Por Fernando Pérez.

Moral selectiva y el sesgo de clase en la indignación argentina.

Existe en la psicología de las masas una pulsión semiótica que tiende a clasificar el pecado no por la gravedad del acto, sino por la estética de quien lo comete. La Argentina contemporánea, sumergida en una refundación discursiva de tintes drásticos, asiste hoy a una de sus contradicciones más opacas: la distribución asimétrica de la indignación pública. Un fenómeno donde la transgresión ética deja de ser un absoluto kantiano para convertirse en un hecho maleable, condicionado por el tamiz del prejuicio ideológico y, fundamentalmente, sociológico.

No se trata de ensayar una apología del desfalco ni de relativizar la matriz de cartelización que durante años colonizó la obra pública; la corrupción es, por definición, un elemento degradatorio del tejido republicano. El interrogante analítico surge cuando observamos la disparidad en la reacción del cuerpo social. ¿Por qué el desvío de fondos o el patronazgo estatal adquieren la categoría de afrenta existencial cuando se visten de liturgia popular, mientras que el diseño institucional de beneficios privados —como el célebre y sutil intento de condonación de la deuda del Correo Argentino durante el ciclo macrista, o las opacidades financieras del presente— es asimilado apenas como una imperfección técnica del sistema, un costo colateral de la gestión?

Hay una indulgencia de clase que opera como anestésico social. La corrupción «de traje y apellido» suele percibirse como un exceso de pragmatismo corporativo; la corrupción «de base y territorio», en cambio, como una disfunción moral inherente al sujeto que la ejecuta.

Esta disonancia perceptiva encuentra su correlato más nítido en la representación legislativa. La sociología política local parece tolerar con mayor fluidez la irrupción de la excentricidad posmoderna —la legisladora que emerge del universo del cosplay y las redes, asimilada como un emergente lúdico de la libertad de época— que la llegada al palacio de los cuerpos que cargan con el estigma del desamparo estructural. Que una ciudadana de origen cartonero ocupe una banca genera una urticaria meritocrática que el cinismo bienhabido no padece. Al final del día, el sistema prefiere el simulacro digital de la cultura pop antes que el espejo incómodo de la exclusión social legislando.

Asistimos, entonces, a un escenario donde el Gobierno actual se beneficia de una extendida tregua ética. Se minimiza el conflicto de intereses y se naturaliza la transferencia de recursos bajo una suerte de resignación ideológica: si el rumbo macroeconómico se percibe como el correcto, el desvío ético se vuelve anecdótico. Es la victoria del relato sobre el principio. Una miopía selectiva que, lejos de sanear la república, consolida una doble vara peligrosa: aquella que establece que el escándalo solo es tal cuando lo comete el adversario.