Por Enrico Colombres.
“el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”. Mariano Moreno escribió en la Gazeta de Buenos Ayres.
La cita pertenece al texto con el cual explicó la necesidad de hacer pública la conducta de los representantes al fundarse la Gazeta, el 7 de junio de 1810, y se encuentra reproducida bibliográficamente por el Ministerio de Cultura de la Nación. Moreno no reclamaba gobernantes providenciales, sino instituciones, publicidad de los actos y límites efectivos al poder.
Steve Bannon comprendió antes que muchos dirigentes que la política contemporánea ya no se disputa solamente mediante ideas, programas y organizaciones. También se libra en el terreno de la atención. Su método, aplicado en las campañas del actual presidente norteamericano, consistió en saturar el espacio público con declaraciones, provocaciones, enemigos y controversias. “Inundar la zona” para impedir que periodistas, opositores y ciudadanos pudieran detenerse durante demasiado tiempo en un solo asunto. La finalidad no era convencer sobre cada tema, sino producir cansancio, confusión y una sensación permanente de crisis.
La campaña del actual presidente argentino tuvo características propias, nacidas de nuestra decadencia económica e institucional, pero utilizó una lógica semejante. El entonces candidato convirtió la bronca social en identidad política. “La casta” condensó en dos palabras décadas de frustraciones. La motosierra reemplazó la explicación detallada de un programa. Los gritos, las descalificaciones y la construcción diaria de adversarios garantizaron presencia televisiva y circulación en las redes. Mientras sus competidores intentaban responder a cada provocación, el candidato libertario ya había instalado la siguiente.
El hallazgo fue sencillo y efectivo. En una sociedad agotada, la intensidad puede confundirse con autoridad; la agresividad, con sinceridad; y la destrucción, con cambio. El actual mandatario no ganó únicamente por su dominio de las redes sociales. Ganó porque encontró un país dispuesto a castigar a quienes lo habían gobernado. Pero, una vez en el poder, no abandonó la campaña permanente. La trasladó a la Casa Rosada.
Desde entonces, cada semana parece diseñada para sepultar a la anterior. Un economista, un periodista, un gobernador, un artista o un legislador es señalado como integrante de alguna conspiración. La discusión pública queda reducida a una sucesión de insultos, memes y acusaciones. Cuando aparece un problema, el oficialismo no necesariamente lo resuelve. Muchas veces lo reemplaza por otro conflicto más ruidoso.
El caso $LIBRA fue probablemente el ejemplo más brutal. El Presidente promocionó una criptomoneda que aumentó vertiginosamente su cotización y se desplomó pocas horas después. Hubo inversores perjudicados, denuncias e investigaciones judiciales. El Gobierno respondió primero con distancia, luego con explicaciones contradictorias y finalmente con la tesis de una operación política. El episodio quedó parcialmente desplazado por nuevas polémicas, aunque las actuaciones judiciales continuaron.
A ello se agregaron las grabaciones atribuidas al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, con referencias a presuntos retornos en contrataciones de medicamentos y menciones a integrantes del círculo más cercano al poder. La autenticidad de las grabaciones y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia. Sin embargo, el impacto político resultó inevitable. El gobierno que llegó prometiendo terminar con los negocios de la casta quedó obligado a explicar sospechas nacidas en su propia estructura.
También hubo videos falsos difundidos en plena competencia electoral, enfrentamientos con Mauricio Macri, ataques sistemáticos contra periodistas, tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel, disputas entre diferentes facciones del oficialismo y una creciente utilización de las redes institucionales como herramientas de confrontación. Cada episodio, considerado de manera aislada, podría presentarse como una crisis circunstancial. La acumulación revela otra cosa. El escándalo dejó de ser una anomalía y se convirtió en el ambiente natural del Gobierno.
