Por Fernando Crivelli Posse.

“La libertad no se pierde únicamente cuando aparece un tirano. También se pierde cuando los ciudadanos dejan de ejercer las virtudes que la hacen posible.“

Las democracias suelen atribuir sus éxitos y sus fracasos a la calidad de sus gobernantes. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente. Ninguna república puede ser mejor que la ciudadanía que la sostiene. Las constituciones organizan el poder, las leyes establecen límites y las instituciones administran los conflictos, pero son los ciudadanos quienes, mediante sus convicciones, sus costumbres y su participación, deciden si ese entramado conservará autoridad o terminará convirtiéndose en una estructura vacía. Allí reside una de las diferencias entre una democracia sólida y otra en permanente deterioro.

Quizás uno de los rasgos más preocupantes de nuestro tiempo sea la inversión del orden de los valores. Vivimos en una sociedad donde, con demasiada frecuencia, las ganancias preceden al patriotismo; donde el éxito suele medirse por el beneficio inmediato antes que por el servicio prestado a la comunidad; donde la utilidad personal desplaza lentamente al compromiso con el bien común. Cuando ese cambio cultural se consolida, las instituciones no desaparecen de un día para otro, pero comienzan a perder el sustento moral que les permite conservar autoridad.

La historia demuestra que ninguna sociedad permanece libre únicamente porque posea una buena Constitución. Las leyes son indispensables, pero no suficientes. Necesitan ciudadanos convencidos de que existen bienes colectivos que merecen ser preservados aun cuando ello implique renunciar a ventajas personales. La República no exige héroes cotidianos, pero sí una comunidad que comprenda que la libertad también impone deberes.

Con frecuencia imaginamos que la calidad de una democracia depende casi exclusivamente de quienes gobiernan. Depositamos expectativas en los dirigentes, reclamamos mejores leyes, exigimos reformas institucionales y esperamos que los problemas públicos encuentren solución desde el Estado. Pero existe una verdad menos cómoda: ninguna institución puede sostenerse por mucho tiempo si la sociedad deja de exigir aquello para lo que fue creada.

Las constituciones organizan el poder. Los ciudadanos determinan cómo ese poder será utilizado.

Aristóteles advertía que el régimen político termina pareciéndose al carácter de quienes lo integran. Montesquieu sostuvo que la virtud constituye el principio que mantiene vivas a las repúblicas. Alexis de Tocqueville observó que la estabilidad de la democracia norteamericana descansaba mucho más en las costumbres que en las leyes. Los tres, desde épocas distintas, llegaron a una conclusión semejante: las instituciones sobreviven cuando existe una cultura cívica capaz de sostenerlas.

Ese aspecto suele quedar relegado en el debate argentino. Discutimos con intensidad los errores de cada gobierno, pero dedicamos mucho menos tiempo a preguntarnos qué responsabilidades corresponden a los propios ciudadanos. Como si la República fuese una obra que siempre debieran construir otros.

Sin embargo, las repúblicas nunca fueron concebidas para ciudadanos pasivos. Fueron pensadas para personas capaces de controlar al poder, exigir el cumplimiento de la ley y comprender que la igualdad ante el derecho constituye una garantía común y no un privilegio ocasional.

Allí aparece una diferencia decisiva entre el ciudadano y el mero habitante. El habitante reclama derechos. El ciudadano comprende también sus deberes. El primero espera que las instituciones funcionen. El segundo sabe que él mismo forma parte de esas instituciones.

Cuando esa conciencia desaparece, comienza a desarrollarse una peligrosa cultura de la delegación. Todo problema parece corresponder al Estado; toda solución depende de un dirigente; toda responsabilidad pertenece siempre a otro. Poco a poco la ciudadanía abandona el espacio público y la política queda reducida a una competencia por el poder entre grupos cada vez más alejados de la sociedad.

La consecuencia resulta inevitable. Allí donde disminuye la participación ciudadana aumentan los incentivos para capturar las instituciones. El vacío nunca permanece vacío durante demasiado tiempo.

Por esa razón, la educación cívica constituye mucho más que una asignatura escolar. Es el instrumento más importante del que dispone una república para cambiar su rumbo. Una ciudadanía responsable no aparece espontáneamente. Se forma. Se educa. Se transmite de generación en generación.

Manuel Belgrano comprendió esta realidad con una claridad extraordinaria. Al reflexionar sobre la formación de los hombres públicos sostuvo que su conducta debía servir siempre como ejemplo digno de imitación o como advertencia frente a los errores, porque «el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir». No concebía la función pública como un privilegio, sino como una responsabilidad moral frente a toda la comunidad. Quien ejerce el poder también educa con su conducta.

Pero Belgrano fue todavía más lejos al advertir que ninguna transformación sería posible sin educación. Se preguntaba: «¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios, si no hay enseñanza y la ignorancia va pasando de generación en generación?». Más de dos siglos después, la pregunta conserva una actualidad sorprendente.

Quizás ese sea uno de los mayores desafíos de la Argentina contemporánea. Durante décadas hemos discutido reformas económicas, judiciales y constitucionales con una intensidad muy superior a la dedicada a formar ciudadanos capaces de sostenerlas. Ninguna reforma institucional será duradera si las nuevas generaciones no comprenden por qué la igualdad ante la ley, la división de poderes y el respeto por las instituciones constituyen la condición de su propia libertad.

La fortaleza de una democracia nunca depende exclusivamente de la calidad de sus gobernantes. Depende también de la calidad cívica de quienes los controlan. Porque las repúblicas no necesitan ciudadanos perfectos. Necesitan ciudadanos que comprendan que la libertad nunca constituye una conquista definitiva. Debe aprenderse, ejercerse y defenderse todos los días.

Y esa tarea comienza mucho antes de ingresar al cuarto oscuro. Comienza en la familia, continúa en la escuela y se consolida cuando una sociedad decide que el patriotismo, la virtud y el compromiso con el bien común vuelvan a ocupar un lugar por encima de la mera utilidad individual.

Continuará…