Por María José Barrionuevo.
Nunca hubo tanta desconfianza hacia la política profesional y, sin embargo, nunca fue tan evidente que gobernar sociedades complejas requiere capacidades técnicas, organizativas y humanas difíciles de improvisar.
La crisis económica, los casos de corrupción, las promesas incumplidas y la creciente distancia entre dirigentes y ciudadanos han alimentado un profundo descrédito de las instituciones políticas. Para muchos, los partidos aparecen asociados a burocracias alejadas de la sociedad, disputas internas incomprensibles y liderazgos más preocupados por conservar espacios de poder que por resolver problemas concretos.
En ese contexto, no sorprende el surgimiento de figuras que se presentan como ajenas al sistema político tradicional ni el atractivo que generan los discursos que prometen prescindir de las estructuras partidarias. Sin embargo, detrás de ese fenómeno aparece una pregunta que merece ser pensada con mayor detenimiento: ¿qué ocurre cuando una sociedad pierde confianza en los partidos políticos pero sigue necesitando las funciones que éstos cumplen?
La respuesta no es sencilla. Los partidos pueden burocratizarse, alejarse de las demandas sociales e incluso transformarse en estructuras cerradas. Pero ninguna de esas críticas elimina un hecho fundamental: las democracias modernas necesitan organizaciones capaces de reclutar dirigentes, formar equipos de gobierno, articular intereses diversos y procesar conflictos dentro de reglas institucionales.
Max Weber advirtió hace más de un siglo que la política moderna tendía a profesionalizarse. Gobernar una comunidad compleja requiere conocimientos, experiencia y capacidades específicas. Ganar una elección es una cosa; administrar un Estado es otra muy distinta. La conducción de organismos públicos, la elaboración de políticas, la coordinación entre instituciones y la gestión de recursos demandan competencias que difícilmente puedan improvisarse.
Esta afirmación suele generar resistencias. Después de todo, buena parte del malestar contemporáneo se dirige precisamente contra las élites políticas profesionales. Sin embargo, como señaló Pierre Bourdieu, la política constituye un campo relativamente autónomo, con reglas, saberes y recursos propios. Reconocer esa especificidad no implica justificar privilegios ni defender castas. Significa admitir que existen aprendizajes necesarios para desempeñarse eficazmente en determinadas funciones.
Nadie propondría eliminar las facultades de medicina porque existen médicos incompetentes. Del mismo modo, los problemas de la política no deberían llevarnos a concluir que la experiencia política carece de valor. La cuestión no es prescindir de la formación y la especialización, sino mejorar los mecanismos mediante los cuales se adquieren y se controlan.
En este punto, los partidos políticos siguen desempeñando un papel difícil de reemplazar. Norberto Bobbio observó que las democracias contemporáneas nunca funcionaron únicamente a través de individuos aislados. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, los grupos, asociaciones y partidos se transformaron en actores centrales de la representación política.
Lejos de ser una anomalía, los partidos constituyen una respuesta institucional a la necesidad de organizar la participación colectiva. La propia Constitución argentina reconoce esta realidad. El artículo 38 los define como instituciones fundamentales del sistema democrático. Esta definición no es meramente declarativa. Expresa el reconocimiento de que la representación política requiere organizaciones estables capaces de vincular sociedad y Estado. En la misma línea, la legislación vigente contempla la capacitación y formación política como una de las funciones que los partidos deben desarrollar.
Este aspecto suele pasar desapercibido. Sin embargo, resulta central. La formación de dirigentes no es una tarea accesoria ni un beneficio reservado para quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Es una función democrática. Una sociedad que exige mejores gobiernos necesita también mejores mecanismos de preparación para quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
La crisis de confianza en los partidos es real y merece ser tomada en serio. Pero una cosa es cuestionar el funcionamiento de determinadas organizaciones y otra muy distinta es negar las funciones que cumplen. El desafío no consiste en reemplazar a los partidos por soluciones personalistas ni en imaginar una política sin mediaciones. Consiste en construir partidos más abiertos, más transparentes y más capaces de formar dirigentes preparados para enfrentar problemas cada vez más complejos.
Quizás el problema de nuestro tiempo no sea que existan demasiados partidos políticos. Quizás el problema sea que todavía no hemos encontrado la manera de hacerlos mejores.