Por José Mariano.
«El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden presente mantiene consigo mismo, su monólogo elogioso.»
— Guy Debord.
Gobernar una ciudad implica establecer prioridades. Decidir qué debe atenderse primero, dónde colocar los recursos y cuánto tiempo puede esperar una necesidad. Parece sencillo, al menos cuando uno lo piensa desde el sentido común. Primero se resuelve lo urgente, después lo importante y, cuando las condiciones lo permiten, llega el momento de ocuparse de lo accesorio.
Confieso que la situación comienza a abrumarme. Ha llegado un punto en el que ya no logro comprender el orden de las prioridades en este lugar del mundo. Salimos a la calle y encontramos una silla rota o una caja de madera dentro de un pozo nuevo. Alguien tuvo que colocarlas para evitar un accidente. Los pozos viejos ya no necesitan señalización. Los conocemos de memoria, sabemos dónde frenar, hacia qué lado movernos y en qué momento invadir un poco el carril contrario.
Así se vive en Ciudad bache. El ciudadano advierte el peligro, improvisa una solución y sigue su camino. La ciudad funciona gracias a esos pequeños actos privados que compensan un abandono público. Mientras tanto, las decisiones oficiales avanzan en una dirección que cuesta entender.
La utilidad y la necesidad han sido desplazadas por la visibilidad. Importa aquello que puede convertirse rápidamente en una imagen, circular por las redes y fortalecer la presencia de quien gobierna. Una obra vale por la escena que permite construir. Una decisión, por la oportunidad de llamar la atención o volverse viral.
Así funciona la política del decorado. La ciudad se convierte en el escenario de una representación permanente y sus superficies son elegidas según la transformación que pueden exhibir. Lo necesario queda esperando porque muchas veces carece de la potencia visual que exige una campaña.
Las campañas ya no terminan cuando se cuentan los votos. Continúan durante toda la gestión y organizan su lenguaje, sus tiempos y sus prioridades. La administración necesita anuncios, novedades e inauguraciones. Mantener lo que ya existe, reparar silenciosamente la infraestructura o concluir una obra iniciada por otro ofrece pocas oportunidades para ese relato.
Entonces aparece la plaza. Quizás ya había sido remodelada y todavía conservaba sus bancos, sus baldosas y sus luminarias. Aun así, vuelve a ser elegida. Una plaza renovada permite mostrar un antes y un después, colocar un cartel y reunir funcionarios. Mientras tanto, las calles que la rodean pueden continuar destruidas y las obras abandonadas seguir formando parte de lo cotidiano.
Cada recurso destinado a intervenir nuevamente aquello que todavía funciona contiene una decisión sobre todo lo que deberá seguir esperando. Lo accesorio adquiere urgencia porque ofrece notoriedad. Lo necesario pierde importancia porque sus resultados son lentos, dispersos y difíciles de convertir en campaña.
Esta lógica también permite comprender la desidia que termina instalándose entre sus habitantes. Una ciudad puede estar llena de actividad institucional y permanecer abandonada. Se anuncian proyectos, se firman contratos, se colocan vallas y se organizan actos. Hay funcionarios, asesores, oficinas y presupuestos en movimiento. Toda esa actividad convive con calles rotas, obras detenidas y servicios que funcionan de manera aproximada. La desidia aparece en el orden elegido para actuar, en la decisión persistente de atender la superficie mientras se posterga lo necesario.
Mientras el gobierno administra su imagen, nosotros vamos esquivando baches. La política produce el decorado y cada ciudadano resuelve lo que le toca.
En ese punto, la política del decorado continúa la privatización de la ciudadanía. Somos tratados como consumidores de una oferta diseñada por otros. Recibimos candidatos, obras, relatos y promesas entre los cuales podemos elegir periódicamente, aunque permanecemos apartados de la definición de las prioridades. Elegimos un paquete cerrado y después convivimos con sus condiciones.
Un consumidor puede rechazar un producto y abandonar el negocio. Quien vive en una ciudad carece de esa posibilidad. Debe transitar sus calles, depender de sus servicios y soportar decisiones adoptadas en su nombre. Somos consumidores cautivos de una oferta institucional que tampoco podemos modificar.
Lo paradójico es que nunca existieron tantas herramientas para conocer de manera inmediata nuestros intereses. La misma tecnología que permite saber qué miramos, qué compramos y cuánto tiempo permanecemos frente a una pantalla podría utilizarse para conocer en qué ciudad queremos vivir.
Podría existir una aplicación mediante la cual los ciudadanos se pronunciaran sobre las decisiones políticas, indicaran qué obras consideran urgentes o participaran en la definición de una parte del presupuesto. Una forma de democracia directa digital no resolvería por sí misma los problemas de la vida común, pero permitiría discutir la representación política y recuperar algo de la legitimidad que ha perdido.
La democracia representativa nació en un mundo donde resultaba materialmente imposible consultar a todos sobre cada decisión. Esa imposibilidad comienza a desaparecer. Hoy podríamos opinar desde el mismo teléfono con el que pagamos impuestos, solicitamos un turno o recibimos propaganda oficial. Sin embargo, la tecnología se utiliza para conocernos como consumidores y persuadirnos como electores, mientras seguimos ausentes de las decisiones como ciudadanos.
Elegimos representantes que dicen hablar en nuestro nombre, aunque nuestra voz apenas interviene en la conversación. Cada elección se parece más a la búsqueda de la opción menos perjudicial. Votamos lo menos peor y después aprendemos a convivir con el resultado. Así naturalizamos nuestro infortunio.
La desconfianza institucional no es un estado de ánimo irracional. Es una respuesta aprendida frente a un sistema que convirtió la excepción, la opacidad y la falta de control en formas habituales de funcionamiento.
La representación se convierte en el monólogo elogioso del que hablaba Debord. Quienes gobiernan anuncian lo que hicieron, explican lo que están haciendo y prometen lo que harán. La comunidad observa una conversación de la que permanece excluida. Las prioridades llegan definidas, las obras elegidas y la fotografía preparada.
La imagen más honesta de nuestra democracia es esa silla rota que alguien dejó dentro de un pozo. Un ciudadano advirtió el peligro, encontró una solución precaria y siguió su camino. Nadie le preguntó qué necesitaba. Nadie sabe cuánto tiempo permanecerá allí. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una plaza vuelve a ser inaugurada y las cámaras buscan el mejor ángulo.
La política del decorado elige desde dónde tomar la fotografía. Nosotros seguimos viviendo fuera de cuadro.
Esto es Fuga.
Edición 65.
