Por Fernando Crivelli Posse.
“Mi ánimo se abatió, y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común.”
– Manuel Belgrano.
Existe una observación de Aristóteles que conserva una vigencia extraordinaria para comprender muchos de los problemas contemporáneos de la vida pública: no basta con decir la verdad; también es necesario mostrar la causa de la falsedad. El filósofo entendía que la mentira no constituye solamente una deformación de los hechos. Es, sobre todo, un síntoma. Detrás de cada falsedad suele existir una motivación, un interés, una conveniencia o una intención que merece ser examinada con igual atención que la propia mentira. Por esa razón, las sociedades democráticas no deberían limitarse a preguntarse si una afirmación fue verdadera o falsa, sino también por qué se dijo, qué propósito perseguía y qué consecuencias produce cuando es aceptada sin cuestionamientos.
La preocupación institucional no nace cuando una persona se equivoca. Equivocarse es una posibilidad inherente a toda actividad humana y, por lo tanto, también a la función pública. La verdadera preocupación aparece cuando los hechos demuestran que una afirmación era incorrecta y, en lugar de producir una rectificación clara y una asunción de responsabilidades, se despliega una cadena de explicaciones destinadas a preservar una posición política, una imagen personal o una conveniencia circunstancial.
En ese punto la discusión deja de girar alrededor de la verdad para comenzar a girar alrededor de las lealtades.
Y ese desplazamiento no es menor.
Cuando una sociedad empieza a evaluar la honestidad de una conducta según quién la protagoniza y no según la conducta misma, comienza a abandonar uno de los principios fundamentales de la vida republicana: la existencia de estándares comunes para todos.
La degradación institucional rara vez comienza con los grandes escándalos que ocupan titulares. Generalmente se inicia mucho antes, cuando determinadas prácticas dejan de provocar rechazo porque una parte de la sociedad decide justificarlas en función de simpatías ideológicas, afinidades partidarias o conveniencias coyunturales. Es entonces cuando la verdad deja de ser un valor compartido y pasa a convertirse en una herramienta subordinada a intereses políticos.
La historia ofrece innumerables ejemplos de este fenómeno. Ningún sistema político se deterioró exclusivamente por la existencia de dirigentes deshonestos. Los dirigentes son una parte del problema, pero nunca son la totalidad. La verdadera decadencia aparece cuando una cantidad suficiente de ciudadanos comienza a considerar aceptable aquello que antes consideraba inadmisible. Las sociedades terminan reflejando no solamente la calidad de sus dirigentes, sino también el nivel de exigencia moral de quienes los eligen, los defienden o los toleran.
Por eso resulta tan actual la advertencia atribuida a Platón acerca de que el primer acto de corrupción consiste en aceptar una responsabilidad para la cual no se está preparado. La reflexión no se refiere únicamente a la capacidad técnica. También alude a la aptitud moral necesaria para ejercer una función pública. Gobernar implica comprender que la palabra empeñada posee consecuencias, que la confianza es un patrimonio colectivo y que la credibilidad constituye un recurso institucional que pertenece a toda la sociedad, no a quien circunstancialmente ocupa un cargo.
Cuando esa responsabilidad se pierde de vista, la mentira deja de percibirse como una falta ética para convertirse en una simple herramienta de administración política. Y cuando eso ocurre aparece un fenómeno todavía más preocupante: la construcción de argumentos destinados a justificar aquello que debería ser objeto de crítica.
Honoré de Balzac observaba que algunas personas están dispuestas a gastar más recursos ocultando una obligación que cumpliéndola. La observación describe una debilidad humana permanente. Sin embargo, en la vida pública ese comportamiento adquiere una gravedad particular porque involucra algo más que intereses individuales. Compromete la confianza colectiva sobre la que descansan las instituciones.
Toda democracia necesita ciudadanos capaces de distinguir entre la adhesión política y la complacencia moral. Apoyar una idea, un proyecto o una gestión no obliga a justificar cada conducta de quienes los representan. Por el contrario, la madurez cívica consiste precisamente en conservar la capacidad de crítica incluso respecto de aquellos con quienes se comparte una visión del mundo.
Una ciudadanía verdaderamente comprometida con los valores republicanos no protege a quienes faltan a la verdad. Les exige explicaciones. Les exige rectificaciones. Y cuando esas rectificaciones no llegan, retira su confianza.
La confianza pública no es un derecho adquirido ni una propiedad personal. Es una delegación que la sociedad concede bajo determinadas condiciones éticas. Cuando esas condiciones son vulneradas de manera reiterada, la comunidad tiene no solamente el derecho sino también la obligación cívica de marcar un límite.
Las repúblicas no se sostienen únicamente mediante constituciones, tribunales o mecanismos de control. Se sostienen, además, sobre una cultura política que distingue con claridad entre lo aceptable y lo inaceptable. Allí donde esa frontera comienza a desdibujarse, las instituciones conservan su apariencia formal, pero empiezan a perder aquello que les otorga legitimidad: la confianza de los ciudadanos.
Por eso el desafío de nuestro tiempo no consiste solamente en reclamar dirigentes más honestos. Consiste también en construir una ciudadanía menos tolerante frente a la mentira, menos indulgente frente a las contradicciones evidentes y menos dispuesta a convertir la conveniencia política en una excusa para renunciar a principios elementales.
Porque toda mentira pública daña la credibilidad de quien la pronuncia. Pero las justificaciones que intentan convertir esa mentira en algo aceptable dañan algo mucho más importante: la conciencia moral de una sociedad.
Y cuando una comunidad deja de exigir verdad a quienes la representan, termina renunciando silenciosamente a una de las condiciones esenciales de la libertad: la responsabilidad.
Continuará…