Por Enrico Colombres.
“¿Envidia de qué puedo tener a Sarmiento? ¿De su talento? Es el de un loco, es decir, talento sin juicio: una calamidad, según Cicerón.” Juan Bautista Alberdi, Escritos póstumos de Juan Bautista Alberdi, tomo X, Ensayos sobre la sociedad, los hombres y las cosas de Sud-América, Buenos Aires, Cruz Hermanos, Imprenta Díaz-Vélez, 1899, pp. 439-440.
El Presidente convirtió la Casa Rosada en un pabellón de furia, paranoia y narcisismo desde el cual se gobierna a los gritos, se insulta a cualquiera que contradiga el relato oficial y se atribuye cada fracaso a una conspiración internacional. No hace falta pronunciar su nombre. Tampoco formular un diagnóstico clínico a distancia. Alcanza con observar su conducta pública y preguntarse cuánto tiempo puede una nación permanecer sometida a los impulsos, obsesiones y enemigos imaginarios de una sola persona.
La salud mental no debe utilizarse como agravio. Precisamente por eso, el equilibrio emocional de quien controla la administración nacional, conduce las Fuerzas Armadas, representa al país y adopta decisiones que afectan a millones de personas no puede considerarse una cuestión exclusivamente privada. Cuando un Presidente reacciona con violencia ante las críticas, transforma todo desacuerdo en una traición y necesita construir diariamente un nuevo adversario, el problema deja de pertenecer a su intimidad. Se convierte en un asunto institucional.
En este Gobierno, la realidad nunca contradice al Presidente. La realidad conspira. Si la economía no mejora, hay una operación política. Si aparecen denuncias, actúan los servicios de inteligencia. Si la Justicia investiga, existe persecución. Si detienen a un antiguo colaborador, la responsabilidad recae sobre el castrochavismo continental, alguna potencia extranjera o una oscura alianza de comunistas, periodistas y personas que todavía pretenden comer tres veces por día.
La reciente detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, antiguo colaborador comunicacional del oficialismo y visitante reiterado de la Casa Rosada, volvió a exhibir la peculiar calidad del personal que circuló alrededor del proyecto libertario. Cerimedo quedó detenido preventivamente en una investigación por tentativa de feminicidio contra su expareja. También enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con el narcotráfico.
Todas estas acusaciones deberán probarse y el detenido conserva su derecho de defensa. Pero políticamente no puede ser presentado como un desconocido que entró varias veces a la sede del Gobierno porque confundió la Casa Rosada con una estación de servicio. Formó parte del universo comunicacional y político que ayudó a construir esta experiencia de poder basada en campañas agresivas, ejércitos digitales, noticias falsas y operaciones destinadas a convertir la discusión pública en una cloaca con conexión wifi.
Cerimedo también aparece vinculado con el origen o la circulación de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Esas grabaciones, sometidas a peritaje judicial, describirían un sistema de coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos. La Justicia deberá determinar si los archivos son auténticos, si fueron editados y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas investigadas. Una investigación no equivale a una condena, pero tampoco puede tratarse como un chisme de peluquería.
La causa tiene imputados, procesamientos y decenas de archivos sometidos a análisis forense. El contenido conocido describe porcentajes que presuntamente se exigían a proveedores y menciona a figuras próximas al centro del poder. Para un Gobierno que prometió destruir a la casta, terminar explicando posibles retornos en el organismo encargado de asistir a las personas con discapacidad representa algo más que una contradicción. Es una obscenidad política.
Mientras se recortaban prestaciones, se suspendían pensiones y se obligaba a personas con discapacidad y a sus familias a atravesar auditorías interminables, dentro del organismo encargado de protegerlas habría funcionado un circuito de recaudación ilegal. La motosierra, al parecer, cortaba derechos, pero respetaba cuidadosamente las cajas. El ajuste era inevitable para los vulnerables, aunque los presuntos porcentajes destinados a los intermediarios parecían gozar de una sorprendente estabilidad.
En medio de ese paisaje, el Gobierno decidió utilizar hasta dos billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para colocar depósitos de largo plazo en los bancos y promover créditos hipotecarios. El mecanismo busca resolver el problema financiero de las entidades, que captan depósitos por períodos breves y no cuentan con recursos suficientes para prestar a veinte o veinticinco años.
Facilitar el acceso a la vivienda podría ser una política razonable. La discusión comienza cuando se observa quién proporciona el dinero, quién obtiene el negocio y quién asume el riesgo. El Gobierno que considera al Estado un enemigo recurre al ahorro previsional para financiar al sistema bancario privado. El mercado, tan valiente cuando exige libertad, vuelve corriendo a los brazos del Estado cuando necesita dos billones de pesos. El león liberal termina tomando la mamadera de los jubilados.
