucharla.

No se trata de volver a una época en la que la salud mental era un asunto vergonzante, sino de reconocer que toda expansión de un lenguaje también tiene costos. El lenguaje terapéutico nos permitió ver cosas que antes no veíamos, pero quizás también nos está acostumbrando a mirar demasiados conflictos humanos como si fueran problemas clínicos.

A veces existe violencia, sí; a veces existe enfermedad, sí; a veces existe delito, sí. Y a veces existe algo mucho más incómodo porque no tiene diagnóstico posible: personas que se equivocan, vínculos que fracasan, decisiones egoístas, desacuerdos irreconciliables y dolores que forman parte de vivir con otros.

Cuando una palabra tiene poder suficiente para limitar derechos, modificar responsabilidades o definir la situación jurídica de una persona, el sistema exige pruebas, especialistas, contradicción y fundamentos.

Tal vez fuera de los tribunales deberíamos conservar algo de esa prudencia. No porque haya que hablar menos de salud mental.

Sino porque, cuando todos podemos diagnosticar a todos, quizás el diagnóstico empieza a decir menos sobre quien tenemos enfrente y más sobre nuestra necesidad de encontrar una palabra que cierre rápidamente aquello que todavía no comprendemos.

Si una palabra puede ordenar un conflicto, también puede clausurarlo antes de tiempo. Por eso, tal vez la tarea no sea hablar menos de salud mental, sino hablar mejor: con más precisión, con más responsabilidad y con la humildad suficiente para admitir que no todo lo que duele necesita una etiqueta para existir.