Aquí aparece el verdadero paralelismo con Bannon. La saturación no elimina los problemas, pero debilita la memoria colectiva. Si todos los días existe un nuevo enemigo, ninguna responsabilidad alcanza a madurar. Si cada crítica es presentada como un intento de golpe, una conspiración comunista o una operación periodística, el debate sobre la gestión desaparece. La política deja de ser evaluación y se transforma en pertenencia emocional. Ya no se pregunta si el Gobierno actuó correctamente, sino de qué lado está quien formula la pregunta.
El método tiene, sin embargo, un límite. Puede servir para conquistar el poder y conservar una base militante, pero no sustituye indefinidamente los resultados. Los salarios, el empleo, las jubilaciones, la actividad productiva y el funcionamiento de los servicios públicos no pueden administrarse como una tendencia en las redes sociales. Cuando la experiencia cotidiana contradice el relato, el volumen de la propaganda comienza a perder eficacia.
Dentro de este panorama apareció la privatización de la participación estatal en Transener, empresa responsable de operar la mayor parte del sistema argentino de transporte eléctrico en alta tensión. El Estado, por intermedio de Energía Argentina, poseía el 50 por ciento de Citelec, sociedad controlante de Transener. Mediante la Resolución 673/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, esa participación fue adjudicada por aproximadamente 356 millones de dólares al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia.
Edison está vinculada al grupo encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, mientras que Genneia es presidida por Jorge Brito e integra un amplio entramado de inversores privados. Poco después del traspaso, Transener resolvió distribuir 253.536 millones de pesos en dividendos, equivalentes entonces a unos 169 millones de dólares, mediante la utilización parcial de una reserva constituida con ganancias acumuladas.
Citelec recibió alrededor de 89 millones de dólares. La mitad correspondió a Pampa Energía, conducida por Marcelo Mindlin, y la otra mitad a los compradores de la participación estatal. Edison y Genneia recibieron aproximadamente 22 millones de dólares cada una. En conjunto, los nuevos accionistas recuperaron cerca de 44 millones de dólares, alrededor del 12,5 por ciento de lo pagado, mediante fondos que ya se encontraban acumulados dentro de la compañía.
El entonces presidente de Energía Argentina, Tristán Socas, había intervenido en la decisión de postergar la distribución de dividendos hasta después de la privatización. La explicación oficial sostiene que mantener esos fondos dentro de Transener permitió aumentar el valor del paquete y obtener una oferta superior. Puede existir una lógica financiera detrás de ese argumento, pero la operación debe ser explicada con absoluta transparencia. El Gobierno tendría que demostrar cuánto habría valido la participación sin esa reserva y si el beneficio transferido a los compradores fue efectivamente incorporado al precio de venta.
La cuestión no consiste solamente en determinar si la operación fue formalmente legal. También corresponde establecer si resultó conveniente para el patrimonio público. La legalidad administrativa no transforma automáticamente una decisión en beneficiosa para el Estado. Cuando una empresa privada recibe ganancias acumuladas durante el período de participación estatal, el Gobierno debe acreditar que no existió una transferencia indirecta de recursos públicos hacia intereses particulares.
La Argentina conoce demasiado bien esta historia. Empresas y servicios estratégicos fueron entregados bajo promesas de eficiencia, modernización e inversiones que muchas veces no se cumplieron. Los concesionarios explotaron activos construidos durante décadas con recursos públicos, distribuyeron ganancias, demoraron obras y, cuando los contratos finalizaron o los negocios dejaron de ser rentables, devolvieron instalaciones deterioradas que el Estado debió recuperar.
El mecanismo se repite. El Estado construye, financia y garantiza el funcionamiento. Luego el sector privado recibe la explotación, extrae rentabilidad y reduce inversiones para mejorar sus balances. Finalmente, cuando el activo necesita obras extraordinarias, la responsabilidad vuelve al sector público. Los privados administran los años rentables y la sociedad paga las pérdidas.
