Por José Mariano.

«Soberano es quien decide sobre el estado de excepción.»
— Carl Schmitt.

Hay cosas provisorias que duran treinta y seis años. En Tucumán, una intervención puede sobrevivir a varios gobernadores, atravesar elecciones, promesas de transformación, fallos judiciales y cambios de autoridades sin perder nunca su carácter supuestamente transitorio. Los gobiernos pasan. La excepción permanece.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social, conocido como Subsidio de Salud, se encuentra intervenido desde 1990. El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, desde 1991. El IPACYM, desde 1998. El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, desde el año 2000. La Caja Popular de Ahorros, desde 2003. El ERSEPT se sumó a la lista en 2024. El más reciente lleva dos años intervenido. El más antiguo, treinta y seis.

Uno puede leer estos datos rápidamente y seguir adelante. Estamos acostumbrados. Treinta y seis años entran en una línea y una línea se termina en pocos segundos. Sin embargo, conviene detenerse. En 1990 gobernaba otra persona, circulaba otra moneda, no existían los teléfonos celulares ni las redes sociales y faltaban cuatro años para la reforma de la Constitución Nacional. Desde entonces, la provincia celebró elecciones y anunció varias veces el comienzo de una nueva etapa. El Subsidio de Salud continuó intervenido.

Toda intervención contiene una promesa. Algo no funciona y el Estado suspende temporalmente su funcionamiento ordinario para repararlo. Designa autoridades, concentra decisiones y reduce procedimientos. La intervención debería terminar cuando se resuelve la emergencia que la justificó. Su legitimidad depende de esa duración limitada.

En Tucumán hemos descubierto otra posibilidad. La herramienta puede seguir utilizándose aunque nadie recuerde con claridad la emergencia original. La institución no recupera su funcionamiento ordinario, la normalización se anuncia cada cierto tiempo y la intervención vuelve a prorrogarse. Así pasan cinco, diez, veinte o treinta y seis años.

Carl Schmitt escribió que soberano es quien decide sobre el estado de excepción. La frase suele llevarnos hacia guerras, catástrofes o grandes crisis políticas. Aquí la excepción tiene una apariencia menos dramática. Llega mediante decretos, nombramientos y prórrogas. Le alcanza con instalarse lentamente y durar.

La permanencia podría explicarse como una falla repetida. Cada gobierno habría querido normalizar los organismos y ninguno habría conseguido hacerlo. El informe sobre desconfianza institucional elaborado por Grupo Borgia en Agosto de este ano, permite considerar una explicación menos indulgente. Un ente normalizado tiene un directorio, representación de distintos sectores, mandatos limitados y actores capaces de controlar o impedir una decisión. Un ente intervenido concentra esas facultades en una autoridad designada por decreto.

La intervención simplifica el gobierno de la institución. Hay menos voces, menos controles cruzados y menos obstáculos. Quien administra decide con mayor libertad y quien gobierna puede reemplazarlo sin demasiados procedimientos. Lo que parece una anomalía administrativa ofrece una notable comodidad política.

Por eso la normalización nunca termina de llegar. En 2007, la Legislatura sancionó una ley para regularizar algunos de estos organismos y el Poder Ejecutivo la vetó. La promesa reapareció durante los gobiernos siguientes. En 2020, un fallo judicial ordenó normalizar tres entes, pero la Corte provincial dejó sin efecto la decisión en 2024. En marzo de este año llegó un nuevo anuncio: 2026 sería el año de las transformaciones institucionales. Las décadas cambian, las promesas se renuevan y las intervenciones continúan.

Walter Benjamin advirtió que el estado de excepción podía convertirse en la regla. Giorgio Agamben avanzó un poco más y vio en esa permanencia un paradigma de gobierno. En Tucumán, esa transformación se produce sin estridencias. Seguimos llamando intervención a una estructura que lleva décadas vigente. La ley, el organismo, sus funciones y la promesa de regularizarlo continúan allí. Lo único suspendido es el momento en que deberá volver a funcionar de acuerdo con las reglas para las que fue creado.

La Caja Popular permite observar el mecanismo. En enero de 2026, el gobierno desplazó a sus autoridades en medio de versiones sobre irregularidades y nombró una nueva conducción. Pocos meses después aparecieron cuestionamientos por contratos de asesores, licencias, auditorías y movimientos millonarios. Cambiaron los nombres. La estructura permaneció intacta.

Con el IPLA ocurre algo parecido. Un organismo creado para prevenir el alcoholismo destina alrededor del noventa por ciento de su presupuesto al pago de salarios y es señalado como una estructura fundamentalmente recaudatoria. Frente a los cuestionamientos, el Poder Ejecutivo prorrogó la intervención y calificó su gestión como satisfactoria. La excepción termina evaluándose a sí misma.

Todo esto produce un daño que excede a cada organismo. El ciudadano quizás no conozca la composición de un directorio ni recuerde el decreto que prorrogó una intervención. Tampoco necesita hacerlo para comprender el mensaje. Ve autoridades nombradas desde el poder, promesas que se repiten y controles que nunca regresan. Aprende que las reglas extraordinarias pueden durar décadas cuando resultan convenientes para quienes administran.

La desconfianza institucional no nace entonces de un estado de ánimo irracional. Se forma mediante una experiencia repetida. El poder anuncia que va a reparar una anomalía y después aprende a gobernar desde ella. Cada prórroga confirma que lo temporal puede durar indefinidamente. Cada promesa incumplida reduce un poco más la expectativa de que las reglas vuelvan alguna vez.

Durante años nos dijeron que las intervenciones eran necesarias para recuperar instituciones que no funcionaban. El tiempo terminó revelando otra cosa. Lo que debía ser reparado se convirtió en una manera estable de administrar, nombrar y decidir. La excepción dejó de ser el remedio de una institución enferma. Se volvió la condición de su existencia.

En Tucumán, hace décadas que la normalidad se administra desde la excepción.

Esto es Fuga.

Edición 66.