Los bancos recibirán fondos de largo plazo, otorgarán préstamos, cobrarán intereses y exigirán ingresos formales suficientes. Millones de trabajadores precarizados, monotributistas, jubilados y familias endeudadas quedarán observando la vidriera. Para ellos, el crédito hipotecario será tan accesible como una casa de verano en Marte. Antes de pensar en comprar una vivienda deben resolver un problema más modesto: pagar el alquiler sin dejar de comer.
Los alquileres continúan aumentando muy por encima de los ingresos de amplios sectores. Cada renovación se ha transformado en una ceremonia de extorsión económica donde el inquilino entrega recibos de sueldo, garantías, depósitos y hasta una muestra de ADN si se lo requieren, para finalmente agradecer que le permitan financiar el techo bajo el cual duerme.
Al mismo tiempo, millones de personas recurren a tarjetas, préstamos personales y billeteras virtuales para pagar alimentos, servicios y medicamentos. Las plataformas ofrecen dinero inmediato con tasas capaces de convertir una compra de supermercado en una deuda hereditaria. Ya no se pide crédito para consumir más. Se pide para sobrevivir hasta el próximo ingreso. La deuda dejó de ser una herramienta de progreso y pasó a funcionar como respirador artificial de los hogares.
El Gobierno responde exhibiendo el descenso de la inflación, pero el índice oficial está lejos de representar con exactitud el deterioro cotidiano. El IPC no incorpora realmente a los servicios, alquileres y combustibles, pero no necesariamente refleja el peso real que esos gastos ocupan actualmente en el presupuesto de cada familia. Una canasta basada en patrones de consumo atrasados puede registrar quizas que aumentaron la electricidad, el gas, el transporte, la medicina prepaga o la nafta y, sin embargo, asignarles una relevancia menor que la que poseen en la vida concreta.
El combustible merece una atención especial. El índice registra sus variaciones, pero no siempre transmite adecuadamente su impacto directo e indirecto. El aumento de la nafta no termina en el surtidor. Se traslada al transporte de pasajeros, a la distribución de alimentos, a los costos de producción, a los fletes y finalmente al precio de casi todo lo que llega a una góndola. Una medición puede computar el incremento del litro de combustible y, al mismo tiempo, subestimar la onda expansiva que ese aumento genera sobre el conjunto de la economía.
Tampoco todos los hogares consumen de la misma manera. Quien posee vivienda propia, o no utiliza transporte público y tiene cobertura médica empresarial, experimenta una inflación diferente de quien alquila, viaja diariamente y paga medicamentos. El promedio estadístico puede ser técnicamente correcto y socialmente engañoso. Si una persona destina la mitad de sus ingresos al alquiler, poco consuelo encontrará en saber que bajó el precio de un electrodoméstico que no puede comprar.
Existe además una inflación que no se aprecia plenamente en las planillas. Las familias reemplazan primeras marcas, compran productos de menor calidad, reducen cantidades, abandonan tratamientos, eliminan actividades recreativas y dejan de consumir ciertos alimentos. La estadística puede interpretar esa sustitución como una modificación de hábitos. En realidad, se trata de pobreza administrada. No bajó el costo de vida. Bajó la vida para adaptarse al costo.
Las inversiones prometidas tampoco llegaron con la intensidad anunciada. Algunos sectores concentrados crecieron, pero esa expansión no se transformó en empleo masivo, recuperación salarial ni bienestar general. La lluvia de inversiones terminó siendo una humedad localizada sobre minería, energía y finanzas. Para el comercio, la industria y las pequeñas empresas, el pronóstico continúa siendo sequía con riesgo de cierre.
Así funciona la gran estafa del relato oficial. El Estado alcanza equilibrio fiscal mientras las familias acumulan desequilibrio financiero. Los bancos reciben fondos previsionales mientras los jubilados cuentan monedas. Se anuncian hipotecas mientras millones no pueden pagar un alquiler. Se celebra la inflación baja de la manipulacion de laboratorio mientras aumentan la nafta, los servicios, las prepagas y los alimentos. Se promete terminar con la corrupción mientras aparecen audios sobre coimas y antiguos colaboradores detenidos en países vecinos.
Tal vez el problema no sea solamente el estado mental de quien gobierna, sino la locura colectiva de haber normalizado que los gritos sustituyan a las explicaciones, que la crueldad sea presentada como firmeza y que cualquier fracaso pueda ocultarse detrás de un enemigo imaginario. Un país puede soportar un Presidente excéntrico. Lo que no puede soportar indefinidamente es un poder fuera de control que obliga a toda la sociedad a pagar la cuenta de sus delirios.