Transener no es una empresa secundaria. El transporte eléctrico condiciona el desarrollo industrial, la integración territorial y la seguridad energética del país. Por eso, la evaluación de su privatización no puede reducirse a los dólares obtenidos para atender necesidades financieras inmediatas. Deben publicarse los estudios de valuación, las proyecciones utilizadas, el tratamiento de las ganancias acumuladas y las obligaciones concretas de inversión asumidas por los compradores. También deben existir auditorías periódicas, sanciones efectivas y mecanismos para recuperar el control frente a incumplimientos graves.
Este episodio no aparece desconectado del método de saturación. Mientras la opinión pública intenta comprender una investigación, surge otra polémica que desplaza la anterior. Los acontecimientos pasan, pero las consecuencias quedan. Una privatización estratégica puede desaparecer de las pantallas en pocos días, aunque sus efectos se extiendan durante décadas.
En ese contexto, la Argentina se aproxima a 2027 sin certezas ni liderazgos indiscutidos. Las encuestas no presentan un ganador consolidado. Algunas muestran al actual presidente primero, pero sin los números necesarios para evitar una segunda vuelta. Otras registran escenarios ajustados frente a Axel Kicillof o Sergio Massa. Una encuesta es apenas una fotografía condicionada por su metodología, su muestra y el momento en que fue realizada. La tendencia verdaderamente preocupante es otra. Crecen la imagen negativa de los dirigentes, la indecisión, el voto en blanco y la cantidad de ciudadanos que no se sienten representados.
Del otro lado tampoco existe una alternativa ordenada. Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo la referencia simbólica de una parte importante del peronismo, pero se encuentra condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Por esa razón, una candidatura suya en 2027 no es jurídicamente posible mientras esa situación no sea revertida. Su nombre, sin embargo, sigue organizando lealtades y resistencias.
Máximo Kirchner procura conservar la centralidad del cristinismo y mantener vigente la figura política de su madre, mientras también circulan versiones sobre un proyecto dirigido a promover su propia candidatura. Axel Kicillof intenta construir autonomía y Sergio Massa conserva estructura, contactos y aspiraciones presidenciales. Los tres necesitan la unidad, pero cada uno imagina esa unidad bajo su propia conducción.
El peronismo puede llegar unido por necesidad y dividido por ambición. Todavía no explica qué aprendió de su fracaso, qué haría de manera diferente ni cómo evitaría repetir los errores que facilitaron el triunfo del actual oficialismo. Reunir a quienes se oponen al Presidente no equivale a ofrecer un programa de gobierno.
El PRO enfrenta una contradicción semejante. Puede aliarse nuevamente con La Libertad Avanza para impedir el regreso del kirchnerismo, pero corre el riesgo de terminar absorbido por el oficialismo. La Unión Cívica Radical vuelve a debatirse entre su historia institucional, su supervivencia territorial y la tentación de integrarse a una coalición en la que podría aportar estructura y dirigentes, pero escasa conducción política.
Ninguno de estos movimientos aparece acompañado, por ahora, por una discusión seria sobre educación, producción, federalismo, seguridad social, desarrollo industrial o reforma institucional. Se habla de nombres, acuerdos, candidaturas y lugares en las listas, pero casi nunca de un proyecto nacional. La política parece prepararse para otra elección organizada alrededor del miedo al adversario.
La democracia no puede depender de una confianza ciega en el actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof o Mauricio Macri. Tampoco puede convertirse en una competencia de fanatismos donde cada sector justifica en los propios aquello que condena en los ajenos. Sin planes claros, renovación política ni controles respetados, el ciudadano queda condenado a escoger no al mejor, sino al menos malo.
El voto continuará siendo una acción civil fundamental, pero llegará cargado de resignación. Millones de argentinos ingresarán al cuarto oscuro sin entusiasmo, obligados a elegir entre proyectos incompletos, dirigentes desgastados y alianzas construidas principalmente para impedir que gane el adversario. Un pueblo convertido en rehén de sus decepciones puede votar, pero difícilmente pueda sentirse representado.
Si esta es toda la oferta que la política argentina prepara para 2027, que Dios nos ayude.