Por Enrico Colombres.

“Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido”.

Manuel Belgrano, Autobiografía

Mucho antes de que los actuales tribunales mediáticos internacionales pretendieran explicarles a los argentinos qué significan la igualdad y los derechos humanos, Manuel Belgrano ya veía tiranos en quienes impedían que el hombre, “fuese donde fuese”, disfrutara de sus derechos. No hablaba de una libertad reservada a una raza, una nacionalidad o un origen. Hablaba del hombre como sujeto universal de libertad.

Ahora, ante un cántico ofensivo, una expresión desafortunada o un episodio deportivo, el juicio se extiende sobre un país entero. Cuarenta y seis millones de personas quedan sentadas en el banquillo bajo la acusación de integrar una sociedad esencialmente racista. El hecho concreto desaparece detrás de una condena colectiva y la Argentina pasa a ser presentada como una anomalía moral que debe recibir lecciones, sanciones y disciplina.

Negar que en la Argentina existen racismo, discriminación y xenofobia sería absurdo. Nuestra historia contiene injusticias, silenciamientos y desigualdades. La población afroargentina fue borrada durante décadas por una narrativa oficial que imaginó al país como una nación exclusivamente blanca y europea. Las comunidades indígenas conocieron el despojo y la violencia estatal. Las migraciones latinoamericanas todavía padecen prejuicios que desmienten cualquier inocencia nacional. Reconocer todo esto forma parte de una discusión honesta sobre quiénes somos.

Esa honestidad, sin embargo, no exige aceptar la superioridad moral de quienes juzgan. España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otras potencias construyeron parte de su riqueza mediante la esclavitud, el colonialismo, la segregación y la explotación de territorios ajenos. Algunas todavía conservan enclaves coloniales; sus museos exhiben bienes extraídos de otros pueblos y sus empresas participan de negocios que prolongan antiguas relaciones de dependencia. Cuando esas historias desaparecen del juicio, la crítica al racismo deja de ser universal y se convierte en una moral administrada según la conveniencia del poder.

La historia argentina tampoco admite la caricatura de una fortaleza étnica cerrada. La Asamblea del Año XIII declaró la libertad de vientres y la Constitución de 1853 abolió la esclavitud. Su preámbulo convocó a todos los hombres del mundo que quisieran habitar el suelo argentino y el artículo 20 reconoció amplios derechos civiles a los extranjeros. Millones de migrantes llegaron desde Europa, América Latina y otras regiones. Encontraron conflictos, prejuicios y desigualdades, pero también una sociedad que hizo de la mezcla una parte decisiva de su identidad. La educación y la salud públicas recibieron durante décadas a nacionales y extranjeros sin preguntar primero por su origen.

Nada de esto absuelve a la Argentina de sus deudas. Sirve para rechazar una operación intelectual más sencilla y peligrosa: transformar una historia contradictoria en una esencia condenable. Un país puede revisar sus injusticias sin admitir que otros conviertan esa revisión en obediencia. La culpa colectiva es una herramienta política eficaz porque reemplaza los hechos por una identidad degradada. Ya no se discute qué ocurrió, quién fue responsable ni cómo se repara el daño. Se establece quién tiene autoridad para acusar y quién debe limitarse a pedir disculpas.

Allí aparece la moral del saqueo. No hace falta imaginar una conspiración que produzca cada polémica para encubrir un contrato. El mecanismo es menos espectacular y más persistente. Las naciones que se presentan como adultas morales del mundo suelen presentarse también como administradoras naturales de sus recursos. Definen qué países son confiables, qué gobiernos son razonables y qué territorios están preparados para recibir inversiones. La condena cultural y la subordinación económica pertenecen a un mismo lenguaje: unos poseen la capacidad de evaluar; otros deben demostrar que merecen administrar lo que tienen.

La Argentina atraviesa un proceso de apertura, desregulación y transferencia de recursos estratégicos. Tierras, minerales, hidrocarburos, agua, puertos, comunicaciones e infraestructura crítica son tratados como activos disponibles en el inventario de una empresa quebrada. El capital extranjero no es por definición un enemigo y la inversión puede ser necesaria. El problema comienza cuando el Estado renuncia a fijar condiciones, controlar el impacto, participar de la renta y preservar su capacidad de decidir. Allí la integración deja de ser cooperación y se convierte en dependencia.

La responsabilidad principal no está afuera. Ninguna potencia ni empresa tiene la obligación de actuar contra sus intereses. Quienes deben responder son los funcionarios, legisladores y operadores económicos argentinos que administran bienes comunes como si fueran propietarios. Contratos secretos, beneficios fiscales desmesurados, regímenes de excepción y garantías que condicionan a gobiernos futuros suelen ser presentados como modernización o confianza de los mercados. El vocabulario económico cumple entonces una función moral: convierte la entrega en sensatez y la defensa del patrimonio público en atraso.

Por eso los recursos estratégicos necesitan límites jurídicos que sobrevivan al gobierno de turno. La venta o concesión de empresas esenciales, tierras fronterizas, reservas de agua, yacimientos, puertos e infraestructura crítica debería exigir controles parlamentarios efectivos, audiencias públicas, evaluaciones ambientales independientes y mecanismos de transparencia que permitan conocer propietarios, beneficiarios finales y condiciones contractuales. En los casos capaces de comprometer a varias generaciones, la consulta popular no puede ser descartada como una incomodidad.

Un cargo electivo no entrega un título de propiedad sobre la República.

La Argentina pertenece también a quienes todavía no nacieron. Cada decisión sobre el agua, la energía, el suelo y la infraestructura modifica el margen de libertad de las generaciones futuras. La soberanía no consiste en aislarse del mundo ni en rechazar toda inversión. Consiste en poder establecer condiciones, conservar capacidades y decidir el destino de aquello que no puede recuperarse una vez entregado.

La defensa de esa soberanía exige abandonar dos comodidades. La primera es la del nacionalismo que niega el racismo propio y se envuelve en la bandera para no mirar sus injusticias. La segunda es la culpa que acepta cualquier condena externa y confunde autocrítica con sumisión. Una nación adulta puede reconocer sus violencias, reparar a quienes las padecieron y, al mismo tiempo, rechazar el doble estándar de quienes pretenden dictar su conducta mientras negocian sus riquezas.

Un pueblo avergonzado de sí mismo ofrece poca resistencia. Pero un pueblo encerrado en una imagen inocente tampoco comprende lo que debe defender. Entre esas dos falsificaciones queda una tarea política: conocernos sin complacencia, discutir cada decisión pública y recordar que la dignidad de un país no se prueba obedeciendo a sus jueces. Se prueba impidiendo que su patrimonio sea administrado a espaldas de quienes lo sostienen.

El racismo merece una crítica sin excusas. El colonialismo también. La vara debe ser la misma para el insulto de una tribuna, la discriminación cotidiana, la apropiación de un territorio y el contrato que entrega un recurso estratégico durante décadas. Cuando la condena se vuelve selectiva, la moral deja de proteger derechos y empieza a ordenar jerarquías. Esa es la moral del saqueo: señalar la falta ajena mientras se reserva para sí el derecho de disponer sobre lo que pertenece a otros.